El celebrado acuerdo nacional en torno a la reforma educacional y el activo papel desarrollado en la últimas semanas por Joaquín Lavín, han generado un lento pero sostenido cambio de roles políticos en todo el sistema, hasta el punto que es posible sostener que -actualmente- la derecha está cogobernando y la verdadera oposición está al interior de la propia Concertación.
Hoy son más evidentes que nunca las barreras institucionales que tiene el sistema político chileno, sobre todo en materia legislativa, que impiden un ejercicio claro de gobierno. El Ejecutivo, con mayoría parlamentaria inestable e impredecible, se somete a un proceso permanente de consultas y acuerdos para llevar adelante sus iniciativas.
Esto último, que en cualquier sistema es normal, en Chile está exacerbado por altos quórum de votación en demasiadas materias. En el pasado resultó comprensible, sobre todo en el período de la transición, durante el cual se practicó la denominada "democracia de los acuerdos". Pero plenamente normalizada la democracia, el sistema instala de facto una suerte de cogobierno en vastos campos de la gestión y limita de manera extrema el significado de la mayoría electoral.
Lo sustantivo de la situación actual es que, por primera vez, las relaciones entre el gobierno de turno y la oposición exceden el marco de la simple cooperación política. Al menos eso es lo que puede captar la opinión pública. Lo actuado en materia educacional, en la Comisión Asesora Presidencial sobre Equidad, en la agenda antidelincuencia y los avances en previsión social, ponen una perspectiva política al llamado "bacheletismo aliancista", y dejan la sensación de disolución de la barrera que separaba a la oposición del gobierno, o al menos de una parte importante de ella.
Los impactos políticos negativos de tal situación golpean en primer lugar a los partidos políticos oficialistas y disuelven el carácter centro izquierdista de la coalición gobernante. Esto, en momentos en que algunos de esos partidos se enfrentan a redefiniciones programáticas importantes, en medio de una evidente falta de cohesión interna y amenazas de división.
La situación tampoco es fácil para la propia oposición, porque en cierta medida la divide. El acercamiento al Ejecutivo no ha sido consensuado internamente y más bien aparece como una estrategia del gremialismo para posicionarse en detrimento del candidato Sebastián Piñera, actual antagonista duro frente al Gobierno. Joaquín Lavín y su entorno más cercano han sido exitosos en presentar los hechos como un acto de voluntad patriótica que beneficia al conjunto de la sociedad, más allá de cualquier interés personal, lo que le ha generado buenos dividendos políticos.
Por su parte, la estrategia gubernamental le erosiona parte de su base de apoyo político. Son sus adversarios los que se benefician de los logros del gobierno ante la opinión pública, mientras los partidos de la Concertación deben pagar los costos de las cosas mal hechas, como el Transantiago. Ello ha generado vientos de fronda y en las últimas semanas las principales derrotas del gobierno han provenido de parlamentarios de su propia coalición.
Con todo, la última palabra no está dicha. Los elementos de disciplina del sistema políticos son muchos, especialmente de carácter electoral. Pero es evidente que esta vez el gobierno, principal instrumento de cohesión de la Concertación en todos los años anteriores, no existe o no se hace sentir con la claridad y potencia de antaño.
