Con un artículo en el servicio de hospedaje gratuito de blogs Blogger, el 1 de octubre la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros para el Desarrollo Digital publicó un documento que ha denominado Estrategia de Desarrollo Digital, donde pretenden sentar las directrices sobre el Chile digital para el período 2007-2012.
Más allá de los asuntos formales que uno podría puntualizar, tratándose de una iniciativa de tal magnitud, parece ser una gran necesidad de país asumir seriamente las políticas gubernamentales en relación con la tecnología, por cómo éstas pueden propender a hacernos un país más competitivo, como también por los impactos que éstas tienen en el desarrollo de los derechos fundamentales de miles de chilenos.
Parece destacable que la iniciativa pretenda abrir la discusión más allá de los fríos escritorios ministeriales, pero esto debe ir de la mano con estrategias de participación que lleven a cabo todos los discursos sociales involucrados, no sólo los intereses gremiales y corporativos tradicionales. Esta iniciativa debiera suponer una participación amplia de organizaciones representativas de la sociedad civil que mucho tienen que decir respecto del desarrollo digital para el país.
Más todavía, asuntos como una adecuada regulación de delitos informáticos, de tratamiento de datos personales y de propiedad intelectual es evidente que resultan partes claves de esta estrategia. Pero nos merece atención que el documento no clarifique cuales serán los énfasis que las políticas públicas promoverán a este respecto, suscitándose dudas sobre todo al analizar la actual regulación y las actuales propuestas de reforma. Todas ellas han dejado de lado en forma importante el interés público comprometido.
La estrategia gubernamental parece ser un buen comienzo, pero es necesario destacar también algunos temas jurídicos de relevancia que han sido omitidos y parece urgente agregar. Una estrategia como la que se plantea debiera asumir un rol activo respecto de la regulación de un principio fuerte de neutralidad de la tecnológica y en Internet, evitando así abusos por parte de actores con control dentro del mercado y permitiendo el nacimiento de nuevos modelos de negocio.
Para todo lo anterior, resulta urgente que la Estrategia considere la participación activa de no sólo del mundo académico y gremial, sino que también una participación activa de la sociedad civil, tal como sucede en los foros multilaterales alentados por la Unión Europea y el Mercosur. No es sino a partir de establecer objetivos específicos claros y medibles, mayores estándares de participación social y un marcado énfasis en el interés público comprometido que podemos tomarnos realmente en serio una estrategia como la planteada, lo que sería sin lugar a dudas una excelente noticia para el país.
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Claudio Ruiz Gallardo. Presidente ONG Derechos Digitales
