Más allá de las razonables disquisiciones en torno a algunos puntos específicos relativos al futuro Instituto de Derechos Humanos, no podemos hacer otra cosa sino complacernos con los avances que dicho proyecto está teniendo en el Congreso Nacional, concretándose de esta forma un tan claro anhelo como es la instauración de una verdadera política de protección de esta clase de derechos.
Es que ha llegado la hora de asumir que, en definitiva, la temática de los Derechos Fundamentales debe dejar de ser un asunto que sólo se ligue con hechos del pasado, sino que ha de ser un puente de unión y consenso entre todos los chilenos.
En ese mismo sentido, la idea de instaurar un ente con funciones esencialmente ligadas con la investigación, promoción y protección de los derechos, aparece como la solución más acertada; destinando la representación judicial de los afectados al Defensor del Ciudadano u Ombudsman, órgano esencialmente vinculado con la actividad ante los Tribunales de Justicia.
En este orden de ideas, el proyecto aprobado en segundo trámite por el Senado de la República otorga una real garantía acerca de la objetividad y calidad de los miembros del Instituto, toda vez que, al menos aquéllos que sean designados por ambas Cámaras, deberán contar con un quórum especial de los 4/7 de sus miembros en ejercicio.
Sólo queda resolver dos cuestiones que indirectamente se relacionan con esta nueva institución y que pueden colaborar con la debida legitimidad de la misma. La primera se vincula con la necesidad de contar a la brevedad con la figura constitucional del mencionado Defensor del Ciudadano.
Por lo mismo, hoy se hace aún más imprescindible que el Gobierno presente la respectiva urgencia al proyecto de reforma a la Carta Fundamental que pretende crear dicho órgano, tal como se lo solicitara el pasado mes de agosto, la Cámara de Diputados.
La segunda, volver a insistir en el imperativo moral de contar con un Parlamento integrador y no excluyente, donde se encuentren expresadas todas las fuerzas políticas del país. Esto se hace aun más urgente, precisamente en este tipo de decisiones, toda vez que nadie podría dudar del invaluable apoyo que podrían brindar en materia de Derechos Humanos, aquellos que más sufrieron en lo que a violaciones de dichas garantías se refiere, y que hoy no tienen representación alguna en el Congreso, no obstante contar con un número importante de adherentes.
Aun con estas consideraciones, reitero mi particular alegría con la inminente creación de este Instituto, y espero que sea un paso de relevancia tanto para la tan deseada reconciliación nacional, como para el logro de una verdadera cultura de los Derechos Humanos, que haga posible el verdadero respeto por la persona y por su más sagrada dignidad.
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Hugo Tórtora Aravena. Abogado Magíster (C) en Derecho Constitucional. Académico Universidad de Las Américas
