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Movilizaciones estudiantiles: ¿simple réplica o nuevo terremoto?

por 25 abril, 2008

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Por Juan Eduardo García Huidobro*



Mayo y junio de 2006 fueron el marco temporal de una movilización de estudiantes secundarios de una amplitud tal que no se veía en Chile desde 1957. Se acerca mayo, ayer hemos visto miles de alumnos de liceos y de universidades protestar en Concepción, Santiago, Temuco, Valdivia y Valparaíso.



Los motivos, como el 2006, mezclan demandas concretas (la Tarjeta Nacional Estudiantil; el precio de la microÂ…) con un rechazo a las grandes orientaciones del sistema escolar (fundamentalmente rechazo a la ley que reemplaza a la LOCE, la LGE en tramitación en el Congreso; demanda del fin del lucro y de la municipalización).
La pregunta es inevitable: ¿se repetirá el fenómeno de hace dos años? Una contestación terminante es imposible.



Para dar algunos elementos de respuesta intentaremos recordar el carácter de la manifestación estudiantil pasada y los pasos que se han venido dando para dar satisfacción a sus demandas.



En mayo del 2006 los secundarios, sin contemplaciones, declararon la educación en crisis. Esto fue muy fuerte ya que se trata de un sistema educativo que, desde 1990, ha estado sometido a una ambiciosa y, en muchos aspectos, exitosa Reforma Educacional.



El motivo de la crisis: la desigualdad educativa. El sistema educacional chileno entrega a los estudiantes una educación de calidad desigual, fuertemente relacionada con los ingresos familiares del educando: educación privada (de distintos precios y tipos) para unos y municipal para otros. Esta diferencia se expresa al fin del camino en los resultados disímiles obtenidos en la PSU, prueba que define el ingreso a la universidad. Una pancarta estudiantil resumía: "Todo para ellos, nada para nosotros".
Para los secundarios las causas que originan esta desigualdad estarían en el ordenamiento jurídico e institucional del sistema educacional, el que ubican en: (i) La ley que regula al sistema educativo (la LOCE). (ii) La ideología neoliberal que justifica y sostiene el actual orden jurídico mercantil del sistema educativo. (iii) Y en la administración de la educación de propiedad pública por los municipios.



El movimiento fue capaz de interpretar a la mayoría de los chilenos. La demanda por una educación de calidad para todos, tuvo eco en la sociedad. La crítica respecto de las inequidades educativas, la mala calidad y la segmentación social, desencadenan una adhesión masiva en la sociedad chilena: distintas encuestas coincidieron en una aprobación de más del 80 por ciento.



La Presidenta Bachelet, respondió a las movilizaciones con un conjunto de medidas específicas e instalando un Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, con representantes de variados sectores de la sociedad, entre los que destacaron los delegados estudiantiles, para acometer una profunda revisión del sistema y de la política educacional chilena.



El Consejo emitió un Informe y el Ejecutivo envió al Congreso dos proyectos de ley: la nueva Ley General de Educación (9 de abril 2007) y la ley que crea la Superintendencia de Educación (7 de junio 2007). Estos proyectos, tomando en cuenta opiniones formuladas en el Consejo, se hacían cargo de algunas reivindicaciones de los estudiantes como el fin de la LOCE, la prohibición del lucro y algunas sugerencias del Consejo en la línea de avanzar en mayor igualdad y menor segmentación del sistema educativo. Estas iniciativas no lograron mayoría.



Con posterioridad (noviembre 2007) el Gobierno llega a un acuerdo con la Alianza por Chile en torno a un nuevo proyecto que refunde los anteriores y elimina los puntos en discordia.
¿Hay en esta nueva propuesta avances que respondan a las inquietudes de los estudiantes?
En primer lugar, es necesario consignar avances importantes. El tener un acuerdo, ya es un avance, que puede dar pie a otros. Se acepta la derogación de la LOCE, demanda central de los estudiantes. Se reconoce un rol central del Estado en educación y se mejora la institucionalidad pública para ejercerlo. Se acepta un mayor control al dinero público utilizado por privados; aunque se acepta también el lucro, contra el cual se alzaron las movilizaciones.



Es preciso también señalar límites y silencios en aspectos muy sensibles para la obtención de una educación más igualitaria y menos segregada socialmente. Se diluye el tema de la no selección que era un punto claro, al menos hasta octavo año, en el proyecto original. Mantiene silencios en puntos cruciales que ya estaban presentes en los proyectos del Gobierno: nada sobre financiamiento compartido; nada sobre limitación (o mayor regulación) para crear establecimientos en zonas donde no se necesitan; nada sobre desequilibrios en obligaciones entre la educación pública y la privada. Por último, silencio sobre la crisis de la educación pública, donde se educa la mitad de los niños y niñas chilenos y la gran mayoría de los más pobres, aunque hay que recordar que el Gobierno firmó otro documento con la Concertación donde se compromete a trabajar este tema durante 2008.



En suma: si se hace un balance se llega a una situación todavía no cerrada, donde las movilizaciones pueden tener el mérito de recordarnos lo que falta por avanzar, pero que muy probablemente no van a llegar a la magnitud del 2006 porque la mayoría de la población preferirá darle el tiempo necesario a la recién asumida ministra Mónica Jiménez, quien debe retomar estos temas.





*Juan Eduardo García-Huidobro S. es decano Facultad de Educación
Universidad Alberto Hurtado.


 

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