En su edición del día 5 de noviembre del año curso, el diario electrónico Crónica Digital publicó una declaración de un grupo de dirigentes y concejales democratacristianos de la zona Oeste de Santiago, en la que reivindican el acuerdo alcanzado por tal partido en su reciente congreso ideológico, en orden a promover una política de integración y colaboración hacia América Latina, no manifestando reparos, ni exigencias a los sistemas de gobierno que legítimamente se han dado los países vecinos.
Esta declaración resulta extraordinariamente importante, pues a través de un comunicado público a la Comisión Internacional del Partido Demócrata Cristiano, representantes de la base ciudadana activa nos recuerdan al conjunto de la sociedad chilena una de las condiciones básicas de posibilidad para la convivencia pacífica en un mundo que ha de ser plural y multipolar: el respeto y la promoción del derecho de los pueblos a ejercer la autodeterminación, a ser soberanos. Tan gravitante es este principio, que todos los pactos internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas parten con él: «Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural».
Nuestras sociedades latinoamericanas suelen tener una capacidad de recuerdo frágil, porque fue precisamente la violación de este principio la que sirvió de base, por ejemplo, para que el gobierno de Estados Unidos, de acuerdo a sus propios documentos desclasificados por la CIA, interviniera directamente en asuntos internos de la sociedad chilena, desestabilizando la democracia durante el gobierno de Salvador Allende, generando las condiciones para el golpe militar y el terrorismo de Estado. Es por ello que emprendedores de la memoria como estos dirigentes democratacristianos del provincial Santiago Oeste, de la Juventud Demócrata Cristiana y de concejales de las comunas populares de Cerro Navia y Lo Prado, son tan importantes. No nos recuerdan algo ajeno, sino nuestro propio drama histórico.
Pero su llamado no es solo de carácter genérico, sino que atiende directamente una situación que en el contexto de la actual Cumbre Iberoamericana que se desarrolla en Santiago pudiera hacer caso omiso del principio de autodeterminación consagrado por Naciones Unidas: que operadores políticos inescrupulosos intenten arrastrar a los mandatarios presentes a pronunciarse contra un país soberano, Cuba, precisamente, como lo consigna la declaración «en momentos en que el Presidente Bush insta a la subversión civil y militar contra la institucionalidad de ese hermano país». Como partido de gobierno, el Partido Demócrata Cristiano es anfitrión de este encuentro internacional, por lo que resultaría una aberración y un contrasentido que alguno de sus dirigentes nacionales, en un instante fugaz de olvido de los instrumentos internacionales de derechos humanos, instara a pronunciarse contra alguna de las delegaciones oficiales de los países que asisten a la Cumbre por motivo de que algún sistema político o económico no sea de su particular gusto.
Pero no se trata solo de un asunto de protocolo, de cuidar las formas, sino de temas más de fondo. Los dirigentes y concejales DC nos recuerdan que los hoy «detractores de Cuba olvidan el amplio apoyo que ha recibido Cuba en la moción que presentó en la Asamblea General de las Naciones Unidas exigiendo a Estados Unidos el fin al bloqueo comercial económico y financiero impuesto hace más de 47 años, y que contó con el respaldo de 184 países y sólo 4 votos en contra. Así como omiten pronunciarse frente a la arbitraria detención que sufren cinco patriotas cubanos encarcelados injustamente desde 1998 en Estados Unidos», situación ante la cual Naciones Unidas ha exigido su inmediata puesta en libertad. En efecto, cinco jóvenes cubanos que recababan información en territorio norteamericano acerca de organizaciones terroristas anticubanas fueron detenidos en Miami, bajo 26 acusaciones de violaciones de las leyes federales de los Estados Unidos. De tales acusaciones 24 son delitos leves de carácter técnico, que incluyen una presunta falsificación de identidad e incumplimiento de registro como agentes extranjeros. Ninguna de las acusaciones los involucra en el uso de armas, en actos violentos o en destrucción de la propiedad.
Los Cinco, como ahora se les conoce, fueron arrestados sin resistencia y enviados a celdas de confinamiento solitario reservadas como castigo para los prisioneros más peligrosos, y mantenidos ahí por 17 meses hasta el comienzo del juicio que duró siete meses. Luego fueron sentenciados a penas máximas de prisión, recibiendo Gerardo Hernández una doble cadena perpetua y Antonio Guerrero y Ramón Labañino una cadena perpetua. Los restantes dos, Fernando González y René González, recibieron condenas de 19 y 15 años, respectivamente. Se les separó e internó, hasta el día de hoy, en prisiones de máxima seguridad. A dos de ellos se les han negado las visitas de sus esposas e hijas durante todos estos años, lo que constituye una violación de las leyes de Estados Unidos y de las normas internacionales. Las protestas de Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han sido permanentemente rechazadas. Un Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas consignó que el juicio que se realizó a los cubanos en Miami no fue imparcial, y que las fueron excesivamente severas. El panel de la ONU también señaló que a los cinco detenidos se les había negado el acceso apropiado a sus abogados y a evidencia importante.
Pero Estados Unidos es el paraíso de los derechos humanos, y su gobierno en vez de atacar al verdadero terrorismo en casa, gusta invadir a otros países para enseñarles a la fuerza los valores del «mundo libre». Pero esto no solo ocurre en el lejano oeste, pues los dirigentes de base demócratacristianos señalan algo similar a sus líderes de la Comisión Internacional, a quienes llaman a que «se abstenga de dar lecciones de democracia cuando en nuestro país después de 17 años de volver de la dictadura, aún tenemos excluidos a vastos sectores de la sociedad, con nulas instancias de participación por parte de la comunidad debido a un descrédito vergonzoso de la actividad partidaria, que remitimos a las cúpulas políticas».
La sinceridad y lucidez del comunicado no admite concesiones: «debemos ser francos y asumir que nuestro país – a diferencia de Cuba -, tiene hoy un relator para las Naciones Unidas que verifica la situación de los derechos humanos del pueblo Mapuche, los cuales han sido conculcados por la aplicación de una denominada ‘ley antiterrorista’. Miremos también la situación de nuestras cárceles y los recintos para menores donde hemos sido reprendidos por la Unicef a raíz de la tragedia en Puerto Montt. Saludamos a la delegación oficial cubana y expresamos nuestra solidaridad con su pueblo y respetamos su legítimo derecho a defender el proceso revolucionario que les ha permitido garantizar a su población salud, educación empleo y techo en condiciones, que nuestro país aún no logra».
La verdad os hará libres, creo que dijo alguien que de seguro se sentiría orgulloso de estos militantes de la flecha roja.
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Manuel Guerrero Antequera, sociólogo
