Es muy difícil permanecer indiferente frente a la argumentación sostenida por el Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile en torno a los asuntos laborales. En su artículo de El Mercurio, del 18 de diciembre del presente año, titulado el «Tema laboral una vez más», se sostiene que la incorporación de cinco mil trabajadores actualmente subcontratados por Codelco significarían un aumento de salarios para estos trabajadores entre 50 y 100% y, por tanto, habría un gasto adicional para la empresa de US$300 millones anuales que por lo demás dejarían de llegar a las arcas fiscales. Esto último significaría que con la cifra indicada se podrían otorgar casi 20 mil subsidios habitacionales adicionales por año, o bien, podría subirse la subvención escolar en más de 10%. «En cambio, las cerca de 5000 personas beneficiadas se encuentran en el 10% más rico del país» luego la medida sería abiertamente regresiva. Además habría una pérdida de valor de la empresa Codelco del orden de US$ 3.500 millones (por la vía de actualizar a 40 años la cifra de los US$ 300 millones), y, como si esto fuera poco, la «Dirección del Trabajo forzaría el cierre anticipado de algunas de las divisiones de Codelco, con una pérdida de ingresos y empleos considerable».
Ahora bien, nuestras discrepancias con la reciente argumentación no giran en torno a las cifras, sino a los conceptos involucrados. De lo que se trata, en el fondo, y que está en el espíritu y letra de la ley recién aprobada, es corregir la subcontratación o externalización espuria que hacen las empresas y, en este caso, Codelco. Es decir, corregir el hecho de que dos trabajadores que hacen las mismas tareas en el giro propio de la empresa reciban dos salarios diferentes.
Como seguramente debe saberlo nuestro decano, en todas las facultades de economía del mundo se enseña en primer año que la empresa contrata mano de obra y ejerce su demanda de trabajo hasta el momento que el ingreso proveniente de la ocupación de un trabajador suplementario es compensado por los gastos que le causa su empleo o, dicho de otra manera, hasta el punto donde el salario es igual al ingreso que procura el trabajador adicional. Puesto que se supone que todos los trabajadores son intercambiables, todos ellos deben recibir el mismo salario. Es decir, la productividad del trabajador marginal determina así no solamente su salario, pero el de todos los otros trabajadores. En consecuencia, para un salario dado, el volumen de empleo generado por la empresa, seguirá la regla de que el salario sea igual al valor de la productividad marginal del trabajo.
Pues bien, la ley sobre Subcontratación no sólo se inspira de un sentido de justicia (o buenas intenciones, según nuestro decano) sino también en una «buena economía», es decir, aquella donde funcione realmente el mecanismo de mercado, en este caso en el campo laboral, pues lo que ocurre en Codelco (como en muchas otras empresas que subcontratan) es que no se paga la productividad marginal (en valor) de los trabajadores por que se tuerce la nariz al mercado. A una parte de los trabajadores subcontratados en Codelco se les paga entre 50 a 100% por debajo del valor de su productividad marginal porque se alejan de principios elementales que rigen en una economía de mercado. Por lo demás, el manoseado argumento de que los trabajadores de Codelco o de la actividad minera tienen salarios que los «ubica en el 10% más rico», ello se explica también por el funcionamiento de mercado pues se trata de un sector en que el valor de la productividad es el más elevado del país, o es ¿que acaso a nuestros economistas liberales les gustaría que se pagara el salario mínimo en esa actividad? ¿Será que estos economistas tienen un doble estándar para mirar el funcionamiento de la economía?
El resto del artículo que comentamos es el ya repetido argumento de que el aumento del salario mínimo o las reformas laborales castigan el empleo, pues ello aumentaría el costo de la mano de obra. Para demostrarlo se refugian en variados y sofisticados modelos econométricos, sabiendo que este es un campo minado para los economistas pues con tales modelos se puede probar una cosa y su contrario. Cuando el Partido Laborista introdujo el salario mínimo en Gran Bretaña en 1997 aparecieron decenas de estos modelos demostrando que el empleo iba disminuir, pero también, dado el pluralismo existente en ese país, aparecieron decenas de otros modelos que mostraban lo contrario. Finalmente la evidencia histórica demostró que el salario mínimo en ese país no produjo el desempleo previsto por los economistas más conservadores y por el contrario hoy en día Gran Bretaña tiene una de las tasas de desempleo mas baja de la Unión Europea. La econometría es una noble rama de la ciencia económica y que merece todo nuestros respetos salvo cuando se usa como ideología sin explicitar que lo que se busca es demostrar un prejuicio y no un juicio objetivo de la realidad. Los resultados econométricos no son evidencia en la medida, como diría Popper, que exista siempre la posibilidad de refutarla.
El problema de la evaluación de la subcontratación y la aplicación de la ley no son fáciles y no sabemos si la cifra de cinco mil trabajadores en Codelco es la cifra exacta que corresponde, hasta que se expliciten los criterios utilizados para evaluarlos. En último caso la empresa siempre puede recurrir a los tribunales del trabajo para discutir los casos límites. El problema político que ha levantado el tema de la subcontratación, es aún mucho más difícil como ha quedado demostrado. Una cierta desprolijidad política impidió tener una sola opinión como sector público lo que habría obviado muchas de las dificultades actuales y futura en el tratamiento de este tema.
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Alexis Guardia, economista
