Recientemente la Corte Suprema, en distintos fallos que incumben a Codelco, Escondida y a otras empresas contratistas suyas, ha declarado arbitrario e ilegal el proceder de la Dirección del Trabajo que a través de resoluciones suyas pretendió que las empresas mineras internalizaran un alto número de trabajadores de dichos contratistas.
Llama en primer lugar profundamente la atención que se produzca un conflicto entre una empresa pública (Codelco) y una repartición pública (Dirección del Trabajo). Un mínimo grado de coordinación gubernamental habría debido evitar aquella fricción. Pero llama aún más la atención que aquel enfrentamiento desencadene una acción constitucional de la empresa en contra de la Dirección, convirtiendo a los órganos jurisdiccionales en verdaderos árbitros de una discordia política, producida dentro del seno del Gobierno.
Pero el estupor llega al extremo cuando observamos que el ministro del Trabajo alienta a los trabajadores a perseverar en sus demandas, en tanto que otras carteras, e incluso La Moneda, estimula la decisión de Codelco de recurrir a los tribunales. Además, el ministro Andrade minimiza los actos de violencia de dichos trabajadores, en tanto que la empresa pública se niega a dialogar con ellos, mientras no depongan tal conducta.
Frente a los fallos adversos a las pretensiones de estos últimos, se anuncia una escalada que se inicia con una huelga de hambre de un alto dirigente laboral.
Frente a este panorama de desafinaciones y estridencias, se esperaría una búsqueda de armonía por parte de quien maneja la batuta, eliminando al que manifiestamente disparatea. Pero nada de eso ocurre y sigue el pandemonium, para estupefacción de la opinión pública.
La tempestad que se avecina tiene un principal responsable, el ministro Andrade, que mediante conductas erráticas y contradictorias, se ha convertido en un out sider del gobierno, en desmedro de este último, de la producción de cobre y de los verdaderos intereses de los trabajadores.
*Gustavo Parraguez G. es abogado
