Plebiscitos comunales y lo que viene - El Mostrador

Viernes, 17 de noviembre de 2017 Actualizado a las 22:32

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Plebiscitos comunales y lo que viene

por 31 octubre, 2007

El Concejo Municipal de Vitacura, con la excepción de uno de sus integrantes, había decidido entregarle un "traje a la medida" al sector inmobiliario para que sus negocios, en ciertos sectores de esa comuna, fueran más rentables. Los representantes de la ciudadanía, sentados cómodamente en mullidos sillones pagados con los impuestos de los vecinos, querían aumentar las constructibilidades y alturas máximas permitidas en algunos puntuales sectores de ciertos barrios consolidados, a pesar de la férrea oposición de la mayoría de sus mandantes que deseaban preservar su forma de vivir en densidad baja.



Por otro lado, los minoritarios vecinos que iban a obtener plusvalías por sus casas, a raíz de los cambios propuestos, hacían prevalecer sus puntos de vista en ciertos diarios que promueven las transacciones comerciales creyendo que son la panacea en la búsqueda del desarrollo. Está claro que estos propietarios de viviendas lo único que querían era el aumento de las condiciones de edificación para vender sus casas, las que tenían como único destino la demolición para dar paso a edificios y lo más probable es que los vendedores, con las ganancias obtenidas, se iban a ir a vivir hacia los nuevos barrios precordilleranos de la emergente comuna de Lo Barnechea.



Dado que esas autoridades locales "no escucharon a la gente" porque era más conveniente establecer nuevas normas de edificación para que los especuladores obtuvieran sus propósitos mercantiles, los vecinos mayoritarios se articularon y dieron vida al movimiento ciudadano "Salvemos Vitacura", cuyo primer propósito fue juntar las firmas necesarias de los inscritos en los registros electorales de esa comuna para obligar al alcalde a que convocara a plebiscito ante el evidente conflicto de intereses que allí existía.



Los dirigentes, personas preparadas, esforzadas y convencidas de sus derechos, lograron más del 10% de las firmas que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades exige para ese acto democrático regido por el Servicio Electoral, lo que garantiza su ecuanimidad y seriedad. Pero el alcalde, apoyado por el habilidoso jefe de la División de Desarrollo Urbano del Minvu y por un informe en derecho elaborado por una conocida abogada, se resistió a proceder en consecuencia. Incluso se les motejó de populistas a los vecinos que querían el plebiscito. Por ello, estos vecinos tuvieron que recurrir a la Contraloría General de la República, para que ésta hiciera imperar el Estado de Derecho y después de un cierto tiempo dictaminó que el comportamiento del edil, como de aquel funcionario público del autodenominado gobierno ciudadano, no se ajustaron a la ley.



Cuando se conoció la contundente resolución del ente fiscalizador, el alcalde y sus leales colaboradores quedaron en ascuas. La primera reacción fue buscar fórmulas artificiosas para modificar el dictamen por cuestiones de fechas, ya que era muy tarde para realizar el plebiscito en el transcurso de este año. Y en esta línea se pretendió cambiarlo por un simplona consulta, a la cual, para darle credibilidad, pomposamente la llamaron vinculante. Los vecinos actuaron rápidamente impidiendo el cambio del plebiscito, con todas sus formalidades, por la consulta de marras.



El titular de la Contraloría se mantuvo firme en la legalidad, como corresponde por lo demás, lo que ha significado que al final se acatará el mandato del artículo 101ÅŸ de la Ley respectiva. Por lo tanto, entre Marzo y Abril del 2009 tendremos plebiscito en esa empingorotada comuna de la zona oriente de la ciudad. Lo anterior, porque no se pueden hacer en los años en que hay elecciones municipales y a fines del 2008 las habrá y sólo se pueden llevar a cabo ocho meses antes de una elección presidencial y a fines del 2009 se elegirá al continuador de Michelle Bachelet.



Así las cosas, por imperio del referido dictamen, han quedado congeladas automáticamente, todas las modificaciones urbanísticas que buscaban satisfacer los intereses particulares de la industria inmobiliaria, lo que dejará en mal pié a todos aquellos que ya cantaban victoria con los cambios hacia la modernidad, palabreja de común utilización, que significa hacer cualquier cosa en el lugar menos pensado.

Se ha dado un paso importante en la democratización de la gestión urbanística en las comunas y ello servirá como ejemplo para que en el resto de ellas, los vecinos asuman sus responsabilidades. Sabemos que el próximo logro será en Ñuñoa y posiblemente en La Reina, ambas comunas en donde existen planteamientos claros por parte de la ciudadanía en cuanto a la preservación de los barrios a escala humana.



El ejemplo de Vitacura sirvió para que algunos diputados iniciaran conversaciones con los dirigentes de la Red Ciudadana por Ñuñoa en orden a modificar la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y es así cómo ya se piensa reducir del 10% al 5% la cifra necesaria de firmas de los inscriptos en los registros electorales de cada comuna para convocar a plebiscito.



Dado que en la actualidad no se pueden efectuar estos actos democráticos en los años en que hay elecciones municipales, sería altamente necesario que en la modificación legal se contemple que los plebiscitos, por lo menos en las materias urbanas y de medio ambiente, se realicen en la misma fecha de la elección de alcalde y concejales, para que así los candidatos a esos cargos públicos expresen a sus electores en las campañas proselitistas de qué lado están. Si la nueva ley considera esta propuesta, significará que los parlamentarios están por la debida transparencia en la gestión municipal.



En todo caso sería interesante que la modificación legal aludida se aprobara a la brevedad para que así el próximo plebiscito en Vitacura y en las otras comunas en donde los grupos vecinales están tomado fuerza, se realicen conjuntamente con las elecciones municipales del próximo año.



Será posible ese ejercicio de verdadera participación ciudadana ?



La última palabra y la decisión la tienen los diputados y senadores, quienes se caracterizan por dar a conocer a la opinión pública sus compromisos en orden a "escuchar a la gente".



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Patricio Herman, Fundación Defendamos la Ciudad

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