Los comentarios críticos de la prensa internacional al Gobierno no están desprovistos del factor decepción de los corresponsales de los medios extranjeros en Chile. Estos profesionales son quienes transforman en imágenes y en relatos para consumo exterior el sentir de las mayorías chilenas ante el Gobierno concertacionista de Michelle Bachelet. Mientras más altas son las expectativas, más duro es el aterrizaje.
El o la periodista que escribe para las agencias o los grandes medios tiene preferencias personales subjetivas. Pero éstas se inscriben en un vector comunicacional nítido, cuyos contornos fueron dibujados hace años por las líneas editoriales y las corresponsalías de los grandes medios que construyen la opinión pública mundial.
El vector significativo es: en Chile hubo una dictadura brutal, mas en el plano económico la democracia heredó de un modelo «exitoso». «Exitoso» quiere decir que el aparato productivo y financiero debe brindar ya beneficios y condiciones reales de bienestar a las mayorías ciudadanas. Y esto porque otros Estados lo han logrado.
Los elementos de juicio y evaluación de la performance del Gobierno y de los actores socio-políticos (empresariado, partidos, sindicalismo, iglesia y movimientos sociales) se ubican en dicho vector.
Consecuencia de lo anterior: el dispositivo mediático global construye información a partir de diversas fuentes. La primera son las actitudes de la justicia chilena y del Estado en el tratamiento de las secuelas de la dictadura militar de Pinochet. La segunda son los conflictos sociales consecuencia del reparto de la riqueza en una sociedad considerada como una de las más desiguales del planeta.
La tercera podría ser el medioambiente, puesto que Chile es un eslabón débil en la cadena ecológica. Son los grupos ambientalistas los que podrán crear el acontecimiento y la noticia que dejen en claro al mundo que los ecosistemas chilenos no serán entregados a la depredación productivista.
A caballo del vector se encuentran las luchas y las reivindicaciones por la autonomía del pueblo mapuche. La opinión pública internacional no aprueba la represión de los Estados conquistadores-fundadores en contra de las naciones o pueblos originarios, como el mapuche en Chile. En lo que respecta a la primera figura, con frecuencia la actualidad noticiosa habla por sí sola. Cuando los miembros del clan Pinochet bajo arresto son tratados con deferencia por la policía y la justicia, pero tienen la desfachatez de denunciar al mismo tiempo la persecución política. Lo verdaderamente significativo es que toda debilidad o concesión de parte de las instituciones judiciales, resultado de las presiones de los actores internos en la aplicación de la ley, contribuyen al deterioro de la imagen de Chile.
Es obvio que las instituciones internacionales consideran que no se puede transigir con las secuelas de las prácticas dictatoriales como el nepotismo, ni infringir los parámetros éticos con los cuales se fustiga a las peores dictaduras y gobiernos (como la birmana y el estadounidense). Y los dirigentes de los grandes medios son solidarios con estos principios.
El segundo aspecto -el de las taras sociales del neoliberalismo- fue puesto en la escena por la revuelta estudiantil, al que se le sumó la inepcia tecnocrática de la aplicación del modelo de asociación público-privado del Transantiago.
Pero el toque final al derrumbe de la marca «Chile país emergente modelo» fueron: 1) las luchas obreras y sindicales que una tras otra revelaron al mundo el rostro inhumano del neoliberalismo arrojando una sombra de sospecha acerca de las prácticas de un empresariado incapaz de cambiar sus esquemas y 2) la vuelta a la arena socio-política de un movimiento sindical en proceso de recomposición y de lenta democratización de sus direcciones (para evitar el modelo de las burocracias peronistas o el sindicalismo «charro» mexicano que pactan con los gobiernos y los empresarios sin debatir previamente el qué y el cómo en el seno del movimiento).
Bastaron que los medios del mundo reprodujeran escenas de la brutalidad policial en la última manifestación antineoliberal del 29 de agosto, adjuntándole un corto texto acerca de las demandas de derechos laborales, para que la imagen del Gobierno acusara el golpe. Una pareja de amigos canadienses, profesionales y típicos demócratas, me declaró por primera vez después de ver en los telenoticeros los despachos que dieron la vuelta al mundo: «el Gobierno de Mme. Bachelet no es ni tan progresista ni socialdemócrata como se decía».
Medios, agenda presidencial y derechos de la mujer trabajadora
Al comienzo del mandato de la primera mujer presidenta de Chile, los medios mundiales se hicieron eco del discurso concertacionista. Se esperaba un nuevo estilo de conducción capaz de responder a las expectativas de mayor igualdad social y de género de la sociedad chilena. Tal percepción daba margen para encarar de manera resuelta la opresión específica de la mujer en el ámbito familiar y laboral. Allí donde las mujeres trabajadoras viven una doble explotación y una discriminación de la cual el femicidio es al mismo tiempo el vértice monstruoso y la punta del iceberg de la estructura patriarcal de la sociedad chilena.
La definición de la familia tradicional y sus supuestos valores son un santuario de agitación derechista que esconden, en demasiados casos, las peores aberraciones.
El deterioro de la imagen internacional puede revertirse. Siempre es posible una política inteligente e innovadora en lo social. Se puede, si se quiere, pasar a la ofensiva en el plano socio-laboral y mostrar que una mujer en el poder es capaz de romper con la política conservadora de las elites masculinas.
Salta a los ojos que las mujeres trabajadoras chilenas esperan y necesitan una legislación laboral progresista y un programa de formación técnica para integrarse plenamente al mundo del trabajo. La normativa progresista debe aplicarse en aquellos sectores donde el trabajo femenino es precario, riesgoso y mal remunerado, pero generador de valor y de enormes ganancias para los grupos económicos y exportadores (pesqueras, agroindustria y empaquetadoras, salmoneras, telecomunicaciones, supermercados, bancos, etc.).
Además de apoyar las iniciativas del ministro Osvaldo Andrade, destinadas a conceder derechos colectivos eficaces a los trabajadores en la negociación interempresa -en momentos en que arrecia la embestida de la cofradía empresarial en su contra- la Primera Mandataria tendría que promover una nueva legislación destinada a proteger los derechos de la mujer trabajadora (salud, licencia por maternidad, salas cunas, indemnizaciones, previsión social).
Podría inspirarse en la legislación de la Provincia de Québec (Canadá), una de las más avanzadas del mundo en su género, fruto de años de luchas del movimiento sindical y de mujeres.
Para avanzar en este sentido hay que mostrar y explicar las condiciones laborales y de vida de las mujeres chilenas. Es muy posible que no sean tan diferentes de la realidad que mostraba el cine de Sergio Castilla en aquel extraordinario documental de los 70 «Mijita Â…».
La presidenta tiene la oportunidad envidiable de pasar a la historia de Chile y de América Latina como la gobernante que dejó al país una legislación laboral que aplica la igualdad de género al plano laboral, que protege en forma efectiva a las futuras generaciones de mujeres chilenas de la voraz explotación capitalista. Si esto ocurre, la mitad del mundo será receptiva a lo que dicen de Chile los medios. Ä„Qué mejor ejemplo que una mujer en el poder puede hacer cambios fundamentales!
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Leopoldo Lavín Mujica. Profesor, Département de philosophie, CollÄge de Limoilou, Québec, Canadá
