Ante los imperativos que enfrenta el país para avanzar en instalar la doctrina de la sustentabilidad en la política pública y en nuestros estilos de vida, el año 2007 será recordado por los importantes pasos dados en función de desarrollar las Energías Renovables No Convencionales en la matriz energética nacional. La actual reforma a le Ley Eléctrica, en discusión parlamentaria, es un gran logro, pues a través de ella el país avanzará en materia de independencia, seguridad y sustentabilidad en esta área, para contrarrestar la dependencia de combustibles fósiles y la contaminación. Del mismo modo, el plan estratégico País de Eficiencia Energética 2008-2015, es destacable como la única área de la administración pública donde el gobierno está haciendo planificación estratégica y sinergia entre políticas publicas para ahorrar energía y divisas, aliviar el bolsillo de los ciudadanos y reducir emisiones de dióxido de carbono (CO2).
También en materia de contaminantes, el reciente dictamen de la Corte de Apelaciones de Santiago, que resolvió contra el decreto que mantiene al Gran Concepción como «zona de latencia», debe ser resaltado pues Conama Región del Bío Bío ha ignorado las mediciones de una estación de monitoreo de Talcahuano y abandonado su función de proteger a los vecinos de la población Libertad, una Zona Saturada de material particulado grueso (PM10) desde hace varios años.
La importancia de reducir las emisiones es vital, así quedó definido por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por su sigla en inglés), que en 2007 estableció la certeza científica de que el calentamiento global es causado por la era industrial y por estilos de vida ineficientes y consumistas, que han llevado a que en promedio cada persona emita anualmente 536 kilos dióxido de carbono. Este notable acontecimiento fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, recibido por los científicos del IPCC y Al Gore.
Sin embargo, Chile es el mayor emisor de dióxido de carbono CO2 de América Latina. Además, es el país occidental con mayor crecimiento de emisiones desde 1990; en 2004 duplicó la tasa media de emisiones de la región, cuadruplicó la tasa mundial y hoy expande sus emisiones a una tasa de 5% anual, según mediciones de la Agencia Internacional de Energía y del Fondo Monetario Internacional muestran a Chile.
Lo peor del año es atribuible a Minera Los Pelambres, por sus cuatro derrames de 6.000.000 de litros de relaves en el río Cuncumén, Región de Coquimbo; a Celco-Licancel, por sus dos vertidos de licor negro en el río Mataquito, Región del Maule; y a la Empresa Nacional de Petróleo, por derramar 500.000 litros de petróleo en la Bahía de San Vicente, Región del Bío Bío. Estos daños ambientales son inaceptables, por cuando confirman el afán de externalizar costos para obtener ventajas competitivas.
Aun cuando este tipo de impactos podrían ser fiscalizados con el rigor del gobierno o en instancias representativas, el Ejecutivo optó sin embargo por conformar una Mesa Público-privada de Seguimiento de la Gestión Ambiental, considerando sólo al empresariado industrial y no al sector académico, a empresarios agrícolas, al Ministerio de Agricultura y a ONG ambientalistas y ciudadanas. Así, se alimenta la ventaja de los proponentes, que en realidad deberían ser más fiscalizados, y se perjudica a quienes resultan afectados por el impacto ambiental de emprendimientos productivos.
Entre lo peor del año debemos mencionar el permiso del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para la fusión de Endesa y Colbún, que planean construir megacentrales hidroeléctricas en ríos de la Patagonia. Si finalmente este consorcio logra imponer esta dañina iniciativa, el país asistirá a otro escándalo de concentración económica, ya que este grupo podría controlar casi 90% del mercado eléctrico del Sistema Interconectado Central. En este sentido, la crítica se dirige también contra el TDLC, que se acostumbró a decidir sobre la base de meras formalidades y sofismas que contradicen el espíritu de sus funciones.
También en materia de debate energético, el informe Zanelli sobre la energía nuclear representó un derroche de recursos públicos, pues la energía nuclear es peligrosa y cara y dicho informe no pudo concluir a favor o en contra. Si llega a desarrollarse esta opción en nuestro país, aumentará la dependencia energética y tecnológica; heredaremos a nuestros hijos desechos radiactivos y mantendremos a la sociedad en riesgo permanente por ser un país sísmico.
Otro aspecto muy criticable es el permiso otorgado vía Declaración de Impacto Ambiental a una empresa del grupo Angelini para realizar prospecciones mineras en la Reserva Nacional Las Vicuñas, en la Región de Arica y Parinacota, pues el país asiste a una grave ilegalidad. Esta reserva, junto con el Parque Nacional Lauca y el Monumento Natural Salar de Surire, conforman una unidad como Reserva de la Biosfera otorgada por la Unesco, en 1981, y por si fuera poco, al autorizar esta exploración minera se están violando convenios internacionales como los de la Diversidad Biológica, la Convención de Washington, la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural y el Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, además de no respetar apartados ambientales en el pacto comercial entre Chile y Canadá.
Finalmente, el Transantiago debe integrarse a lo peor del año, ya que el sesgo tecnocrático que lo caracteriza ha significado un retroceso constante de la calidad y legitimidad del transporte público, mayor estrés de los ciudadanos y especialmente un grave incremento de venta de autos nuevos y usados, los que agravan la congestión y las emisiones contaminantes.
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Sara Larraín. Directora del Programa Chile Sustentable. comunicaciones@chilesustentable.net
