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La detención de Podlech y la jurisdicción universal

por 7 agosto, 2008

Hoy, se estima que los Estados tienen el deber de juzgar o de extraditar a Estados dispuestos a hacerlo, a los sospechosos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y otros crímenes de guerra distintos de las infracciones graves de los "Convenios de Ginebra" o cometidos en conflictos de carácter no internacional, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas o tortura.
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Por Leonardo Aravena Arredondo*



Más de 30 son los chilenos respecto de los que existe orden internacional de captura por procesos abiertos en su contra en países que ejercen "Jurisdicción Universal", la que pretenden materializar llevando a los inculpados a responder ante sus propios tribunales por delitos contra los Derechos Humanos de los que se les acusa.



Entre ellos destacó en su oportunidad la prolongada estadía del ex Jefe de Estado en Londres y ahora se ve afectado el abogado chileno y ex fiscal militar, Alfonso Podlech quien, no obstante no estar procesado ni haber sido condenado en Chile, ha sido arrestado en España, a requerimiento de la justicia italiana que instruye juicio por la desaparición del sacerdote ítalo-chileno, Omar Venturelli, ocurrida en 1973.



Tradicionalmente los tribunales de un Estado sólo ejercen jurisdicción sobre las personas que cometen un crimen en su propio territorio (jurisdicción territorial); pero el derecho internacional ha ido reconociendo que es posible actuar ciertas formas de jurisdicción extraterritorial, como las que permiten perseguir delitos cometidos fuera de sus fronteras por los nacionales de un Estado (jurisdicción respecto de la persona activa); o delitos contra los intereses esenciales del Estado en materia de seguridad (jurisdicción por el principio de protección); o delitos cometidos contra los nacionales del propio Estado (jurisdicción respecto de la persona pasiva). Desde la piratería en alta mar hasta los secuestros de aeronaves y actos de terrorismo internacional, se acepta que los tribunales de un Estado pueden ejercer, en nombre de la comunidad internacional, jurisdicción sobre ciertos delitos de especial gravedad que amenazan a la totalidad de la estructura internacional del derecho, por lo que todo Estado donde las personas sospechosas se encontraren, puede llevarlas a los tribunales.



Hoy, se estima que los Estados tienen el deber de juzgar o de extraditar a Estados dispuestos a hacerlo, a los sospechosos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y otros crímenes de guerra distintos de las infracciones graves de los "Convenios de Ginebra" o cometidos en conflictos de carácter no internacional, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas o tortura. La justicia italiana actúa, al solicitar orden de captura y una posible extradición, basada en postulados de la "Jurisdicción Universal", especie del género "Jurisdicción Internacional", entendida aquélla como manifestación extraterritorial de la jurisdicción de los Estados, no descrita ni establecida en forma expresa, no obstante haber sido aplicada por diversos países, que obliga a las jurisdicciones nacionales a actuar respecto de hechos gravísimos cometidos por personas naturales, contra los derechos fundamentales de los seres humanos, considerados tanto individualmente como en forma grupal.



Por "Resolución" adoptada por el "Instituto de Derecho Internacional" en Cracovia en agosto de 2005, se entendió la "Jurisdicción Universal", en materia penal, como "la competencia de un Estado para perseguir y, en caso de ser declarados culpables, castigar a presuntos delincuentes, independientemente del lugar de comisión del delito y sin consideración a vínculo alguno de nacionalidad activa o pasiva u otros criterios de jurisdicción reconocidos por la ley internacional". En el ejercicio de esta forma de actuar la justicia, los llamados a juzgar son, antes que nada, los Estados, en juicio que debe ser real, existir y no ser una mascarada que perpetúe la impunidad de los imputados.



No es aplicable ni debe confundirse el caso del ex fiscal detenido, con la acción de la "Corte Penal Internacional", en tanto los hechos por los que se acusa al afectado ocurrieron antes de julio de 2002 y la Corte y su Estatuto no tienen efecto de acción retroactiva. Sólo tratándose de hechos posteriores a la fecha indicada, si el Estado llamado a juzgar no está dispuesto a hacerlo o se niega a extraditar a los inculpados a un Estado en que realmente sean juzgados, correspondería conocer, con carácter subsidiario, a dicho Tribunal conforme a las normas del "Estatuto de Roma" de 1998, impidiendo la impunidad y sus consecuencias.





(*) Leonardo Aravena Arredondo es profesor de Derecho de la Universidad Central y coordinador Justicia Internacional y CPI Amnistía Internacional-Chile

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