Con respecto a la situación de los pueblos indígenas en Chile, no hemos estado concordantes con los cambios que a nivel internacional se plantean. En nuestro país, se mantienen pendientes las demandas de los pueblos indígenas de ser parte del contrato social, de ser reconocidos en la Constitución y la necesaria ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Estos compromisos los asumió el entonces candidato a la presidencia Patricio Aylwin con los pueblos indígenas en Nueva Imperial y aún siguen sin respuesta efectiva, ya en el cuarto gobierno liderado por la Concertación, habiendo contado con las mayorías parlamentarias necesarias.
El tema pasa ya por un tema de voluntad política. En 2007, ya no se aplicó la ley Antiterrorista, pero esto no quita que por otras formas, como por el robo de animales (abigeato), o por otros motivos, como fue la búsqueda de ex lautaristas en la comuna de Ercilla, se ingrese violentamente a las comunidades mapuche, como a la de Temucuicui, persiguiendo a dichos «prófugos».
Así, las formas cambian pero los medios de represión continúan ejerciéndose, afectando gravemente a los niños y ancianos especialmente. No es posible hablar de meses de diálogo, si continúan «militarizadas» las zonas donde viven las comunidades. Y esto ha quedado claro en la situación de los huelguistas mapuche.
Ya no se aplicaría la ley Antiterrorista, pero ¿qué pasa con quienes fueron condenados por dicha ley como en el caso de «la Chepa» (Patricia Troncoso)? ¿son «terroristas»? Si no lo son, ¿tendrían entonces la calidad de presos políticos? Porque se encontrarían sancionados por una ley que arbitrariamente se utilizaría por la autoridad; así, antes se aplicaba y ahora no.
Tenemos por lo tanto, una importante deuda en la necesaria modificación de esta ley y en la necesidad de revisar alguna salida también frente a la situación que viven actualmente los huelguistas. Y los cambios deben ser mayores. De hecho, en el ámbito internacional se dio un paso muy importante en 2007. Se aprobó la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, el 13 de septiembre, después de un cuarto de siglo de discusión. Este instrumento constituye un avance importante en el reconocimiento de sus derechos, y debiésemos, a la luz de esta declaración, actualizar nuestras normativas para que efectivamente puedan ejercerlos, porque la situación del pueblo mapuche no es el «conflicto mapuche», es una cuestión de toda nuestra sociedad, sobre la cual, no hemos sido capaces de dialogar.
Patricia Albornoz es directora del Departamento de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Central
