A juzgar por los exabruptos entre el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, y el candidato presidencial de Renovación Nacional, Sebastián Piñera, en una actividad de Paz Ciudadana, todavía no está clara la importancia de un consenso de Estado sobre esta importante materia.
El éxito del Ministerio Público en la detención de dos organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico constituye un fuerte argumento en pro de un enfoque orientado a la inteligencia policial para combatir el crimen organizado. El principal resultado es que permite eficientes operativos, precisos y austeros en el uso de la fuerza, y legalmente consistentes para sostener la acusación criminal respectiva ante los tribunales.
Algo central es que la actividad de inteligencia se concentre en desbaratar las ganancias de las bandas criminales, pues su motivación real es el lucro. Si éste se pierde, disminuye ostensiblemente la posibilidad de que sean sustituidas por otras cuando se las desmantela.
Lamentablemente, el crimen organizado normalmente se persigue bajo una ambigua óptica de amenaza a la seguridad, asimilándolo a organizaciones terroristas. Ello exacerba los elementos de fuerza en el trabajo de las instituciones policiales y los recursos humanos destinados a combatirlo.
La definición más completa de lo que es el crimen organizado está en el Código Penal Alemán que lo define como la " Violación planificada de la ley al objeto de adquirir beneficios económicos o poder, cuyos delitos son independientemente o en su conjunto de especial gravedad y se llevan a cabo por más de dos participantes que cooperan en el marco de una división laboral por un período de tiempo prolongado o indeterminado, utilizando (a) estructuras comerciales o para comerciales, o (b) violencia u otros medios de intimidación, o (c) influencia en la política, en los medios de comunicación, en la administración pública, en el sistema de justicia y en la economía legítima".
De una definición de tal naturaleza, que permite enfocar las diversas manifestaciones del delito y no solo el narcotráfico, saltan a la luz variados elementos que es útil tener presentes.
En primer lugar su estructura flexible en cuanto a organización. No se trata de estructuras formales sino muchas veces de vínculos familiares que tienen un sentido de orden ampliado, que permite el desarrollo de la actividad. Por ejemplo mecanismos asociativos para coordinar la adquisición de materia prima; seguridad en la fase de procesamiento, organización del transporte, blanqueo de dinero o distribución de territorios, entre otros.
Un segundo aspecto es que funciona como un archipiélago de actividades en las cuales algunas son legales y otras criminales. La búsqueda del beneficio y de su goce legal diversifica las relaciones entre el mundo criminal y el ámbito legal de una manera muy fluida. Se generan redes comerciales combinadas de empresas ilegales y empresas lícitas. Los recursos financieros van a redes legales, se reinvierten buscando el control y reproducción de lo propio, para poder hacerlo legal.
Un tercer elemento es el aprovechamiento de las brechas de juridicidad existentes en diversas legislaciones. Para ello cuentan con estudios de abogados que prestan servicios integrales y llevan prácticas jurídicas y sistemas de precedentes de una legislación a otra, o representan a sus clientes ante las autoridades.
Un cuarto aspecto es que la actividad requiere de ámbitos de protección e impunidad, lo cual, dada las ganancias, es más fácil obtener de la corrupción administrativa y la obstrucción a la justicia, que del ejercicio de la violencia.
Finalmente, es necesario contar con la violencia punitiva o intimidatoria, que dé fuerza a las prácticas corruptivas y al control de la seguridad del negocio. Sobre todo porque los riesgos de seguridad llevan al crimen organizado a desagregar su cadena productiva para distribuir el riesgo. Esa máxima dispersión debe ser compensada con una adecuada capacidad de punición.
Bajo esta óptica, el concepto político básico del crimen organizado no es la destrucción del Estado sino la captura o corrupción de sus instituciones para alcanzar influencia e impunidad.
De ahí la importancia de contar con una inteligencia policial adecuada, cuya existencia y orientación no se auto genera en las propias instituciones policiales, sino proviene de los criterios que maneja la autoridad política. A juzgar por los exabruptos entre el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, y el candidato presidencial de Renovación Nacional, Sebastián Piñera, en una actividad de Paz Ciudadana, todavía no está clara la importancia de un consenso de Estado sobre esta importante materia.
