El proyecto de ley del Ejecutivo recientemente presentado al parlamento, no es más que un intento de blanquear la actual Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), la cual fue modificada por la dictadura, acondicionándola al modelo económico impuesto por ella, entregando a las «fuerzas del mercado» el futuro de las ciudades y circunscribiendo el papel del Estado a su «rol subsidiario».
Este sello ha sido mantenido por los gobiernos de la Concertación y las múltiples modificaciones a la LGUC y a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que a través de la dictación de decretos supremos y circulares del Ministerio de Obras Públicas, no han hecho más que ratificar su trasfondo neoliberal de la misma, claramente al servicio de la Industria Inmobiliaria. Las modificaciones propuestas por el ejecutivo, extrañamente ingresadas por segunda vez consecutiva al Senado y no a la Cámara de Diputados, sólo pretenden legitimar ante la ciudadanía y la opinión pública esta ley profundamente antidemocrática en sus orígenes y posteriores modificaciones, ya que incorpora artículos que aparentemente permitirían una supuesta participación ciudadana.
Pero si analizamos en detalle el proyecto, nos damos cuenta de que esto es sólo un discurso, y que las propuestas no representan un real y efectivo proceso de incorporación de la ciudadanía en la toma de decisiones respecto del futuro de nuestras ciudades, barrios y comunas. En resumidas cuentas, es el mismo discurso del «gobierno ciudadano» que venimos escuchando desde el inicio de la actual administración y que en la práctica no se traduce en instrumentos concretos y efectivos de participación ciudadana, como lo reconoce el propio gobierno.
Por otra parte , en la práctica la permisividad de las Políticas de Vivienda y de Obras Públicas, entre ellas, los Planes Reguladores Regionales – en especial el PRMS – y la Ley de Concesiones, amparados por la actual LGUC, se han convertido en la «política de empleo oficial» desde 1990 a la fecha. Este parece ser el eje entre el Ejecutivo y la Industria Inmobiliaria. La construcción y su efecto multiplicador sobre la industria, el comercio y los servicios explican el porcentaje mayoritario de las fuentes de generación de empleo del modelo económico vigente.
Junto con ello, el endeudamiento de la clase media y de la clase trabajadora, inmoviliza a miles y miles de chilenas y chilenos que sólo están preocupados de no perder su fuente de trabajo y poder así seguir cancelando sus deudas bancarias y comerciales para no exponerse a embargos y a perderlo todo. De acuerdo a estudios recientes, no debe sorprendernos que el 20% más pobre de la población destina el 61% de sus ingresos mensuales a pagar deudas de consumo (estudio del banco BBVA en base a datos de la encuesta Casen 2006. La Nación Domingo 3 de febrero de 2008. Página 27).
Esto es lo perverso del modelo. Es por ello que la ciudadanía tiene miedo a organizarse en sindicatos, juntas de vecinos, asociaciones de consumidores, etc. etc. Saben que si pierden su empleo sus familias quedarán expuestas a enfrentar las «penas del infierno».
Es por lo anteriormente expuesto que se hace imperativo denunciar a la opinión pública las verdaderas intenciones que se esconden tras este proyecto de ley y sumar al máximo de organizaciones ciudadanas territoriales y temáticas posibles de todo el país a esta convocatoria.
A su vez debemos presionar a la comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado para que modifique el actual calendario y reciba a todas las organizaciones ciudadanas que manifiesten su intención de expresar su posición frente a la actual LGUC, el proyecto de ley del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y las propuestas concretas de dichas organizaciones en relación a los mecanismos de participación ciudadana que una ley que regulará nuestras ciudades, y por lo tanto nuestra calidad de vida y el futuro de nuestras familias, debe incorporar urgentemente.
Para nadie es un misterio que esta ley se enmarca en los estrechos márgenes que otorga la actual Constitución Política de la República promulgada por la dictadura militar, y hoy en día refrendada por la Concertación con su modificación parcial bajo el gobierno y firma del ex Presidente Ricardo Lagos.
Seguramente las propuestas ciudadanas para modificar la LGOC chocarán con la «carta magna» que nos rige y serán consideradas inconstitucionales por el poder legislativo en `primera instancia y por el Tribunal Constitucional en segunda instancia.
Lo anterior nos lleva directamente al fondo del problema. Sólo lograremos ganar espacios de Participación Ciudadana reales y efectivos en la medida que a través de una Asamblea Constituyente, cuyos integrantes sean elegidos democráticamente, generemos desde las bases mismas de la Ciudadanía, una nueva Constitución Política que exprese la voluntad mayoritaria de chilenas y chilenos, garantizando así la participación de todas y todos a través de auténticas formas y reales canales que aseguren que siempre y sólo siempre, sea la expresión de las ciudadanas y ciudadanos la que se imponga por sobre el poder de los intereses económicos de quiénes lo detentan y de quiénes lo defienden desde el aparato del Estado.
(*) Miembro de la Red Ciudadana por Ñuñoa
