La presentación hecha por Perú contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya abre un capítulo complejo en las relaciones vecinales, que debe ser escrito con extremo cuidado por ambos países, porque independientemente de los argumentos jurídicos y sus posiciones, la calidad y cantidad de los instrumentos políticos y diplomáticos de que disponen para sus relaciones son más bien escasos y pueden verse superados por rezagos de rencillas del pasado.
La mayoría de los intercambios entre Chile y Perú son de carácter público, es decir, dependen de la voluntad de los estados. Y los que corresponden a la iniciativa o esfera de decisión privada, como las inversiones económicas o las migraciones, tienen un vínculo muy sensible a la actitud de los estados o a las atmósferas generadas por la volátil opinión pública.
De ahí que resulta muy importante cuidar en extremo el lenguaje y las formas. Corresponde a las autoridades públicas de ambos países contribuir a un clima de respeto mutuo a objeto que el lenguaje, actitudes y las posturas no sean influidas por actitudes nacionalistas y agresivas, destinadas a escalar la demanda.
Así, no aparece como conveniente ni razonable que las vocerías directas sean ejercidas por funcionarios militares, o por autoridades políticas desde plataformas que subrayan aspectos de fuerza, como cuando hablan desde un recinto militar o a propósito de actos simbólicos estrechamente vinculados a la historia militar. El trabajo sustantivo debe estar dirigido a cultivar confianzas y ampliar los vínculos de manera transparente y amistosa.
Mientras dure el diferendo en La Haya, esto será crucial, pues seguirá operando el status quo y, por ende, la soberanía de Chile sobre la porción de mar que demanda Perú, fundada tanto en la Convención sobre Fronteras Marítimas de diciembre de 1954, en el Marco del Tratado sobre el Pacífico Sur, como en la práctica pacífica mutuamente reconocida desde hace más de 50 años.
Si bien las autoridades peruanas han sido enfáticas en resaltar que el diferendo no debe alterar las relaciones entre ambos países, ya se escuchan voces de connotadas personalidades peruanas que incentivan una visión más dura que la oficial, llamando a tener cuidado con la "penetración económica" y a no separar el problema marítimo de las relaciones comerciales.
Dado el tipo de tribunal que es la corte internacional de La Haya, el problema ya está situado en una esfera globalizada, que hace más difusos los temas de soberanía y que plantea problemas de intereses que, eventualmente, pueden trascender a los litigantes directos.
Tal situación no es igual para Chile que Perú. Para Chile es parte de su interés nacional estratégico una inserción activa, cooperadora y pacífica en el medio internacional. Tiene mucho que perder de una imagen de trasgresor o de inflexible ante la comunidad internacional. Perú, en cambio, ha hecho de este tema un problema relevante de política interior, lo que generalmente resulta evidente en relación a la estabilidad de sus gobiernos.
El tribunal de La Haya es una entidad de 15 jueces, todos de diferentes países, que son elegidos por sus méritos y que, por lo tanto, expresan un cierto estado de la juridicidad internacional, de manera bastante independiente de los estados. Es más, uno de los objetivos de su integración es que en el tribunal queden representados todos los sistemas jurídicos relevantes del sistema de Naciones Unidas.
Esto, unido a sus competencias, genera un grado de incertidumbre en los resultados que es necesario considerar. El tribunal tiene la posibilidad de disponer medidas provisionales o requerir información de organizaciones internacionales públicas, o recurrir a convenios internacionales expresamente reconocidos por los litigantes. Cosa que seguramente hará en relación al Acuerdo Permanente sobre el Pacífico Sur suscrito por Chile, Ecuador, Perú y Colombia, pero que puede ampliarse a otros instrumentos internacionales.
También puede resolver de acuerdo a criterios de equidad o de la costumbre internacionales. Además, su reglamento reconoce el derecho a un tercer estado interesado para ser informado adecuadamente acerca del juicio y, eventualmente, para hacer valer sus puntos de vista en el mismo.
Se requiere, por tanto, una fuerte atención a los detalles y un accionar consistente en todos los ámbitos de la política del Estado, no solo los diplomáticos o los políticos, porque parte importante de las relaciones son rutinas comerciales, servicios portuarios o aduaneros, facilidades turísticas o temas migratorios, todos los cuales ya están bajo el escrutinio crítico del nacionalismo populista, a ambos lados de la frontera.
Estamos frente a un proceso de larga duración en el tiempo, que abarcará a lo menos dos periodos presidenciales más. Esto exige que la defensa del interés nacional sea además compatibilizada con la permanente vocación a relaciones internacionales de cooperación y confianza con los países que tenemos fronteras e historia común.
