Aún cuando el huracán mediático respecto al escándalo en el tema de las subvenciones escolares está en pleno desarrollo, vale la pena detenerse a hacer algunas reflexiones.
La prensa nos ha informado profusamente de las consecuencias patrimoniales que para el fisco tendrían estas anomalías. Sin embargo, hay cierta disparidad a la hora de dilucidar las responsabilidades del mundo público y del privado. Y eso porque en realidad a quienes detentan responsabilidades públicas les cabe cumplir con mayores estándares éticos de momento que tienen a su cargo el patrimonio de todos nosotros.
Es correcto, entonces, el énfasis mediático que apunta a los ‘desórdenes administrativos’, la ‘falta de fiscalización’, la ‘pérdida de recursos’, todos ellos mínimos exigidos en el desempeño de las funciones públicas y, aparentemente, no cumplidos a cabalidad por los señalados en las páginas de los medios.
Pero no hay que perder la vista en torno a los principales «beneficiados». Estamos, todo parece indicarlo así, en la presencia de delitos funcionarios y delitos realizados por particulares en desmedro del fisco, estos últimos son los más numerosos y onerosos. Estamos hablando de sostenedores, muchos de ellos, que engañaron al Estado presentando falsas declaraciones de asistencia para embolsarse dineros que estaban destinados a financiar la educación de los niños más pobres de Chile.
Hago hincapié en esto, luego de avalar las mayores responsabilidades públicas, porque los principales defensores de la figura de los sostenedores en Educación hoy guardan silencio. Porque la Alianza derechista, durante el año pasado, ha interpuesto todo tipo de reparos para realizar más profundas reformas al sistema educacional. Así es, todo su discurso de 2007 estuvo enfocado en rechazar la «estatización» de la educación, mostrando las ganas «trasnochadas» de una Concertación que atacaba la libertad de educación y retrotraía la historia de avances de los privados.
Sin embargo, cuando estos últimos no actúan correctamente, vulneran la fe pública, se apropian de la plata de todos los chilenos, guardan silencio y señalan las responsabilidades fiscalizadoras de un Estado casi desmantelado en la LOCE aún vigente y dictada cuando ellos eran gobierno.
La Alianza tiene doble estándar en esta materia. Ya lo habíamos apreciado en 2006, cuando en medio de la revolución pingüina surgieron una serie de denuncias por los colegios Britania y otros en que quedaba demostrado que el dinero de las subvenciones no eran invertidos en la educación de los estudiantes, el pago de los profesores de esos establecimientos, las mejoras de infraestructuras de los mismos. Entonces, como ahora, miraron hacia el lado y apuntaron a las responsabilidades gubernamentales. Ni un reproche, ni un tirón de orejas a quienes en el negocio de la educación no sólo ganaban mucho dinero sino que, además, defraudaban la fe pública.
Vino luego la discusión en el parlamento. En principio, intentaron negarse a la tramitación del proyecto de Ley General de Educación del Gobierno; en un momento más reflexivo presentaron un proyecto alternativo y recogieron el aumento del control y la fiscalización a la educación privada; pero no de la forma como gran parte del mundo educativo hubiese querido; aunque arribaron a un acuerdo nacional hicieron todo lo posible por morigerar las intenciones de establecer un sistema más transparente y de mayor control estatal.
Ahora están entusiasmados en sacar provecho político de estos hechos, ponen todos sus esfuerzos en levantar una acusación constitucional contra la ministra de Educación.
¿Reflexiones respecto a las correcciones legislativas necesarias para cerrar espacios a los defraudadores? Nada. ¿Iniciativas para garantizar el correcto uso y control de las platas fiscales? Tampoco.
Eso ocurre cuando los bloques se mueven por los cálculos políticos, cuando la ansiedad nubla el sentido de Estado que los políticos debemos tener. Tal como hace unos pocos días, «celebraron» el fracaso de una política pública del Transantiago, sin importarles el sufrimiento de los usuarios, hoy concentran sus esfuerzos en denostar la función pública, provocar la caída de un ministro de Estado y pasarle la cuenta a un Estado débil y carente de las atribuciones y recursos para garantizar el buen uso de los dineros fiscales.
Los privados que defraudan y engañan al Estado, ignorados. Mediáticamente ausentes, no son condenados ni reciben recriminaciones en las diatribas de la Alianza, salvados de la sobreexposición: para ellos, la derecha -nuevamente- no tiene ni reproches ni tirones de orejas.
(*) Profesor de Historia y Geografía, consejero nacional del PPD
