La sociedad contemporánea se caracteriza por la emergencia de múltiples identidades y actores, no sólo vinculados con la nacionalidad o la clase social, sino que también con otras formas de estratificación sustentadas en la raza, la etnicidad, el género, y la orientación sexual. En nuestro país, las demandas de las minorías sexuales, constituidas como tales sobre la articulación de una identidad basada en la orientación sexual, han tomado paulatinamente un lugar en la agenda de discusión pública -en la última semana, a raíz de la denuncia de discriminación experimentada por dos funcionarios policiales que mantienen una relación de pareja homosexual.
La discusión sobre la inclusión social de las minorías sexuales en Chile se ha centrado principalmente en el ámbito jurídico, con una estrategia de parte de actores civiles interesados, de buscar el reconocimiento de derechos humanos básicos cuya protección es central para la efectividad de la democracia. Ciertamente, la incorporación en la agenda pública de las demandas por el reconocimiento jurídico de actores sociales relacionados a diversas identidades culturales, en este caso, de las minorías sexuales, necesariamente va a ampliar el mapa de la ciudadanía y fortalecer la representatividad de la democracia.
Al plantear estrategias para la inclusión social de las minorías sexuales es fundamental, sin embargo, abordar la dimensión ideológica de la heterosexualidad y explicitar el trasfondo social que se busca transformar. El «telón de fondo» social lo constituyen los procesos a través de los cuales distintas instituciones sociales reproducen la heterosexualidad como la sexualidad normativa. Un análisis somero de los cambios en nuestras nociones sobre lo sexual, revela sus cimientos históricos y culturales y los ribetes políticos que siempre acompañan la definición social de lo sexualmente aceptable.
La sexualidad, entendida como prácticas, emociones, pensamientos y representaciones sexuales, y como una dimensión importante de la experiencia humana, está siempre anclada en un tiempo histórico específico y en una cultura determinada. Esto es, la sexualidad es siempre pensada y practicada de manera diferente en distintas sociedades: lo que es tabú en una cultura puede ser considerado normal en otra, o lo que es considerado una trasgresión en una sociedad determinada, puede transformarse en el tiempo, en una práctica sexual común en esa misma sociedad. En efecto, como el filósofo francés Michel Foucault argumentara tres décadas atrás, la sexualidad es el nombre que se le puede dar a un constructo histórico, que se cristaliza como un punto de transferencia para las relaciones de poder, entre hombres y mujeres, jóvenes y viejos, padres e hijos, gobierno y población, etc.
A pesar de la emergencia global de identidades basadas en la orientación sexual, más allá de la heterosexualidad, ésta sigue constituyendo la expectativa de la expresión de la sexualidad «normal». Esta expectativa está imbuida en las instituciones sociales, que, a través de sus principios organizadores y prácticas cotidianas, la «normalizan». Y es que, contrario a lo que podríamos intuitivamente pensar, la sexualidad no es regulada a través de su represión, religiosa, legal o de otra naturaleza, sino que a través de su «normalización», que sin duda tiene ramificaciones en la marginalización jurídica, social, y cultural de expresiones de la sexualidad que escapan de lo socialmente definido como bueno o aceptable.
Instituciones sociales, como la religión, la legislación, los medios de comunicación, la familia, etc., así como normas culturales de interacción social, refuerzan la noción de la aceptabilidad de la heterosexualidad y la marginalidad de lo homosexual. La religión la constituye en pecado; la legislación, hasta hace menos de una década, la constituía en delito; la medicina en enfermedad; los medios de comunicación la ridiculizan y deslegitiman; las normas de interacción social permiten el uso coloquial de términos derogatorios para referirse a ella. Por otra parte, sin necesariamente hacer una referencia explícita a la heterosexualidad, precisamente, porque es el estándar de conducta apropiada, nuestras instituciones y rituales se organizan alrededor de ella. El énfasis religioso y social en la reproducción; los rituales que acompañan las transiciones en los ciclos de vida; la ley que reglamenta los derechos y deberes familiares; los medios que, en una muestra de liberalización, sexualizan cuerpos para una audiencia heterosexual; un sistema educativo que promueve valores centrados en la heterosexualidad, establecen todos la naturalización de la sexualidad reproductiva.
La legislación es sin duda una de las formas en que se refuerza la marginación de las minorías sexuales, por lo que es necesario considerar la reforma jurídica como una de las vías hacia la inclusión social. No obstante, el sustento cultural se evidencia si consideramos que, aún cuando la ley no se refiera expresamente a la homosexualidad, la interpretación de las normas jurídicas está también cargada con la visión de anormalidad de la homosexualidad, lo que se traduce en la práctica en la continua penalización y exclusión de estas minorías. La falta de reconocimiento de la titularidad de derechos de las minorías sexuales en Chile y ciertas instancias de discriminación han llevado a distintos actores civiles a plantear una estrategia de defensa de los derechos humanos de las minorías sexuales en cortes internacionales, en conjunto con una estrategia de cambio de la legislación nacional, como la exitosa eliminación de la sodomía del Código Penal, la presentación de un proyecto anti-discriminación, o sobre unión civil homosexual. La relevancia de las propuestas de reforma jurídica e implementación de normas anti-discriminatorias, es que, en caso de tener éxito, tienen el efecto de abrir el acceso de las minorías sexuales a derechos que los heterosexuales asumen como incuestionables, y de prevenir, o al menos, disuadir, el hostigamiento al que las minorías son, a menudo, sometidas.
Tal vez la implicancia mayor de las propuestas legislativas es el potencial que la norma jurídica tiene de incidir en cambios sociales profundos: si consideramos las leyes como punta de lanza dentro de un marco organizado de estrategia de legitimización de la diversidad sexual -junto a distintos frentes de representación simbólica- la relevancia por ejemplo, del reconocimiento de la pareja o unión homosexual, es que la noción de sexualidad aceptable se amplía, se familiariza, se normaliza. De transgresión, la ley tiene el potencial de reconstruir la diversidad sexual como norma social. La organización colectiva alrededor de una agenda de cambio legal tiene, como corolario, la transferencia de las demandas de las minorías sexuales desde el ámbito de «problema social» a la categoría de «asunto político», institucionalizado en el proceso de negociación y acuerdo político. Este elemento, el político, escondido en la exclusión de las minorías sexuales, se hace transparente, y proporciona una plataforma de lucha y de organización y representación de nuevas identidades.
No obstante, los objetivos de inclusión social de las minorías sexuales no pueden limitarse solamente a lo jurídico o normativo, sino que también debieran extenderse a otros ámbitos de representación cultural (recordemos que los funcionarios policiales no estaban excluidos por ley de prestar servicios en las fuerzas de carabineros). Las estrategias de inclusión por la vía jurídica, si bien son imprescindibles y tendrían un efecto en el corto plazo en la calidad de vida de las minorías sexuales, deben ir más allá de la reforma legal y abordar las distintas instituciones sociales y prácticas cotidianas que reproducen la heterosexualidad como la sexualidad normativa. De la atención a estas demandas es que depende la consolidación de Chile como una sociedad pluralista.
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Claudia Mora. Directora del Departamento de Sociología.
Universidad Alberto Hurtado
