El jueves de esta semana la Cámara de Diputados votará el informe del Transantiago, luego de semanas de investigación. Más allá de la decisión que se adopte sobre cuál informe aprobar y con qué contenidos, seguramente quedará pendiente un implícito que hace meses ronda el tema: el de la responsabilidad política por lo ocurrido. Acerca de esto no existe acuerdo, y es materia de un descarnado tironeo entre oficialismo y oposición.
Una lectura simplista de las leyes vigentes nos llevaría a la conclusión de que el Transantiago es un tema sectorial y que, por lo mismo, remite a responsabilidades puramente funcionarias o administrativas.
Sin embargo, el tema es más complejo y requiere una mirada más sistemática. La dimensión de catástrofe social que ha adquirido el plan de transportes de Santiago, con fuertes pérdidas para el erario fiscal y graves repercusiones políticas, arrastran el tema mucho más allá de la responsabilidad funcionaria sectorial. Queda en evidencia la existencia de un ámbito de competencias difuso entre lo técnico y lo político, que no se puede omitir.
De manera genérica, la responsabilidad política consiste en atribuir una valoración negativa al uso que del poder político hace un individuo o un órgano del Estado frente a un hecho concreto. Por ejemplo, afirmar en este caso que el gobierno anterior no previó por negligencia los escenarios técnicos, o que el actual no tuvo la capacidad de controlar el proceso de puesta en marcha, ni evaluar si los mecanismos de control eran adecuados.
Esta valoración negativa puede implicar una responsabilidad jurídico política y/o solamente política. La primera, de fuente legal, se expresa en la interpelación de ministros o, incluso, mediante un juicio político al Presidente, en casos graves expresamente consagrados en la Constitución. La segunda, expresión de la soberanía popular, se expresa en el juicio que hacen los ciudadanos al momento de sufragar, en su papel de electores. En ese momento se evalúa el desempeño de los gobernantes en el ejercicio del poder.
Ambas formas de juzgar la responsabilidad política de los actos de poder de un gobernante, resultan fundamentales para la vida democrática. Por cierto que se requiere, en todo caso, transparencia y pluralismo informativo.
El Transantiago ha sido un nudo de decisiones políticas y técnicas, y no sólo un asunto de transporte. Dada su envergadura y la forma como se adoptan las decisiones en el sector público chileno, la decisión final fue política y correspondió a La Moneda.
No fue el ministerio de Transportes quien "mandó" al de Vivienda la construcción de los equipamientos viales necesarios, que hasta hoy faltan. Tampoco quien tomó la decisión final del modelo de administración financiera que tendría el sistema. Esto último le correspondió al ministerio de Hacienda y al consorcio bancario que se constituyó para tal fin. El papel del ministerio de Transportes fue diseñar el tipo de buses a utilizarse, calcular su número según la carga de pasajeros, diseñar las mallas de recorridos e instalar un mecanismo de control del flujo vehicular. En definitiva, nada se hizo bien.
El resto de los entes involucrados también reprobaron, incluidos los servicios políticos gubernamentales encargados de proveer la coordinación intersectorial , instrumento esencial de un gobierno moderno y eficiente, y que corresponde a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).
Desalojar de sus puestos a gerentes, ingenieros, coordinadores, puede ser una decisión necesaria para solucionar técnicamente el problema. Pero no soluciona ni sanciona la responsabilidad política que, hasta donde se puede percibir en este caso, es grande y vistosa como una catedral. Les corresponderá juzgarla a los ciudadanos con su voto en los próximos meses, además de la decisión que tomen mañana los diputados.
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