El homicidio del joven Matías Catrileo, por parte de Carabineros, y la extrema negligencia gubernamental en el caso de la huelga de hambre de Patricia Troncoso; constituyen síntomas de la pésima gestión del gobierno de Bachelet respecto del tema indígena.
Para comprender este tema es importante tener en cuenta que el pueblo mapuche ha sido una víctima permanente de políticas genocidas y de despojo que ya alcanzan más de 450 años. Primero de los españoles durante la Conquista y la Colonia. Y luego, a partir de la década de los 60 del siglo XIX, del Estado chileno. Porque lo que no es muy conocido es que luego de la Independencia nuestra oligarquía buscó durante muchos años la integración pacífica de los mapuches a la comunidad nacional. Política que fue refrendada por políticos e intelectuales tan ilustres como Antonio Varas, Vicente Pérez Rosales, José Victorino Lastarria e Ignacio Domeyko.
Incluso Domeyko -que posteriormente llegaría a ser rector de la Universidad de Chile-, producto de una larga estadía de observación y estudio en la Araucanía, publicó un libro al respecto («Araucanía y sus habitantes», en 1845) en que planteó un conjunto de sugerencias para fortalecer dicha política de integración pacífica. Y lo que es tremendamente impactante, formuló una profética advertencia que fue completamente desoída una generación más tarde: «Los hombres de este temple (los mapuches) no se convencen con las armas: con ellas sólo se exterminan o se envilecen. En ambos casos la reducción sería un crimen cometido a costa de la más preciosa sangre chilena».
El giro copernicano en la política oligárquica se explica por diversos factores. Pero ciertamente uno fue decisivo: la codicia de tierras. De acuerdo a José Bengoa («Historia del pueblo mapuche. Siglos XIX y XX»), el boom de las exportaciones de trigo fue de tal intensidad que produjo que el precio de una hectárea en el valle del Maipo subiera de 8 pesos en 1820 a más de 300 pesos en 1860. Así, desde fines de los 50, comenzó una campaña sistemática de prensa -liderada por «El Mercurio» de Valparaíso- que comenzó a describir a los mapuches como «hordas salvajes»; «horda de fieras que es urgente encadenar o destruir en el interés de la humanidad y en bien de la civilización»; y «raza soberbia y sanguinaria, cuya sola presencia en esas campañas es una amenaza palpitante, una angustia para las riquezas de las ricas provincias del sur».
Esta campaña fue duramente denunciada en «La Revista Católica» (órgano oficial de la Iglesia) del 4 de Junio de 1859, que planteaba «que se pide a nuestro gobierno el EXTERMINIO (mayúscula en el original) de los araucanos, sin más razón que la barbarie de sus habitantes y la conveniencia de apoderarnos de su rico territorio» y que «las ideas de El Mercurio sólo pueden hallar favorable acogida en almas ofuscadas por la codicia y que han dado un triste adiós a los principios eternos de lo justo, de lo bueno, de lo honesto; sólo pueden refugiarse en los corazones fríos, sanguinarios, crueles, que palpitan de alegría cuando presencian las últimas convulsiones de una víctima».
En el debate parlamentario que terminó con la «legalización» del despojo de las tierras de los mapuches, Benjamín Vicuña Mackenna llegó a señalar que el indio «no era sino un bruto indomable, enemigo de la civilización, porque sólo adora los vicios en que vive sumergido, la ociosidad, la embriaguez, la mentira, la traición y todo ese conjunto de abominaciones que constituyen la vida salvaje»; y que «el rostro aplastado, signo de la barbarie y ferocidad del auca, denuncia la verdadera capacidad de una raza que no forma parte del pueblo chileno.»
Finalmente, con las honrosas excepciones de Lastarria, Manuel Antonio Matta y Angel Custodio Gallo; la Cámara de Diputados aprobó, en agosto de 1868, el presupuesto para llevar a cabo los planes de ocupación militar propuestos por Cornelio Saavedra (Ver Jorge Pinto.- «De la Inclusión a la Exclusión. La formación del estado, la nación y el pueblo mapuche»).
La guerra de ocupación («pacificación de la Araucanía») se llevó a efecto con extrema barbarie, incluso contra la población civil: «Se incendiaban las rucas, se mataba y capturaba mujeres y niños, se arreaba con los animales y se quemaban las sementeras. Estamos ante una de las páginas más negras de la historia de Chile» (Bengoa). Producto de los combates, ejecuciones, hambrunas y epidemias de cólera y viruela asociadas; Bengoa calcula que la derrota mapuche significó la muerte de alrededor del 20% de su población. Y el despojo del 90% de su territorio: «En definitiva, de 10 millones de hectáreas aproximadas que corresponden a las regiones del Sur que habitaban los mapuches, el Estado les cedió unas 500 mil y los dejó ocupando otro tanto en Osorno y Valdivia, sin protección legal alguna».
Con posterioridad al proceso de «radicación» de mapuches con «títulos de merced» -desarrollado entre 1884 y 1929- los mapuches siguieron siendo víctimas de despojos a través de amedrentamientos violentos y farsas judiciales a los que se prestaban la generalidad de los tribunales locales. Y, además, sufrieron permanentes ofensivas para lograr la división de sus comunidades y su «asimilación» definitiva a la chilenidad, esto es, su destrucción total como pueblo con identidad propia.
Es sólo con la ley indígena de 1992 que por primera vez -desde la «pacificación de la Araucanía»- la sociedad y el Estado comienzan a respetar los derechos de los indígenas chilenos. Sin embargo, aquella ley es completamente insuficiente como para revertir significativamente su situación de miseria, segregación y abatimiento social y político. Si a eso agregamos la aplicación contra dirigentes y activistas mapuches de la ley anti-terrorista, por sus luchas de recuperación de tierras, mantenemos una situación de aguda represión; tal como lo han señalado múltiples organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y el Relator Especial de Naciones Unidas para cuestiones indígenas, Rodolfo Stavenhagen.
Todo lo anterior se ve agravado por el virtual rechazo gubernamental del conjunto de propuestas destinadas a fortalecer los derechos de los pueblos indígenas que hiciera la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato de los Pueblos Indígenas. Comisión que fue designada por el propio gobierno de Lagos en enero de 2001; presidida por el ex Presidente Aylwin; y compuesta por destacados especialistas en el tema, políticos, profesionales y dirigentes de diversos pueblos indígenas. ¿Qué esperamos para aplicar dichas propuestas destinadas a paliar en algo nuestra gigantesca deuda histórica con los pueblos originarios de Chile?
Felipe Portales, sociólogo
