Editorial: Colombia y el negocio de la dignidad humana - El Mostrador

Domingo, 19 de noviembre de 2017 Actualizado a las 12:59

Editorial: Colombia y el negocio de la dignidad humana

por 3 enero, 2008

La fallida operación de entrega de rehenes por parte de las FARC al presidente venezolano, Hugo Chávez, pese a que contaba con el beneplácito del presidente colombiano, Álvaro Uribe, y la activa participación de garantes internacionales europeos y sudamericanos, además de la Cruz Roja, constituye una prueba extrema del escaso valor de la vida y los derechos humanos en Colombia.



El trasfondo del acto humanitario fallido es una larga lista de violaciones a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, que muestran que lo menos importante para los beligerantes es y ha sido la gente que aseguran proteger o dicen dignificar.



Según cifras oficiales, en la última década, más de 25 mil colombianos han sido secuestrados o privados ilegalmente de su libertad. Unos siete mil por parte de las FARC y más de cinco mil por el ELN, ya disuelto, ambas guerrillas izquierdistas. Más de mil doscientos por los paramilitares derechistas, casi cuatro mil por la delincuencia común, y entre cinco y siete mil sin responsables declarados o evidentes.



Tales cifras indican una ausencia del Estado y dominio de la impunidad en materia de seguridad, con el agravante de que en demasiadas ocasiones, particularmente en los ilícitos cometidos por los paramilitares, el vínculo con el Estado aparece evidente y como parte del problema.



La guerrilla, luego de cuatro décadas de conflicto armado, se ha transformado en una fuerza insurgente burocrática, vinculada al narcotráfico, que recluta pagando salarios, y que con la toma de rehenes obtiene un escudo de seguridad en sus territorios.



Desde hace cuatro años, uno y otro bando han endurecido su posición, en un conflicto que, al parecer, no tiene solución militar sino política y, por lo tanto, requiere de un marco más flexible para articular negociaciones exitosas.



La reforma constitucional de 2003, que estableció el nuevo estatuto antiterrorista de Colombia, fue ampliamente criticada como vulneratoria de la Convención Americana de Derechos Humanos por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Colombia; por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, por el Comité contra la Tortura de la ONU y el Comisario de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Sin embargo, el presidente Uribe, con un fuerte apoyo del gobierno de Estados Unidos, la ha sostenido y profundizado.



Las FARC, el año 2004, fueron duramente cuestionadas en el exterior por su práctica de asesinar dirigentes indígenas o tomarlos como rehenes cuando éstos se oponían a la lógica de la guerra. Tiene rehenes por más de diez años.



En estas circunstancias, la operación humanitaria de canje de prisioneros tenía pocas posibilidades de éxito. No por difícil, sino por no calzar con el interés político inmediato de los actores, a excepción de Chávez. Este, en una conferencia de prensa a raíz del fracaso, declaró que sus iniciativas emblemáticas como Banco Sur, Petrosur, Gasoducto del Sur y la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), eran poco viables si no hay paz en Colombia. Dando con esto razón a la geopolítica de Estados Unidos.



Para el Estado colombiano, el trato con la guerrilla implica el reconocimiento de su propia debilidad, toda vez que, a nivel de discurso político, no ha dejado de demandar rendición de la guerrilla, su desarme, entrega de territorios, asimilación y exilio de los principales dirigentes.



La guerrilla está en lo suyo. Propaganda armada usando rehenes y la espectacularidad del operativo de canje fallido, que demuestran su fortaleza militar y su poder político, tratando de exigir autonomía territorial, estatus político constituyente y legalidad para sus negocios.



Los rehenes son, entonces, la mercancía de un infamante negocio contra la dignidad humana. Entablado entre un Estado fallido en su función principal (cual es la protección de sus habitantes) y una guerrilla que ha perdido toda legitimidad política, que alguna vez reclamó, al infringir las normas más elementales del derecho internacional humanitario.



Lo que los beligerantes no deben olvidar, especialmente los guerrilleros que toman rehenes, es que el derecho internacional considera ahora como punible las violaciones de derechos humanos o de derecho humanitario en los conflictos internos de los países. Y está muy cerca el día en que tales ilícitos serán perseguidos y juzgados a lo largo y ancho de todo el mundo civilizado.



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