Interpelación a Vidal - El Mostrador

Martes, 21 de noviembre de 2017 Actualizado a las 23:02

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Interpelación a Vidal

por 20 diciembre, 2007

En días recientes, un grupo de parlamentarios ha solicitado que el nuevo ministro secretario general de Gobierno, Francisco Vidal, concurra a la Cámara de Diputados haciendo uso del mecanismo de control introducido por la reforma constitucional de 2005, denominado "interpelación".



Resulta interesante detenerse respecto a la viabilidad del uso de esta institución constitucional para este caso en particular, considerando que los argumentos esgrimidos por los interpelantes tienen que ver con actuaciones que el nuevo secretario de Estado habría realizado en el ejercicio de un cargo similar, en la misma cartera, durante el gobierno anterior, que finalizó el 10 de marzo de 2006.



La institución de la interpelación tiene una doble regulación. Por una parte, la Constitución la establece a propósito de las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, en su artículo 52 N° 1 letra b), señalando que corresponde a la instancia "citar a un ministro de Estado, a petición de a lo menos un tercio de los diputados en ejercicio, a fin de formularle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo".



Por otra parte, el reglamento de la Cámara de Diputados establece una serie de normas entre los artículos 303 quárter y 303 nonies en que transcribe el contenido de la norma y agrega una serie de regulaciones de los aspectos vinculados con la presentación de la solicitud, sus requisitos, quórum para que sea considerada la solicitud y los detalles relativos a la comparecencia.



Tanto la carta fundamental como también el reglamento de la corporación no consideran normas especiales que permitan que una solicitud de comparencia de un ministro de Estado pueda dejarse sin efecto como consecuencia del contenido de las preguntas o cuestionario o por la motivación de la solicitud de interpelación.



Se plantea, por tanto, una interrogante respecto a si procede o no que se pueda citar a un secretario de Estado en ejercicio, bajo este esquema de interpelación, por actuaciones desarrolladas por él en el ejercicio de un cargo similar, pero en un gobierno que ya finalizó su mandato constitucional.



A mi juicio, no por el hecho de que el presidente de la Cámara de Diputados o la mesa no tengan las facultades especiales, en el marco de la normativa sobre interpelación para rechazar la solicitud planteada, ésta interpelación debe ser conocida y tramitada como tal. En efecto, lo que corresponde es que la máxima autoridad de la corporación algo tenga que decir al respecto, planteada esta interrogante, básicamente pensando en que una de las principales funciones de las autoridades de la cámara baja, es procurar que se cumpla fielmente lo preceptuado por la Constitución Política.



En este sentido, una interpretación que dé cuenta de esta relevante función de la autoridad, debiese considerar la norma del reglamento de la corporación que permite que su presidente, respaldado por la mesa, haga una correcta aplicación del este cuerpo legal que la rige, considerando que, más allá de la institución específica de que se trata, se debe garantizar siempre la correcta aplicación de la normativa constitucional, legal y reglamentaria en todas las actuaciones de la Cámara de Diputados, y por cierto, en este caso, rechazar la vista de esta solicitud. Otra cosa es la apreciación que los solicitantes puedan tener de esta decisión y como consecuencia de aquello, el cuestionamiento que éstos puedan hacer de la misma, dentro de los márgenes que la propia institucionalidad contempla.



Y esta decisión de rechazo se debe fundar en que tanto la Constitución como el reglamento de la cámara baja consideran, como se ha citado precedentemente, que la interpelación procede por situaciones que ocurren mientras el ministro se encuentra en el ejercicio de su cargo y no se dice nada respecto a actuaciones en otro período. A mayor abundamiento, existen otras normas que se ubican en el mismo capítulo y artículo 52 de la Constitución, en este caso, el N° 2 y que se refieren a la acusación constitucional que la corporación, cumplidos los requisitos, puede formular a ministros de Estado y a otras autoridades.



En dichas normas se señala que procede mientras la autoridad está en ejercicio y "en los tres meses siguientes a la expiración de su cargo", estableciendo una caducidad expresa a la posibilidad de interponer en sede legislativa dicho mecanismo de fiscalización, trascurrido este plazo. Es evidente, que si el legislador hubiese querido ampliar el período para que se interpelara a un secretario lo habría hecho de la misma forma como lo hizo respecto a la figura de la acusación constitucional, incluso extendiendo el período, si se quiere, hasta el fin de los tiempos. Sin embargo, aquello no ocurrió.



El tema central, en el caso que nos ocupa, tiene que ver con un uso adecuado de los instrumentos de fiscalización. No se trata de coartar las facultades de una entidad tan relevante para la democracia como es la Cámara de Diputados, sino de evitar que por vía oblicua se intente desnaturalizar y desprestigiar una institución nueva que tiene una finalidad que contribuye a la transparencia y al sistema democrático.



Sólo un tercio de la cámara puede interpelar, es decir 40 diputados pueden citar a un ministro. Ciertamente, al igual que las comisiones investigadoras, que se constituyen con dos quintos de los diputados, son poderosas herramientas que tiene la oposición para garantizar una adecuada fiscalización al gobierno. Sin embargo, si se trata de facilitar la fiscalización por la vía de una exigencia de mayoría bajas para interpelar, acusar, citar, oficiar, etcétera, como ocurre hoy, también se debe procurar evitar que estas instituciones se usen de manera inadecuada, por el sólo hecho de contar con la mayoría circunstancial para hacerlo, pues eso sólo produce daño al sistema democrático y desprestigia a sus instituciones.



La política exige responsabilidad de parte de sus actores principales, de sus dirigentes y de los representantes. La de diputados en una cámara política y, por cierto, es donde se debe producir el debate político, a veces duro y difícil, pero siempre dentro de reglas claras, aceptadas y respetadas por todos. Sólo de esa forma se prestigia la política, se motiva la participación y se contribuye a fortalecer y valorar nuestro régimen democrático.



Buscar artilugios para tratar de sacar un dividendo político de corto plazo en nada contribuye a estos objetivos.



Eduardo Cowley P. es ex asesor legislativo

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