El embajador chileno en España se retiró «preocupado» del juicio contra dos jóvenes chilenos que, junto a un argentino, están acusados de agredir a un policía municipal de Barcelona y como consecuencia de ello quedó disminuido de por vida. Osvaldo Puccio espera «recuperar la tranquilidad con el fallo».
Menos diplomático, el senador Jaime Naranjo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, volvió a Chile «con la sensación de que los tres son inocentes, porque la fiscal formula peguntas inconducentes a establecer pruebas que demuestren su responsabilidad. Yo espero que los jueces, ahí sentados, corrijan esta aberración jurídica en un país, como España, en que se cree que existe el imperio de la ley».
El abogado Gonzalo Boye, defensor de Rodrigo Lanza, el que lanzó la piedra en la frente del guardia, según la policía, confesó que el tribunal que dictará el fallo es el mismo que le negó tramitar diligencias claves para investigar el caso y que ha demostrado evidente parcialidad.
Entre los rechazos del juez instructor sobresale el no dar lugar a la petición de la defensa de solicitar las declaraciones y la presencia del entonces alcalde de Barcelona, Joan Clos, que, el mismo día del suceso, informó que el guardia había recibido el impacto de una maceta arrojada desde lo alto de la casa de la fiesta en cuestión.
A esta versión se contrapone la elaborada con posterioridad por la Guardia Urbana, la sostiene que su compañero cayó producto de una pedrada frontal salida de las manos de Lanza, único elemento en que la Fiscal basa su acusación. El presidente del Tribunal en el juicio manifiesto un desinterés por conocer sobre las posibilidades de que una maceta hubiera sido el objeto que impactó al policía. Objetó cada pregunta del abogado Boye que hacía referencia a la misma, diciendo que «no eso no interesaba al tribunal».
Sin embargo, ante el mismo, cuatro de seis peritos, entre ellos médicos forenses y neurocirujanos y catedráticos de la especialidad descartaron la caída hacia atrás en posición rígida del policía, como resultado de una pedrada. Por el contrario, afirmaron que, según los informes, se deduce una caída hacia delante y, por lo tanto, el impacto del objeto (posibilidad de una maceta) el policía lo recibió en la parte posterior o en un lado de la cabeza.
A dos años del suceso, el 4 de febrero de 2006, la policía detuvo a tres sudamericanos y seis europeos, acusando a los primeros de agresión a un policía y a los demás de lanzar objetos peligrosos. Los chilenos y el argentino fueron torturados por la policía urbana y autonómica (el ministro del interior del gobierno catalán, el ecosocialista Joan Saura, instruyó la colocación de cámaras de vigilancia en todos los recintos de detención de los mossos d’esquadra (policía catalana) ante evidencias de que se tortura en sus cuarteles).
Tras el acontecimiento, la Guardia Urbana dio luz verde para que desaparecieran los objetos (piedras, trozos de macetas, restos de vidrios, latas, etc) arrojados en el lugar, y los servicios, contratados por el ayuntamiento, hicieran una profunda limpieza, lo que ha condicionado en forma importante la acción investigadora de la justicia.
La animadversión de la policía contra los jóvenes chilenos y argentino, sin antecedentes penales, se trasladó al juez instructor. Éste negó concederles la libertad provisional y desestimó en forma sistemática diligencias indagatorias presentadas por la defensa. Resultado, una acusación basada exclusivamente en el atestado elaborado por la Guardia Urbana y que los 18 policías repitieron de memoria ante el tribunal. Su presidente, a su vez, hizo valer sus facultades para contener indagaciones en el juicio disfuncionales a la acusación de la fiscal.
Tras todo ello, el embajador Puccio, interesado en el caso, informa a la Cancillería, el senador Naranjo se entrevista con sus autoridades y prevenirlas ante la posibilidad de consumarse «un acto de aberración jurídica», porque si así fuera, dice, «no podemos quedarnos mirando como si nada pasara».
Pablo Portales, periodista
