El rechazo de la mayoría senatorial de la Concertación al proyecto presentado en 2005 -y reflotado reciente y subrepticiamente por el gobierno- destinado a rebajar sustancialmente las penas a los autores de crímenes contra la humanidad, constituye un triunfo para las perspectivas de la vigencia de una mínima justicia en nuestro país.
Sin embargo, las recientes iniciativas gubernamentales a favor de la impunidad -que además de ella, incluye la de dejar sin facultades litigiosas al futuro Instituto Nacional de Derechos Humanos- representan una ominosa advertencia. Más aún, cuando en ellas se aprecia, directa o indirectamente, la influencia de un dirigente concertacionista que persistentemente ha abogado por la promoción de la impunidad. Se trata del ex presidente de la Cámara, ex senador y actual ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo.
En efecto, Viera Gallo ha efectuado, desde 1990, múltiples declaraciones y acciones destinadas a promover diversas formas de impunidad. Entre ellas se destacan:
1.- A fines de 1991, como presidente de la Cámara de Diputados promovió una amnistía en dos fases. Primero, a los presos políticos remanentes de la dictadura que todavía no eran indultados por Aylwin (facultad que le había concedido una reforma constitucional de comienzos de año) y luego a ex funcionarios de la DINA y la CNI, con la excepción de «los asesinatos más graves cometidos en los últimos años, entre ellos, el caso Letelier, caso de los degollados, Operación Albania, Tucapel Jiménez y otros de similar magnitud» («El Mercurio»; 17-12-1991). Esta propuesta seguía las mismas aguas de una análoga hecha por el presidente del Senado, Gabriel Valdés, el día anterior. Ambas nacieron muertas ya que no solo contaron con el más rotundo rechazo del conjunto de la Concertación, sino también de RN y la UDI. Así, el diputado Andrés Chadwick señaló que la UDI «no promoverá una nueva ley de amnistía, porque no es indispensable ni urgente para la paz social» («El Mercurio»; 17-12-1991).
2.- Con ocasión del proyecto de ley Aylwin de 1993, propuesto para avalar el decreto-ley de autoamnistía de 1978, a cambio de la entrega de información sobre el destino final de las personas desaparecidas; Viera Gallo logró transitoriamente convencer a los diputados del PS de apoyarlo, reconociendo posteriormente que «aquí no se va a saber quienes son los responsables, y ese es el precio que se pagaría abriendo esta puerta para que esas personas entreguen la verdad que hasta ahora se han negado a consignar» («La Epoca»; 12-8-1993). El profundo malestar que estas declaraciones provocaron en el PS; en las organizaciones de derechos humanos; y en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) -que incluso reaccionó con una huelga de hambre- liquidó el proyecto.
3.- Cuando en 1995 la propia Concertación había aprobado en la Cámara una reforma que eliminaba el privilegio que tenían los militares condenados de evitar el cumplimiento de su pena en una cárcel, si tenían otros procesos pendientes; y Allamand había comprometido, como presidente de RN, su apoyo en el Senado para confirmar lo anterior; se acercó a él Viera Gallo, justo antes de la votación final, y le preguntó: «¿Estás seguro de lo que estás haciendo? -¿Por qué me lo preguntas? -contesté un tanto sorprendido -Debes saber que no te lo van a perdonar nunca» (Andrés Allamand.- «La travesía del desierto»; Edic. Aguilar, 1999; p. 401) Efectivamente, al desoír la «advertencia» de Viera Gallo -entre otros factores- Allamand sufrió por varios años el «castigo» de los poderes fácticos.
4.- Luego de la detención de Pinochet en Londres, la Comisión de Derechos Humanos del Senado presentó a fines de 1998 un proyecto de ley que, en la práctica, avalaba el decreto-ley de autoamnistía. Dicha comisión estaba formada por Viera Gallo (PS), Jorge Lavandero (PDC), Enrique Silva (PR), Beltrán Urenda (UDI) y Mario Ríos (RN). El proyecto fue abortado por la fuerte oposición que suscitó en las organizaciones de derechos humanos y en el PS. Así, la vicepresidente de la AFDD, Viviana Díaz lo consideró «una nueva ley de punto final» («La Nación»; 6-3-1999). Y los diputados del PS Juan Bustos, Fanny Pollarolo y Sergio Aguiló lo consideraron «inaceptable», ya que «una moción que restringe el derecho a la verdad, que construye una verdad secreta y que vulnera el derecho a la justicia constituiría, en caso de aprobarse, una violación de las obligaciones internacionales de Chile» («La Nación»; 17-7-1999).
5.- Ante la emergencia -a comienzos de esta década- de varias querellas por torturas aplicadas bajo la dictadura, Viera Gallo planteó su contrariedad señalando que «si se multiplicaran los procesos por tortura se produciría un atochamiento judicial imposible de sobrellevar porque los casos son miles» y que «abrir hoy día en Chile un debate judicial sobre las torturas es verdaderamente inconducente» («El Mercurio»; 14-2-2001).
Todo lo anterior explica la satisfacción expresada por las máximas dirigentes de la AFDD, al enterarse de que su interlocutor en el Gobierno dejaba de ser el ministro Viera Gallo (Ver «El Mercurio»; 2-11-2007). Esperemos que esto provoque una enmienda en él a favor de la justicia y que, en todo caso, el gobierno de Bachelet deje de seguir promoviendo la impunidad.
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* Felipe Portales. Sociólogo
