Estamos próximos a los Juegos Olímpicos 2008 a realizarse en China, el mayor ejecutor de pena capital en el mundo, sin reacción aparente de la comunidad internacional, no obstante los reclamos de los abolicionistas.
Por Leonardo Aravena Arredondo*
La «Pena de Muerte» ha estado reiteradamente en la noticia y el presidente del Gobierno español ha comunicado a Irene Khan, Secretaria General de Amnistía Internacional (AI), su iniciativa de crear una «Comisión Internacional contra la Pena de Muerte» con concurrencia de Chile, asumiendo el liderazgo para acabar con las ejecuciones.
La «Comisión», de la que formarán parte Francia, Portugal, Reino Unido, Argentina, Brasil, Chile, México y Filipinas, estará integrada por personalidades que desempeñen o hayan desempeñado responsabilidades políticas y de gobierno asociados a relevantes ONG’s y representantes de la sociedad civil, como AI y la «Coalición Mundial Contra la Pena de Muerte»; procurará conseguir una moratoria de ejecuciones para 2015 y la abolición universal para condenados por crímenes cometidos cuando aún eran menores de edad, objetivo previsto en el «Pacto de Derechos Civiles y Políticos» y en la «Convención de Derechos del Niño». También se abrirá el debate en busca de la abolición total para personas aquejadas de una enfermedad mental grave y discapacitados intelectuales.
La iniciativa tiene lugar cuando estamos próximos a los Juegos Olímpicos 2008 a realizarse en China, el mayor ejecutor de pena capital en el mundo, sin reacción aparente de la comunidad internacional, no obstante los reclamos de los abolicionistas. Además, en junio se ejecutó en Virginia, EE.UU., a Robert Stacy Yarbrough, de 30 años, convicto de un asesinato y robo ocurrido hace 11 años, al que se aplicó una inyección letal en la centésima ejecución en ese Estado, desde que se restableció la máxima pena en 1976 y cuando, entre otros condenados, dos nigerianos inculpados de tráfico de droga serán ejecutados en Indonesia, país en el que desde hace cuatro años no se ejecutaba a nadie.
También en junio, la Corte Suprema de EE.UU. declaró que la pena capital es inconstitucional y vulnera la prohibición de «penas brutales y desproporcionadas», prevista en la Carta Magna, por lo que no puede ser aplicada en Louisiana a un condenado por haber violado a su hijastra, de 8 años de edad. En ese país, uno de los que más aplica la sentencia máxima, otros cinco Estados la permitieron en casos de niños víctimas del abuso, no obstante que desde 1964 no se ha ejecutado a nadie que no hubiese cometido un asesinato. El candidato presidencial Barack Obama, se ha declarado a favor de la pena de muerte para quienes abusan de menores.
En La Haya, México ha pedido a la Corte Internacional de Justicia que tome medidas urgentes para detener la ejecución en Texas de cinco mexicanos, a quienes se les negó el derecho de asistencia consular reconocido por convenciones internacionales. En el mismo Estado, un condenado, próximo a ser ejecutado, pidió la suspensión de la sentencia en el último minuto, en atención a que la jueza y el fiscal tenían una aventura amorosa al dictarse condena, lo que restó imparcialidad al proceso.
Nuestro país deberá empezar por convertirse de una vez en abolicionista, derogando los casos que se mantuvieron vigentes cuando en 2002 fue suprimida la sanción para toda clase de delitos, salvo en situaciones extremas y especiales contempladas en la justicia militar, aparentemente con nula posibilidad de ocurrencia.
*Leonardo Aravena Arredondo es Profesor de Derecho, Universidad Central.
