La Presidenta Bachelet, al intervenir en la sesión plenaria de la Asamblea General de Naciones Unidas, ha prometido que Chile «promoverá con fuerza el respeto universal de los Derechos Humanos» y trabajará para consolidarlos, reforzando la candidatura del país para integrar el «Consejo de Derechos Humanos», agregando la Mandataria que «la creación de un orden internacional más justo y más humano sólo será posible si ponemos en el centro del debate el respeto a la dignidad de la persona humana».
En su discurso, la Presidenta aseguró al mundo que «en Chile trabajaremos no sólo para mejorar nuestras prácticas y legislación interna, sino también promoveremos la consolidación de los Derechos Humanos junto con el desarrollo económico, social, la paz y la seguridad».
Nadie duda de los antecedentes que exhibe la Jefa de Estado en la materia, pero su Gobierno parece no haber hecho los esfuerzos necesarios para ubicar al país en el plano de respeto irrestricto a los Derechos Humanos prometido y no basta con aspirar a ocupar un asiento en Ginebra, sino que es necesario merecerlo, dando pasos inequívocos y decididos, que demuestren que no se trata sólo de promesas de campaña.
Paradójicamente, los logros que puede exhibir Chile en el último tiempo no provienen del Ejecutivo sino que los materializó el Poder Judicial, en dirección que parece segura no obstante su lentitud, logrando la sanción de algunos violadores de la época de la dictadura y al extraditar a Fujimori, «sin presiones de nadie», como se ha destacado.
La Presidenta debe hacer realidad sus promesas y, para eso, es necesario que su Gobierno suscriba y ratifique los instrumentos internacionales pendientes: el «Estatuto de Roma», de la «Corte Penal Internacional», de 1998; el «Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos» y el «Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos», destinados a abolir la pena de muerte, de 1989 y 1990; la «Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas», de 1994; la «Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas» (2007); el «Protocolo Facultativo a la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes» (2002); el «Protocolo Facultativo de la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer» (CEDAW, 1999); y el «Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales», («Protocolo de San Salvador», 1988).
Será indispensable además, a lo menos, que se derogue completamente la pena de muerte en Chile; que la Justicia Militar sólo se aplique a personal militar por hechos en ámbitos militares, extinguiendo toda jurisdicción sobre personas civiles; y hacer realidad, en letra y espíritu, el «Convenio OIT NÅŸ 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes», poniendo término a toda discriminación en contra del pueblo mapuche, impidiendo la calificación como «conductas terroristas» de actos de protesta o demanda social en defensa de sus legítimos derechos sobre tierras ancestrales.
Entonces, con justa razón, la Mandataria podrá volver a la ONU y reclamar para el país el lugar que busca y todos celebraremos que Chile haya sido puesto por la Presidenta Bachelet en el sitial que le corresponde y del que nunca debió apartarse, entre los países civilizados en términos del siglo XXI, demostrando que cumple sus promesas y afirmando con seguridad y pleno derecho, que Chile «promueve con fuerza el respeto universal de los Derechos Humanos».
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Leonardo Aravena Arredondo. Profesor de Derecho, Universidad Central. Coordinador Justicia Internacional y CPI, Amnistía Internacional-Chile
