Los trágicos hechos ocurridos en un centro de detención de menores en Puerto Montt, que terminó con la muerte de diez de los treinta y cinco jóvenes internos, es una prueba extrema de la cultura del maximalismo y la improvisación que aqueja al Estado chileno. Proyectos que en su oportunidad resultaron anuncios emblemáticos terminan, años después, entrampados en problemas exclusivamente atribuibles a la falta de previsión y cuidado en su ejecución.
Han pasado más de siete años desde que el gobierno anterior anunciara, en junio de 2000, el inicio del Proceso de Reforma al Sistema de Atención a la Infancia y Adolescencia que anunciaba importantes cambios en el tratamiento de menores infractores, desde una perspectiva garantística y de rehabilitación. Pero ni las inversiones, ni los recursos humanos y metodologías de trabajo requeridas para ponerla en práctica de manera eficiente, se concretaron de manera adecuada. Ejemplo de ello fue la polémica librada en torno a la nueva ley de responsabilidad penal juvenil entre autoridades de gobierno y parlamentarios y funcionarios del sector que pedían la postergación de su entrada en vigor.
La actual administración decidió llevar adelante la iniciativa, pese a las múltiples objeciones, considerando que los medios existentes, entre ellos, el significativo aumento de presupuesto para el bienio 2007-2008, garantizaban la eficiencia del proceso.
Lamentablemente, ello no ha sido así. Peor aún, ante lo ocurrido en Puerto Montt la postura gubernamental ha experimentado un retroceso. Centrada ahora la atención exclusivamente en los temas de seguridad, el ministro de Justicia ha declarado que se considerará la vuelta de Gendarmería al interior de los recintos para menores, ya que en la actualidad ella solo opera como seguridad perimetral. Este criterio echa por la borda la anteriormente declarada política de instalar una nítida separación entre la protección de derechos de la infancia y la política criminal.
Lo sucedido en Puerto Montt tiene su origen en carencias de infraestructura y en la calidad y cantidad de personal destinado a la cadena de labores que la actual legislación requiere. Y, principalmente, en los criterios técnicos de gestión, pues en la matriz básica de riesgos de estas instituciones están los de incendio. La agenda de las actividades internas, el manejo de los tiempos, las relaciones entre internos y personal de atención, el diseño de los accesos y espacios en este tipo de establecimientos, requieren de una ingeniería e implementación fina de gestión que falta.
Porque de planificación global y documentos doctrinarios -además de leyes- el país tiene más que suficiente. Al anuncio presidencial de junio de 2000, siguió, el año 2001, el de una Política Nacional a favor de la Infancia; y, en julio del año siguiente, se constituyó el Consejo de Ministros para la Infancia y la Adolescencia. Todo ello como parte del modelo de gestión de la política nacional, que tiene hasta un "Plan de Acción Integrado 2001 – 2010", donde, por supuesto, está todo lo relacionado con la atención a menores infractores.
Lo ocurrido en Puerto Montt deja claro que lo que falta es el "cómo le hacemos" en la práctica, porque todo ese andamiaje conceptual se viene al suelo, esta vez de manera trágica, por una indisciplina normal en este tipo de centros de detención.
Por lo tanto, no es que falte información o no se haya pensado en los problemas. Simplemente, a la hora de implementar, se improvisa.
Es imprescindible cambiar la cultura de la improvisación por una de Estado eficiente, en este caso, en beneficio de los menores infractores.
__________________
