«¿Después de la reforma qué?» fue el titulo del XIII Encuentro Nacional de Salud (Enasa) que organiza anualmente la Asociación de Isapres de Chile. Al inaugurarlo, su actual presidente, el ex ministro de Hacienda del Presidente Frei Eduardo Aninat, señaló que una de las principales deudas del sistema era el subsidio a las isapres. Y propuso que se trasladara 2% del presupuesto público a las personas. De esta manera, espera que vuelvan a estas entidades unas 800 mil personas que hoy están en Fonasa.
Esta transferencia es exactamente contraria a la que se propuso en el debate sobre la reforma en que, por elementales razones de equidad y solidaridad, se proponía que las aseguradoras que tuviesen personas con más carga de enfermedad (mujeres en edad reproductiva y adultos mayores, especialmente) percibieran un pequeño monto solidario de parte de los que tenían menos personas en estos estratos. Ahora, como se demuestra más adelante, se propone simplemente que el Estado aporte a las isapres sin condición alguna.
En efecto, en 2006, Fonasa gastó en promedio por cada beneficiario $ 154.280, mientras que el gasto per cápita en las isapres fue de $ 342.200. Es decir, cualquier transferencia hacia el sistema privado aumentaría la inequidad actualmente existente.
En segundo lugar, los ingresos de Fonasa en 2006 provinieron en 50% de aporte fiscal; el resto, de las cotizaciones y copagos de los usuarios. Considerando que la mayoría de los beneficiarios de Fonasa (65%) perciben ingresos nulos o inferiores a un salario mínimo vital, la propuesta del presidente de las isapres conduciría a transferir recursos de los más pobres hacia eventuales cotizantes de las isapres porque éstas, hasta donde todo el mundo sabe, no aceptan pobres ni indigentes.
En tercer lugar, el problema principal de las isapres no es que tengan menos personas, sino que los precios de sus planes han aumentado de manera importante. En efecto, en términos constantes, mientras las cotizaciones legales (equivalente a 7% de los ingresos) aumentaron en 12% entre 2000 y 2006, las cotizaciones adicionales voluntarias aumentaron en 55%. Dicho de otro modo, si se quiere disponer de una cobertura significativa en las isapres las personas deben pagar mucho más que en Fonasa.
En cuarto lugar, las instituciones privadas han desarrollado un amplio proceso de discriminación en contra de los usuarios que resultan más caros. Por ejemplo, en los últimos años la reducción de los usuarios de las isapres se ha concentrado en las familias numerosas, porque deben pagar cada vez más cotizaciones voluntarias adicionales. También hay una gran asimetría entre los adultos mayores en que más del 90% pertenecen a Fonasa. Cualquier subsidio a los beneficiarios de isapres, entonces, será necesariamente hacia quienes resulten más «baratos», que es la política institucional que arrojan las estadísticas actuales.
Si todo esto se hace en nombre de la libre elección, un reciente estudio de la Superintendencia de Salud demuestra que la mayoría de los planes de salud informados por las isapres están estructurados sobre la base de prestadores preferentes (53%), es decir, planes que «orientan» al beneficiario hacia prestadores específicos, con los cuales esta ha celebrado algún convenio. Ahora bien, si el beneficiario opta por otro prestador deberá pagar de su bolsillo cantidades mucho mayores. Los planes de «libre elección» de los prestadores representan sólo el 47% de los 40.586 planes de salud informados por las isapres a enero de 2007 a la Superintendencia de Salud.
En definitiva, la propuesta del presidente de la Asociación de Isapres tendería a aumentar la inequidad en Chile, en circunstancias que todos los problemas que expresa la ciudadanía apuntan a que hay demasiados ciudadanos que no están alcanzando los beneficios del crecimiento que ha experimentado el país en los últimos años.
Pedro Olivares y Rafael Urriola son integrantes de la Comisión Económica del Partido Socialista (PS)
