No cabe ninguna duda de que lo más trascendente del acuerdo político legislativo en materia de seguridad pública, alcanzado por el Gobierno y la oposición, lo constituye el traspaso de las policías a la dependencia plena del Ministerio del Interior. A partir de este momento, según lo detalla el documento suscrito, el titular de esta cartera "será el responsable político de la seguridad pública y de él dependerán las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública".
Tal decisión restablece la plena dependencia policial al poder político y somete su funcionamiento y control a una autoridad civil, que es lo que corresponde en cualquier Estado republicano en forma.
Por muchos años, desde la recuperación de la democracia, fue evidente que la autoridad civil en esta materia era precaria. De una manera anormal, el mando policial podía oponerse a la autoridad presidencial en un plano de igualdad y sin lesionar ninguna norma legal, recurriendo a un estatuto de inamovilidad inconcebible en un estado de derecho.
Las reformas constitucionales de 2005 cambiaron la situación, pero dejaron pendiente el tema de la dependencia, la que siguió bajo el Ministerio de Defensa, "mientras se dicte la nueva ley que cree el ministerio encargado de la seguridad pública". La propuesta programática de la Presidenta Bachelet de crear tal ministerio, separado de la secretaría del Interior, además de no haber sido estudiada ni tener arraigo histórico, se mostró poco realista y prácticamente inviable desde el inicio de su administración.
De ahí que la decisión de avanzar institucionalmente creando o reforzando órganos políticos y administrativos dentro de la estructura propia del Ministerio del Interior aparece como lo más sensato y eficiente.
El acuerdo suscrito refuerza la Subsecretaría del Interior, la que tendrá a su cargo la dirección y coordinación de los planes y programas de control delictivo, con divisiones administrativas relativas a las Fuerzas de Orden y Seguridad. Y crea, además, una Subsecretaría de Prevención para apoyar el trabajo de prevención y el de atención a las víctimas.
Ahora, toca el desafío más exigente, cual es generar capacidad y talento para implementar y gestionar eficazmente este acuerdo, transformarlo en reforma legal y en planes y programas que funcionen, materias en las que el Gobierno ha tenido un reconocido déficit.
Útil es recordar que este acuerdo político legislativo deberá implementarse bajo una doble admonición. Una, que las fuerzas policiales mantendrán su independencia respecto de los intendentes y gobernadores, pese a que son estas autoridades políticas territoriales las más vinculadas al nivel operativo de Carabineros e Investigaciones. Y la otra, que las leyes orgánicas de ambas policías se modificarán sólo en lo que respecta al cambio de dependencia, pero nada más, quedando el Gobierno, no obstante (a través del Ministro del Interior), obligado a rendir cuentas semestrales públicas sobre su gestión.
Más allá de cualquier otra consideración, por primera vez desde 1990 existen posibilidades serias de que los planes y programas de las policías, incluido su currículo formativo, puedan ser objeto de reformas profundas y de un control civil que incluya cruces de eficiencia entre la planificación y los datos que entrega la realidad.
Esta reforma debiera fortalecer la legitimidad de la democracia y su capacidad de dar respuesta a los ciudadanos sobre la distribución del bien público "seguridad". Ojalá en poco tiempo más podamos escuchar la explicación del Ministro del Interior de por qué la comuna de Vitacura tiene muchos más carabineros por habitante que La Pintana.
