Editorial: Los ambiguos protocolos del poder presidencial - El Mostrador

Miércoles, 22 de noviembre de 2017 Actualizado a las 09:53

Editorial: Los ambiguos protocolos del poder presidencial

por 8 enero, 2008

El esperado cambio de gabinete se ha ido produciendo a gotas, en una larga jornada política que ya dura meses. En medio del silencio gubernamental y con un amplio espacio para las especulaciones, queda la impresión de que estamos asistiendo a una lenta disolución de la Concertación, si no querida, al menos causada directamente por una conducción hermética y errática del gobierno.



En un régimen presidencial, es la conducción del primer mandatario la que determina el consenso interno de la coalición, la forma del trato digno entre las autoridades, los modos de consulta, la transparencia y el talante con que se administra el poder gubernamental. Porque los sistemas políticos democráticos no son sólo un conjunto frío de normas y competencias legales. Son también prácticas culturales de gobierno que trasforman los consensos básicos en reglas de comportamiento y valores que alientan las instituciones y orientan todo el sistema.



Lo actuado por Michelle Bachelet deja la clara impresión de estar frente a un gobierno abiertamente desaprensivo en materia de cortesía y transparencia política y sin mayor interés por el cultivo de las confianzas y la solidaridad al interior del mismo Ejecutivo, ni por el cuidado de los afectos cívicos frente a los partidos que lo sustentan. En la práctica, durante la mayor parte de su ejercicio ha preferido salir a buscar apoyos fuera de su coalición antes que tratar de arreglar las desavenencias en su interior; no ha trepidado en mostrarse abiertamente instrumental respecto de la oposición, y ha reprendido y amenazado abiertamente y en público a los funcionarios de su confianza.



La forma como tales hechos se producen se vinculan directamente a la personalidad de la Presidenta, quien, para muchos miembros de la Concertación, ha hecho un uso depredatorio del capital político que exhibía este conglomerado al momento de llegar ella al poder. No sólo del capital político, incluida su cohesión interna, sino también de su credibilidad económica y de su eficiencia en materia de paz social.



Si el tema fuera sólo un asunto de estilo o afectara exclusivamente a la coalición oficialista, no tendría mayor importancia. Lamentablemente el régimen político conserva parte importante del espíritu autoritario de la Constitución de 1980, el cual sólo puede ser morigerado por un ejercicio prudente y austero del poder presidencial.



La renuncia de Belisario Velasco al gabinete puso otra nota de alerta sobre este problema. El ministro del Interior no es sólo un funcionario de absoluta confianza de la Presidenta, sino también la segunda autoridad política del sistema. Y aunque su poder sea delegado, cumple una de las funciones más delicadas del Estado, cual es la de conducir la Seguridad Pública y el Orden Interno, además de una eventual jefatura o coordinación de gabinete.



Omitirlo de las decisiones importantes de gobierno, haciéndolo evidente ante el resto de los funcionarios, no sólo afecta la dignidad política y personal del ministro, sino también disuelve la autoridad del Estado al crear de facto un vacío sectorial en un área fundamental del mismo. No debe olvidarse que la renuncia de Belisario Velasco se produjo en el momento de los luctuosos sucesos de Vilcún, que terminaron con un estudiante mapuche muerto por Carabineros.



La ambigüedad de los protocolos del poder presidencial ha quedado refrendada, además, con el cambio de cinco intendentes, entre ellos los de la Región Metropolitana y de la IX Región, sin que esté aún designado el nuevo ministro del Interior. La conclusión inevitable es que la mandataria ha asumido directamente la responsabilidad política de lo que en estas regiones ocurra. En estricto rigor, el nuevo ministro será solo un incumbente burocrático respecto de una confianza presidencial notificada, sin intermediarios, a los nuevos intendentes designados.



Existe un conjunto amplio de problemas económicos y sociales que resulta urgente atender. Desde coherencia en materia de políticas económicas hasta problemas de orden y seguridad publica, como el conflicto mapuche. Sin embargo, la acción de la Presidenta de la República se orienta crecientemente más a un enfoque mediático y personalizado de su gestión que a un diseño meditado de su agenda política.

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