Por Arturo Arriagada I.*
Los importantes acuerdos políticos e iniciativas legales impulsados por los últimos gobiernos de la Concertación para transparentar el actuar de los organismos públicos, se ven opacados cuando se implementan a medias.
Aunque el eslogan de Lagos y Bachelet en materia de transparencia ha sido el «caiga quien caiga», cuesta entender la lentitud del aparato estatal para implementar mejoras en un ámbito tan sensible para la calidad de la democracia.
La investigación realizada por el diario El Mostrador.cl refleja que 6 de los 22 ministerios del gobierno no han actualizado sus sitios web con información relacionada al uso de recursos públicos. Cuando estos resultados se confrontan con diversos acuerdos políticos destinados a terminar con las malas prácticas en el Estado, se observa la incapacidad de éste para reaccionar acorde a los tiempos de la «era de la información».
Al estallar el caso MOP-Gate durante el gobierno de Ricardo Lagos, se acordó con la Alianza una reforma de modernización del Estado. Y con ello, mayor transparencia en los organismos públicos. Lo mismo ocurrió durante el gobierno de Michelle Bachelet con el caso Chiledeportes. Así se implementó la política del «gobierno transparente», donde cada ciudadano podría ver en los sitios web de los distintos ministerios y organismos públicos el gasto de recursos públicos en contrataciones, servicios, etc.
Y aunque en las encuestas de opinión pública la modernización del Estado no figura como una de las principales prioridades de los chilenos, esta es fundamental para mejorar la calidad de nuestra democracia. Pero sobre todo, para fomentar la confianza de los ciudadanos en los organismos públicos. De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional UDP 2006, sólo un 32,2% de los encuestados dijo confiar en los funcionarios de gobierno. Y en la medición de 2007, un 51% señaló que las noticias de televisión influyen en las decisiones que toman las autoridades. Por esto, los medios son un actor relevante tanto para fiscalizar al Estado como para generar confianza en los ciudadanos.
Ya que los medios son una fuente confiable de información para la ciudadanía, pueden aumentar sus índices de credibilidad al dar cuenta del uso de los recursos públicos y el desempeño cotidiano de los organismos del Estado. Y aunque se acaba de aprobar en el Congreso la Ley de Acceso a Información Pública Źque permitirá generar mayores instancias de fiscalización para los medios de comunicación y los ciudadanos, la falta de prolijidad por parte de los funcionarios encargados de actualizar la información del gobierno en sus sitios web, impide potenciar la confianza ciudadana. De paso -al ser investigados por los medios- explican el por qué de la desconfianza en el ejercicio de sus labores.
Porque la necesidad de mayor transparencia en el aparato público ha estado motivada por denuncias de corrupción y mal uso de recursos en distintas dependencias del Estado, no es comprensible que las órdenes gubernamentales para mejorar las prácticas se queden sólo en palabras. El caso del «gobierno transparente» es un ejemplo.
Por ello, para que las «palabras de mujer» y los «caiga quien caiga» se ganen la confianza ciudadana, es necesaria la existencia de medios fiscalizadores y funcionarios que lleven a cabo las acciones impulsadas por el gobierno. Con ello, la calidad de nuestra democracia se verá beneficiada gracias a los hechos y no a las palabras.
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*Profesor e Investigador de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales
