Una vez más la implantación de una política importante o la rectificación de errores graves empieza por los ajustes contables, la tesorería, o las nuevas tecnologías, y no por los temas sustantivos del sector. En este caso, la nueva ministra de Educación, Mónica Jiménez de la Jara, puso a funcionar una comisión de expertos para estudiar y mejorar el sistema de pago de las subvenciones educacionales, sin intervenir -propiamente tal- en los mecanismos de fiscalización y control, ni ocuparse de saber, a ciencia cierta, qué tiene que controlar.
Ello lleva a presumir que, seguramente, obtendrá un manejo contable óptimo, con cuentas más ordenadas que en el pasado, pero en los mismos viejos procesos, sin impactos reales sobre la calidad educativa y la eficiencia de control y gestión que persigue el Estado. Lo más probable es que con esta política, luego de meses, cuando su comisión de expertos termine de trabajar y de diseñar un moderno software de pagos, todavía estarán ahí, intactas, las mismas fallas que aprovechan sostenedores inescrupulosos para profitar de la educación y de los recursos de todos los chilenos.
En el Ministerio de Educación, y sería conveniente que la nueva ministra se diera por enterada rápidamente de ello, no sólo no existe una cultura de control y fiscalización, sino también faltan los medios. Como botón de muestra, el número de funcionarios fiscalizadores de subvenciones apenas pasa de los doscientos treinta, en todo el país.
Tal situación requiere al menos una señal de preocupación. Por lo menos, más fiscalizadores. Pues de un trabajo eficiente en esta materia resultarán antecedentes importantes para que la comisión de expertos no cometa errores en sus diseños. Como los que ocurrieron en el Transantiago, donde la exclusiva preocupación por los temas contables generó el peor fracaso histórico en materias de políticas públicas en el país. Bien lo conoce Javier Etcheverry, uno de los expertos convocados por la ministra Jiménez al diseño de pago de subvenciones.
Es claro que la reciente crisis del ministerio de Educación no se debió a simples caprichos de la política, sino a serios y reiterados desórdenes administrativos. Por lo tanto, lo que se esperaría de las nuevas autoridades es un plan para normalizar el manejo del sector. Algo práctico y de implementación inmediata y no un dejÅ• vu de comisiones y mejoras contables, algunas de ellas obvias si hay pérdidas o desórdenes de dinero. Y una voluntad a las políticas educativas en el sentido recomendado por el Informe Final del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, que pronto cumplirá casi un año y medio desde que fuera entregado, y yace prácticamente en el olvido.
En tal documento se plantea la posibilidad real y concreta de lograr una educación de más calidad y equidad, si se asumía como una verdadera "tarea nacional", en la cual el Estado tiene un rol protagónico y sustantivo.
Es indispensable, dice ese Informe, mejorar la educación pública para lograr que ella contribuya efectivamente a la ampliación de las oportunidades de todos los chilenos. Ello "requiere modernizar y fortalecer técnicamente la administración y gestión de la educación de propiedad pública (Â…) Las políticas de mejoramiento (Â…) deben estar centradas en los establecimientos educacionales, (y) se requieren cambios sustantivos en la institucionalidad educativa (Â…) que le otorgue legitimidad y garantice efectivamente el derecho a una educación de calidad".
El Consejo fue más lejos y planteó un tema trascendental al señalar la necesidad de "Â…instituir un derecho fundamental a una educación gratuita de calidad" exigible como prestación al Estado. Enfatizando que el derecho a la educación y la libertad de enseñanza se vincula con otras garantías fundamentales, tales como el derecho de los ciudadanos a recibir un trato igual por parte del estado y sus órganos, la libertad de expresión y de información, la libertad de conciencia, y el conjunto de derechos que la comunidad internacional reconoce a niños y jóvenes. En el sistema escolar y las prácticas educativas, señala: "Â… se encuentra, ante todo, el derecho a la igualdad. Los ciudadanos tienen derecho a ser tratados con igual consideración por parte del Estado."
A partir de consideraciones como las señaladas, el Informe contiene una serie de propuestas para mejorar la institucionalidad, la gestión, la calidad, la malla curricular y otras, que serían una valiosa cantera de iniciativas para cualquier administración eficiente y con voluntad de cambio.
