¿Dónde quedó la educación pública? - El Mostrador

Viernes, 17 de noviembre de 2017 Actualizado a las 19:55

¿Dónde quedó la educación pública?

por 20 mayo, 2008

La falta de una definición clara de qué es la educación pública y cuál el papel que le corresponde al Estado para asegurar una educación de calidad, son el centro de un debate que puede paralizar la aprobación de la nueva Ley de Educación.



La discusión se enciende justo al cumplirse dos años de las movilizaciones estudiantiles que derribaron la controvertida LOCE (Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza) y exteriorizaron una de las mayores crisis en la historia de la educación chilena.



Las respuestas no parecen fáciles, pues exceden el ámbito de los acuerdos alcanzados entre oposición y gobierno en noviembre del año pasado. Principalmente por las discrepancias acerca de la capacidad del Estado para producir y gestionar un sistema de calidad, según la oposición.



El desorden administrativo en el Mineduc y la destitución de la ministra Yasna Provoste son exhibidos por la Alianza como el ejemplo más claro de la necesidad de consolidar y mejorar un sistema que tenga a los emprendedores educacionales privados y a las familias como un eje fundamental de la calidad. Lo que el Estado debe hacer, sostiene la oposición, es mejorar la gestión y distribución de las subvenciones, y asegurar la calidad en el sistema municipalizado.



La disconformidad con el proyecto tal como está, se anuncia masiva. Parlamentarios oficialistas, miembros connotados de la Comisión Asesora Presidencial para la Calidad de la Educación, gremios docentes y organizaciones estudiantiles, han multiplicado sus críticas. Para ellos, los malos resultados actuales son consecuencia directa del abandono de la educación pública iniciada en los años 80. Hecho jamás revertido por las políticas de la Concertación, que puso en un plano de igualdad a los llamados sostenedores, empresarios privados cuyo objetivo central es el lucro, con entidades públicas como los municipios, sujetas a reglas de obligatoriedad, y que se hacen cargo de la educación de los más pobres, con falta de recursos y limitaciones. El Estado, sostienen, ha terminado llevando una simple contabilidad de recursos, sin establecer ni controlar niveles mínimos de calidad.



En la antigua tradición republicana chilena la educación pública fue siempre entendida como un sistema integrado de instituciones educacionales del Estado, o financiadas por éste, que generaba y garantizaba un promedio de calidad y un concepto de universalidad, pues era un derecho ciudadano y una aspiración nacional, y no un servicio más.



Ello hacía que la educación fuera percibida como un mecanismo cívico orientado a cautelar, producir y difundir en la población bienes públicos fundamentales para el desarrollo de la comunidad nacional, independientemente de cualquier condicionamiento de intereses particulares.
Era algo más que enseñanza y conocimiento. Era un vector doctrinario del pluralismo, la diversidad social, la libertad de expresión y la democracia para una reproducción sana del cuerpo social.



En tal concepción la educación es un derecho primario, porque la pertenencia efectiva del ciudadano al espacio público requería estar habilitado para ejercerla en plenitud, lo que solo era posible mediante la educación.



El proceso de privatización y estrechamiento de la esfera pública de los años ochenta y siguientes trajo severas consecuencias en materia educacional, y terminó por desalojar tal concepción de la gestión educacional del Estado. La educación dejó de ser un derecho -igualitario para todos los ciudadanos- y pasó a ser una mercancía, sometida a estrechos criterios de eficiencia y competitividad, con un rol subsidiario del Estado como un regulador débil de ese mercado, cuya función era financiar la demanda por educación pero no responsabilizarse de necesidades educativas reales de la población.



De ahí la profunda fragmentación actual del sistema y los graves defectos de equidad y calidad que afectan a los sectores más pobres del país.



Varios parlamentarios han señalado que no van a dar su voto para aprobar el actual proyecto si no se enfrentan y solucionan estos temas, mientras la presión social seguramente aumentará.





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