La Ley General de Educación y su contexto - El Mostrador

Domingo, 17 de diciembre de 2017 Actualizado a las 13:01

La Ley General de Educación y su contexto

por 10 junio, 2008

Nadie puede negar que la reforma educacional, instalada en la agenda pública por la efervescencia social y no por la racionalidad de la política, puede tener efectos electorales insospechados tanto sobre el oficialismo como sobre la oposición. De ahí que la búsqueda de transparencia y responsabilidad de cada actor no parece un mal camino.

La decisión del gobierno de ponerle suma urgencia al proyecto de Ley General de Educación (LGE) es un indicio claro que La Moneda ha decidido quemar etapas en su gestión política. Entre ellas, las relativas a los grandes acuerdos prelegislativos, que presuponen una disciplina parlamentaria que en el actual escenario nadie está en condiciones de garantizar.



Tal postura, es un giro en dirección contraria respecto de lo planteado por la Presidenta Bachelet en su discurso del 21 de Mayo.



Por su parte, las indicaciones introducidas a la LGE sobre plazos para que los empresarios privados educacionales adopten giro único y la inclusión de un concepto de educación pública, son una vuelta a la perilla en el acuerdo con la oposición.



Sin embargo, tales actos son de estricto realismo político, pues ante el desorden de sus propias filas, el movimiento social contra el proyecto, y el vacío de gestión que se ha creado producto de la impresión de que la antigua LOCE está muerta, el poco tiempo que le queda al Gobierno no puede gastarlo en consultas y acuerdos de difícil arquitectura. Aparece como razonable forzar definiciones políticas en los ámbitos donde deben tomarse ahora las decisiones, en este caso, el Congreso. Y que las fuerzas políticas y sus parlamentarios adopten, transparente y responsablemente, las decisiones que estimen correctas.



Es muy probable que, en lo que resta del período, otros casos parecidos sean también sometidos al test parlamentario de debates y votaciones, con mucho más efecto político que legislativo.



Lo anterior, tiene dos ventajas nítidas. Define, aunque sea de manera gruesa, los actores en disputa, haciendo más fácil la comunicación política con la ciudadanía, cosa que el Gobierno necesita. Y, en segundo lugar, permite concentrar algunos problemas en el Congreso, y liberar energías para la gestión directa del Ejecutivo en los casos en que no requiere del acuerdo con la oposición.



El anuncio de la derecha de que votará en contra del proyecto porque la Presidenta no cumple los acuerdos y está prisionera de sus parlamentarios izquierdistas, no tiene mucho sentido. Al ciudadano común le puede parecer un simple enmascaramiento para no terminar con el lucro en la educación.



Nadie puede negar que la reforma educacional, instalada en la agenda pública por la efervescencia social y no por la racionalidad de la política, puede tener efectos electorales insospechados tanto sobre el oficialismo como sobre la oposición. De ahí que la búsqueda de transparencia y responsabilidad de cada actor no parece un mal camino.



Tal vez la única preocupación es que con plazos estrechos el debate no alcance la profundidad requerida en una ley tan importante, no obstante lo avanzado por todas las comisiones previas. Es efectivo que existe la oportunidad de reponerla en el Senado si es rechazada la idea de legislar por la Cámara de Diputados, pero ello es apenas un cálculo operacional y no una acción sobre la voluntad política de legislar temas de Estado, la que normalmente en épocas eleccionarias escasea.



En todo caso, preocupante sería que luego de la crisis de los meses pasados el Gobierno haya centrado todos sus esfuerzos en la estrategia legislativa, y no tenga respuestas urgentes para la coyuntura.



No es claro que esté usando los recursos institucionales que, aunque limitados, sí le permiten hoy acciones correctivas. Como, por ejemplo, aplicar más estrictamente las normas de la LOCE y de sus leyes complementarias en lo relativo a las garantías de contenidos mínimos obligatorios; exigir el cumplimiento de los proyectos institucionales comprometidos por los privados, y aplicar los instrumentos de evaluación periódica de la calidad. Y en lo económico, al menos triplicar el número de fiscalizadores de subvenciones para así aumentar el control y mejorar lo que se está haciendo.



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