La semana política empezó con fuegos artificiales luego de la visita de Lavín y Longueira al nuevo vocero de La Moneda. Ello provocó la ira de la derecha y el anuncio de una interpelación a Francisco Vidal, con bajos visos de legalidad. Pero la semana terminó con el peor pronóstico en materia de subcontratación, luego de que un impávido ministro del Trabajo considerara normal que sean los tribunales de justicia los que resuelvan la controversia entre Codelco y la Dirección del Trabajo en torno a la fiscalización sobre el cumplimiento de la norma en la minera.
Cinco días antes, el vicepresidente del Partido Socialista Ricardo Solari, ex ministro del Trabajo, había declarado: «No me hace sentido que el tema llegue a los tribunales. Si bien uno (la Dirección del Trabajo) depende del Ministro del Trabajo y el otro (Codelco) del de Hacienda), ambos dependen de la Presidenta. Deberían ponerse de acuerdo, es lo más razonable».
Esta apelación directa a la responsabilidad presidencial no fue atendida por La Moneda evidenciando, una vez más, que la Presidenta no tiene sintonía con los requerimientos de su partido, pese a la incondicionalidad de la actual directiva.
La estrategia del gobierno considera que los tribunales pueden blindar una adecuada interpretación de la ley de subcontratación. Si sale positiva para la empresa estatal, como se prevé, Codelco llevará adelante su propia interpretación, tal como lo señaló el nuevo vocero de gobierno. Esta, según se ha sabido, significará la internalización de algo más de mil trabajadores, cifra bastante menor que la estimada por la Dirección del Trabajo.
Por otra parte, si la decisión judicial es negativa para Codelco se sentaría un precedente muy relevante y el sector privado, especialmente el minero, no podría alegar que la aplicación de la ley se sostiene en la sola intervención del gobierno.
Pero este «traslado» de la política a los tribunales de Justicia no considera los costos simbólicos de esta decisión, ni tampoco la intranquilidad laboral que ha generado. Queda la impresión de que el gobierno no tiene ni voluntad ni capacidad para ordenar a su propia gente, y solo usa de manera oblicua su poder político, adoptando una actitud subsidiaria extrema.
El descontento sindical se intensificará. Cristián Cuevas, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, que representa a los subcontratados del sector minero, declaró que la actitud del gobierno implica una ruptura de los acuerdos alcanzados hace algunos meses y los obliga a nuevas movilizaciones. Cuando aún no terminan de implementarse en su totalidad dichos acuerdos.
Una actitud similar tiene el presidente de la CUT, Arturo Martínez, quien puede reivindicarse de los errores cometidos en las recientes negociaciones salariales, adoptando ahora una posición más dura.
Estos factores han instalado una sensación de malestar en las bases laborales, anunciando que el año 2008 será complicado en materia de movilizaciones. Porque con una tasa de inflación de un 7.4% anual, y una expectativa de crecimiento de 5%, según la Cepal, la disponibilidad de la chequera fiscal se reducirá y habrá tendencia a reducción de gastos.
Transantiago
Este jueves se votaron los dos informes parlamentarios sobre el Transantiago, uno oficialista y otro de oposición. Ambos coinciden en la responsabilidad política del gobierno de Lagos en el desastre, pero ni agregan ni quitan en cuanto a la convicción que la ciudadanía ya tiene del tema. Seguramente se transformarán en documentos de estudio sobre cómo no hay que hacer políticas públicas, y en un ejemplo de soberbia tecnocrática.
El que debe redoblar sus esfuerzos por mejorar el sistema de transporte público de Santiago es el gobierno, lo que pasa por retirar a algunos responsables que siguen apernados en sus puestos. En esta petición hay unanimidad en el espectro político.
En la DC el proceso contra Adolfo Zaldívar sigue implacable, pero lejos de la espectacularidad prevista. El senador concurrió al Tribunal Supremo acompañado de una treintena de sus simpatizantes, diciendo que representa a los chilenos sin voz, vejados por políticas abusivas, cuando no corruptas, reafirmó haber votado contra el crimen social del Transantiago y acusó al denominado «partido transversal» de ser una asociación ilícita. Es decir, pidió que lo expulsaran.
Lo más pintoresco es lo que ocurre en el entorno de su caso. Su mayor defensor ha sido Eduardo Frei, quien dice estar disponible para una alternativa unitaria. Ello fue entendido como una partida informal de campaña y el jueves de la semana pasada el diputado Lorenzini proclamó a Soledad Alvear en Talca y San Clemente. Mientras tanto, el senador Pizarro salió a rayarle la pintura al freísmo en la persona del ministro del Interior. La sangre no llegó al río, pero casi. ¿Quién le pone paños fríos al problema?
