Acuerdo educacional: Los árboles no dejan ver el bosque - El Mostrador

Martes, 21 de noviembre de 2017 Actualizado a las 20:21

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Acuerdo educacional: Los árboles no dejan ver el bosque

por 14 noviembre, 2007

Los últimos estertores de la negociación política en torno al Acuerdo Nacional de Educación, firmado recientemente, impiden apreciar los alcances reales del mismo.



Así es, podría afirmarse que los árboles, los argumentos político-ideológicos expuestos por cada partido, no dejan ver el bosque: la "nueva arquitectura educacional" que se está construyendo.



Vamos por parte. Primero, no se puede dejar de reconocer que gran parte de estas transformaciones se lo debemos a la "Revolución Pingüina" de 2006. Una movilización social nacida de los más jóvenes, quienes al final del día nos demostraron que los sueños todavía pueden remover las convicciones del escepticismo e instalaron la discusión de una reforma que se creía poco realista siquiera pensar.



Las gargantas de azul con sus mochilas cargadas de lapidaria ingenuidad le ganaron al conformismo y nos obligaron a pensar en el futuro, una de las tareas que, se supone, los políticos nunca debemos dejar de llevar a cabo.



Vino la respuesta gubernamental: el "Consejo Asesor Presidencial"; se criticó su número y se acusó al Gobierno de dilatar las cosas y postergar todo "en otra comisión más". Como si esto fuera poco, la Alianza reaccionó en contra del proyecto de Ley General de Educación remitido en abril de este año. Es más, votó en contra de la idea de legislar en la comisión respectiva.



Los jóvenes con esperanza ya no estaban, se habían diluido y nos enseñaban que así serían los movimientos del futuro, circunstanciales, mediáticos y profundos. No más estructuras de clase, no más instituciones permanentes, en fin, la nueva forma de hacer ver las demandas sociales había hecho su debut.



El Gobierno y sus partidarios estaban solos. Con una oposición cerrada a las transformaciones negando el debate sobre la materia, negando la sal y el agua, apostando por la arrogancia de "el desalojo".



Pero la persistencia y la fuerza, la legitimidad, de las transformaciones necesarias pudo más.



Cuando la Alianza presenta su proyecto alternativo se produce el verdadero cambio. Se admitía así la necesidad de una nueva normativa y la oposición comienza a exponer sus convicciones. Se inicia, entonces, el ejercicio de la democracia: hay que sentarse a la mesa a defender y ceder.



El resto son hechos recientes, a ratos parecía disolverse este escenario, a ratos todo lo sólido parecía disolverse en el aire.



Pero ¿cuál es la trascendencia del acuerdo alcanzado?



Más que un hito político, la nueva normativa educacional refleja un gesto de realismo y modernidad que habla bien de nuestra clase política.



Hasta ahora contábamos con una LOCE que, básicamente, decía muy poco. Dejaba todo al arbitrio del mercado y no entregaba mayores responsabilidades al Estado en materia educacional. No sólo no hacia responsable al Estado por lo que ocurriera en los colegios, sino que, además, tampoco obligaba a rendir cuentas, por sus productos, a los privados que recibían dineros públicos para entregar enseñanza.



Así las cosas, contábamos con una arquitectura educacional débil respecto a las obligaciones que el Estado y la sociedad tiene respecto al gasto de la plata de todos.



En este esquema algunos lo hicieron bien e invirtieron en proyectos educativos que, efectivamente, contribuyeron a la responsabilidad de todos con el futuro de nuestros hijos. Hubo quienes respondieron a la responsabilidad confiada y usaron adecuadamente la subvención escolar que recibieron.
Pero ¿qué pasaba con aquello que no? Bueno, ese Estado débil no tenía muchas herramientas y el Ministerio de Educación poco podía hacer frente a los que hacían mal las cosas.



Los últimos años, nada más, ha habido casos emblemáticos en donde queda demostrada que la posibilidad de intervención pública ante un mal gestor privado es en las últimas instancias y, generalmente, cuando éstos han cometido faltas y delitos acreditados por otras instancias contraloras del Estado.



Bien lo dijo la diputada Carolina Tohá un tiempo atrás: hoy en Chile es más fácil cerrar un colegio por la ordenanza municipal y por materias de infraestructura que hacerlo porque sus alumnos no saben ni leer ni escribir.



La Superintendecia Educacional, contemplada en el acuerdo educacional, significa un gran avance en este sentido porque le permite, y obliga, a las autoridades educacionales a fiscalizar que los fondos públicos de educación están siendo invertidos para las materias que fueron destinadas.



Así uno de los objetivos centrales expuestos en abril pasado por la Presidenta de la República, se cumple: el riesgo de que la plata de todos los chilenos vaya a los bolsillos de algunos y miles de familias puedan ser objeto de un engaño, se reduce a las más mínimas posibilidades.



Esto no es menor, en realidad lo que ocurrirá es que aumentarán las responsabilidades de todos, del Estado y los privados.



El Acuerdo Nacional de Educación firmado por estos días es más que la expresión de un ambiente pasajero o una estrategia política, es el inicio de una nueva realidad educacional. Atrás queda una normativa anquilosada, con hálito autoritario, recelosa del rol estatal; un laissez faire que no significaba libertad sino prescindencia de responsabilidad pública.



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Waldo Carrasco. Profesor de Historia y Geografía. Consejero Nacional PPD

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