Publicidad

El revelador caso Clarín


La extrema subordinación del liderazgo de la Concertación a la derecha económica tiene su ilustración más espeluznante en el caso Clarín. La tenaz decisión política con que los sucesivos gobiernos concertacionistas han enfocado el caso demuestra la importancia que le han asignado a un objetivo que, en la práctica, se traduce en la mantención del duopolio El Mercurio-Copesa.



Además, entre los hechos irrefutables del caso se destacan los siguientes:



1.- El ingeniero chileno-español, Víctor Pey, le compró el diario a Darío Saint-Marie en 1972.



2.- La dictadura -además de despojarlo de su nacionalidad chilena- le confiscó el diario exclusivamente a Pey, desechando alegaciones de Emilio González y Jorge Venegas (quienes, junto con Ramón Carrasco, habían llegado a un acuerdo con Pey de compartir la propiedad; lo que no alcanzó a concretarse antes del golpe) de ser los dueños, luego de un exhaustivo análisis efectuado por el Consejo de Defensa del Estado.



3.- Esta decisión fue hecha pública el 2 de Febrero de 1975, a través de una conferencia de prensa conjunta realizada por el entonces presidente del Consejo, Lorenzo de la Maza, y por el subsecretario del Interior, Enrique Montero.



4.- Al volver del exilio, Víctor Pey pidió judicialmente la devolución de sus acciones, lo que obtuvo en virtud de una decisión del 8° Juzgado del Crimen de Mayo de 1995.



5.- Ese año inició un juicio contra el Estado por la específica no devolución de una rotativa alemana Goss, recién comprada en 1973 y que no alcanzó a ser habilitada para el diario.



6.- Como fracasaron sus negociaciones con el gobierno de Frei Ruiz-Tagle para obtener la devolución del grueso de los bienes confiscados -y con el expreso objetivo de volver a sacar el diario-, Pey inició en 1997 un juicio contra el Estado chileno ante el Tribunal del Banco Mundial (CIADI), dada su condición de inversionista español, producto del despojo de su nacionalidad chilena.



7.- En abril de 2000 y estando pendiente la sentencia de ambos juicios, el gobierno de Lagos resolvió, por sí y ante sí, (a través de su ministro Claudio Orrego) definir que los dueños del «Clarín» habían sido los señores Jorge Venegas, Emilio González y Ramón Carrasco, para proceder a aplicar en su favor la devolución de bienes confiscados por la dictadura que estableció la Ley 19.568, aprobada en 1998. Esta alcanzó la suma de seis mil trescientos millones de pesos, equivalente a nueve millones de dólares. Esta fue destinada a Venegas y a las sucesiones de González y Carrasco, dado sus fallecimientos.



8.- La resolución del gobierno se basó en un estudio en derecho del abogado Enrique Testa, encargado en 1998 por el Comité de Inversiones Extranjeras.



9.- En abril de 1999 se constituyó la sociedad Asesorías e Inversiones S.A. (ASINSA) formada por el dirigente del PPD y yerno de Testa, Isidoro Gorodisher, y por Ronald Youlton Vasen, con un capital de cien mil pesos. Cinco días después ASINSA compró el 40% de los derechos hereditarios de la sucesión de Emilio González en un millón seiscientos mil pesos, la cual no tenía nada de valor y un pasivo de nueve millones trescientos veinte mil pesos. Resultado de esto, ASINSA obtuvo en 2000 la suma de mil doscientos sesenta millones de pesos, equivalente a un millón setecientos mil dólares.



10.- En 2002, el gobierno de Lagos designó, ad honorem, como uno de los abogados del Estado de Chile en el juicio ante el CIADI, al connotado abogado de derecha Jorge Carey Tagle.



11.- El juicio ante el CIADI ha estado plagado de insólitos incidentes. Quizá el más revelador ha sido el intento de recusación efectuado por el gobierno de Bachelet el año pasado contra la jueza francesa Brigitte Stern, por haber escrito en «Le Monde», en 1999, un artículo en contra de Pinochet.



Sin duda, nuestro país es muy curioso. Víctor Pey fue uno de los cerca de dos mil refugiados españoles que llegaron en el «Winnipeg» en 1939. En ese año la presión de la derecha, incluyendo a sus principales diarios, casi logró la revocación de su venida al país. El canciller de la época, Abraham Ortega, tuvo que amenazar con su renuncia a Aguirre Cerda, para lograr que este último confirmara la aceptación del barco que traía a Víctor Pey…



________





* Felipe Portales, sociólogo

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
Publicidad

Tendencias