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Chile no puede ser un bucanero

por 15 abril, 2008

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La declaración conjunta de los gobiernos de China y Chile con que culminó la visita de la Presidenta Michelle Bachelet a Beijing constituye un amargo pero esclarecedor documento acerca de las prioridades actuales de la política exterior chilena. En especial si se considera el punto cuarto de ella, cuya redacción parece ignorar principios esenciales defendidos por el Chile democrático en materia de derechos humanos, entre ellos, el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Esto, en concordancia con su calidad de suscriptor de la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.



Dice el punto cuarto del citado documento binacional: "La Presidenta Bachelet reiteró que Chile se adhiere firmemente a la política de una sola China, respeta la soberanía e integridad territorial de la República Popular China, reconoce que Taiwan y Tíbet forman parte de China. La Parte china expresó su aprecio a esta posición chilena".



Tal afirmación resulta innecesaria en un texto cuya totalidad, a excepción del párrafo mencionado, es solo una referencia a la feliz relación económica y comercial entre ambos países. Además, está revestida de un tono humillante, pues se refiere a una potencia mundial con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, que no necesita de una declaración de tal especie.
Es evidente que ningún invitado puede comportarse de una manera descortés y "señalar con el dedo al anfitrión", como bien declaró el ministro (s) de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren. Pero tampoco, en el mismo orden de ideas, puede ni debe el anfitrión humillar al visitante, "obligándolo" a hacer declaraciones explícitas de adhesión, ajenas a los principios esenciales de su política exterior (en el caso de Chile, el respeto y protección de los derechos humanos).



Resulta evidente que actualmente el Tíbet forma parte del territorio administrado por el Estado chino, quien lo domina como si fuera una provincia propia. Y también que no existe ninguna razón para que Chile no respete la soberanía e integridad territorial de China. Pero juntar ambas afirmaciones en un mismo párrafo, en una declaración política, en medio de una polémica internacional sobre violaciones de derechos humanos en el Tíbet, es una elipsis poco elegante. Peor aún si el anfitrión remata con un comedido "aprecio" por tal posición, en medio de una retahíla de coincidencias comerciales. Inevitablemente ello promueve una imagen de bucanero de nuestro país en el medio internacional.



Es natural que un país como Chile, con un amplio despliegue económico internacional, encuentre a veces dificultades para compatibilizar sus intereses económicos con sus intereses políticos de pequeña nación en desarrollo, con fuertes tradiciones democráticas. Ya ocurrió en el pasado con Indonesia o con el propio Estados Unidos en la guerra de Irak. Y no siempre ha salido airoso de tales dificultades.



De ahí la necesidad de perfilar de una manera adecuada el lenguaje y las posturas políticas a fin de mantener la coherencia, teniendo presente que muchas veces es preferible el silencio a declaraciones ambiguas que terminan por desnudar una posición oportunista. Y que para un país pequeño como el nuestro, la creación de un ámbito consolidado de juridicidad internacional y de respeto por los derechos humanos, es también parte de su interés nacional más sensible.



Lo que ocurre en el Tíbet requiere, cuando menos, un silencio respetuoso. Más aún si hasta la invasión china de 1949 el Tíbet era un país independiente, con un gobierno consolidado, como se reconoce en todo el mundo.



Chile no puede estar satisfecho ni adherir sin crítica a la política de represión política, religiosa y cultural de China, que incluye abortos violentos, esterilizaciones forzadas y asimilación con más de siete y medio millones de colonos chinos asentados por la fuerza entre una población que no supera los seis millones de tibetanos.



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