Dentro de poco, se tendrán los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) rendida recientemente. Una vez que aparezcan, como un ritual, se darán a conocer rankings en los que aparecerán con los más altos puntajes los mismos de siempre, de los mismos establecimientos educacionales, con variaciones marginales que no alteran la matriz del tema.
Tales rankings nos dirán que los alumnos de establecimientos particulares pagados obtienen mejores puntajes que aquellos que vienen de particulares subvencionados y que los más bajos puntajes serán de quienes provienen de establecimientos municipales. Se agregará también que la diferencia entre unos y otros se ha incrementado, o que tal o cual establecimiento ha ascendido o descendido, obviando que una golondrina no hace verano.
Tengo la sensación que la rendición de la PSU y sus resultados dicen nada relevante, que dan lo mismo, que no son necesarios, que podríamos ahorrarnos todo el proceso y costos asociados.
No faltarán quienes se pregunten cómo resolver el problema de disponer de un total de vacantes universitarias menor que la cantidad de interesados en seguir estudios universitarios. De partida, debemos reconocer que la brecha entre oferta y demanda está tendiendo a reducirse. Año a año, hay más vacantes, sobre todo en universidades privadas. Aunque mientras subsista esa brecha deberá existir algún mecanismo de selección.
Me gustaría conocer la correlación entre el nivel socioeconómico de los alumnos que rinden la PSU y los resultados que obtienen. Sospecho —por no decir que tengo certeza— que la correlación es altísima. Ojalá los expertos pudieran calcularla. De ser así, se confirmaría que en lugar de que los alumnos rindan la PSU —los medios de comunicación publiquen sus resultados, elaboren rankings, efectúen comparaciones y cosas así— bastaría sólo con publicar los puntajes socioeconómicos de cada alumno, donde los puntajes indiquen el nivel de ingreso de sus familias.
O sea, todo estaría predeterminado por la cuna, por el hogar de donde provenimos, por eso que los sociólogos llaman capital sociocultural, una desigualdad de origen que el sistema educacional chileno es incapaz de alterar. ¿Alguien de buena fe cree que un estudiante pobre de un establecimiento municipal, financiado con una subvención de menos de $ 50 mil mensuales, puede disminuir la distancia con otro estudiante, hijo de una familia de mayores recursos, que puede pagar una matrícula superior a los $ 200 mil mensuales en un particular pagado? Mejor, pedirle peras al olmo.
*Rodolfo Schmal es profesor de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Talca (rschmal@utalca.cl)
