Así se dejaron de estudiar la generación de inequidades derivadas del actual modelo de negocios, las barreras de entrada y salida a los mercados, las asimetrías de poder de mercado y de información, y uno de los más grandes escándalos de la economía chilena que consisten en la captura del Estado por parte de algunas mega empresas o grandes corporaciones, en algunos sectores y ramas productivas.
Por Humberto Vega*
En los últimos meses después de la entrega y difusión pública del Informe del Consejo de Trabajo y Equidad, se ha desarrollado una gigantesca operación de manipulación de la opinión pública y de adormecimiento de la conciencia colectiva, activada y alerta por el profético llamado de atención sobre la necesidad de un salario ético del Presidente de la Conferencia Episcopal, el Obispo de Rancagua Alejandro Goic Karmelic, y por la relevancia pública que han tenido los trabajos del propio Consejo.
En esta operación se han conjurado medios de comunicación tradicionales, universidades y centros académicos conservadores que critican al gobierno y sus políticas económicas, sociales y laborales, aprovechándose de la ingenuidad de algunos gurúes de prestigio internacional y de la colaboración interesada de algunos analistas de sociedades financieras internacionales. El discurso es uno sólo: lo que importa es el crecimiento económico y hay que olvidarse de la preocupación por la distribución del ingreso.
La problemática central del Informe surge de la conciencia pública creciente de las escandalosas e injustas desigualdades existentes en la sociedad chilena. Lo que se busca con él es buscar posibles soluciones a las múltiples dimensiones que asumen estas desigualdades y, en lo posible, construir consensos sobre las mismas. Es una problemática de justicia social, en sentido amplio, orientada hacia las inequidades que sufren actores sociales débiles y vulnerables y las que surgen de las instituciones y relaciones laborales en los mercados del trabajo que condicionan la calidad de la relación entre el trabajo y el capital.
Uno de los obstáculos más formidables para cumplir la misión encomendada, fue el de enfrentar -por un grupo heterogéneo en lo político, ideológico, profesional y religioso, como lo fue el Consejo-, la existencia, al interior del mismo, de diversas concepciones de justicia asociados a diferentes tradiciones filosóficas, éticas y a modelos de economía, sociedad y desarrollo democrático muy diversos y antagónicos. La buena voluntad y riqueza de humanidad de los consejeros y, especialmente de su Presidente y Secretario General, permitió trabajar y producir el Informe, soslayando tanto la discusión teórica y de principios, la que es fundamental para el análisis y evaluación del mismo.
Tratando de responder a las exigencias de una evaluación y análisis prospectivo del Informe, recurriré a una concepción operativa amplia de justicia social, que me permite formularle tres preguntas fundamentales, a saber:
1. ¿Cuáles son las propuestas y su grado de consenso en relación a las relaciones e instituciones laborales que son el factor más determinante de la participación en el ingreso de los distintos grupos sociales?
2. ¿Qué medidas se proponen y con qué grado de consenso para enriquecer las actuales políticas de superación de la pobreza?
3. ¿Qué aportes se elaboraron y con qué nivel de acuerdo en materia de integración social?
I Las propuestas para mejorar la distribución del ingreso
La primera dimensión de la justicia social es principalmente económica y dice relación con el factor principal en la explicación de las desigualdades económicas y sociales: la distribución del ingreso entre el trabajo y el capital o distribución factorial. Esta es la distribución entre salarios y utilidades, la que fue directamente tocada por nuestro Obispo Goic y la que nunca ha sido objeto de intervención por las políticas económicas de los gobiernos de la Concertación, que las han dejado al libre mercado, salvo en lo que se refiere a la fijación anual del ingreso mínimo. Los trabajadores que reciben un ingreso mínimo han oscilado entre un 4% y 10 % de la fuerza de trabajo ocupada, entre 1990 y el año 2008.
La Subcomisión de Institucionalidad y Relaciones Laborales buscó reducir las grandes asimetrías de poder de mercado y de información, entre trabajadores y empresarios, en los heterogéneos y segmentados mercados laborales de la economía chilena. En primer lugar promoviendo y apoyando la actual experiencia piloto de una Defensoría Laboral Pública, que se ocupa de los derechos de los trabajadores que no están afiliados a sindicatos y que alcanzan al 88% de la fuerza de trabajo ocupada, y a los que no negocian colectivamente, que son cerca del 93% de los ocupados, excluidos los funcionarios de la Administración Pública. Sobre este primer punto hubo un sólido consenso, lo que no ocurrió en el tema de la Dirección del Trabajo, institución que, por algunos consejeros se trató de debilitar y de reducir en sus capacidades de fiscalización, control, protección y apoyo a los trabajadores y sus organizaciones, mediante la vía de judicializar todos los conflictos del trabajo, al igual que lo que se ha hecho para anular una ley justa como lo es la ley de subcontratación.
La aguda polarización respecto de las atribuciones y funciones de la Dirección del Trabajo se repitió al buscarse una ampliación de la negociación colectiva y de los derechos laborales colectivos. Los consejeros de origen empresarial y los economistas académicos conservadores no cedieron sustantivamente en ninguno de los temas cruciales que reducen las grandes asimetrías entre capital y trabajo, todos heredados del nefasto Plan Laboral que impuso la dictadura militar y sus ideólogos neoliberales. Así no hubo consenso en los temas de titularidad sindical, concepto de empresa, extensión de beneficios de la negociación colectiva y sus niveles de negociación. Algo se pudo avanzar, respecto de la adaptabilidad pactada y de la posibilidad de ampliar las materias objeto de negociación colectiva.
Más allá de este balance desolador en las posibilidades de avanzar hacia un rol central del trabajo y de reducir su condición injusta y subordinada, mediante nuevas relaciones e instituciones laborales, sociales y económicas, surge la radical incompatibilidad entre las concepciones y métodos del Derecho del Trabajo y los de la tradición económica neoclásica, especialmente en su versión neoliberal. El Derecho del Trabajo tiene como objeto central la corrección de las asimetrías y desigualdades de poder, en sentido amplio, entre el capital y el trabajo. Asumiendo como constituyente esencial su carácter protector de la parte más débil, la parte laboral. Este enfoque no puede compatibilizarse con el enfoque neoliberal que postula el equilibrio en los mercados, sin interferencia estatal, como una solución siempre justa. Mientras los grupos empresariales, los economistas académicos conservadores y los partidos políticos de derecha sigan defendiendo estas concepciones teóricas y su aplicación a la legislación laboral, nunca se podrá construir en Chile una sociedad justa y solidaria por consenso.
II Las políticas de superación de la pobreza propuestas: un análisis de conjunto
En esta dimensión de la justicia social se realizaron propuestas muy operativas y concretas en el campo de la empleabilidad y el mejoramiento de los niveles de ingreso de los trabajadores más pobres, combinando un subsidio al trabajo con una transferencia focalizada.
Se desarrollaron iniciativas diversas respecto de las personas que viven en condiciones de pobreza dura y daño social, buscando mejorar la aplicación de las políticas sociales con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, la fiscalización de sus aportes, la reforma del sistema actual de medición de la pobreza y la incorporación de la dimensión territorial en sus intervenciones.
La propuesta de establecer metas, definir umbrales mínimos y garantías en la satisfacción de las necesidades sociales para toda la población o para los grupos especialmente vulnerables, junto a una nueva institucionalidad pública social responsable de su realización en el tiempo, no pudo contar con el consenso de los consejeros. Una vez más las concepciones conservadoras escépticas de las capacidades del Estado democrático, que desconfían de los acuerdos que subordinan lo social a lo económico, así como temerosas de la perentoriedad de la justicia y de la obligación moral personal y colectiva de responder al llamado de «los pobres no pueden esperar», prevaleció.
III Las políticas para mejorar la integración social: empleabilidad y desempleo
En esta dimensión de la justicia sólo se avanzó en el mejoramiento del funcionamiento de los mercados laborales, con un enfoque orientado al mejoramiento de la situación de cada persona, sin contemplar medidas para ninguna forma de asociación o grupo solidario de trabajadores.
La capacitación laboral se enfocó hacia el trabajador individual, que tendrá un bono que financie sus opciones de formación profesional individual, independiente de las necesidades de la empresa, la que seguirá capacitando dentro de las actuales posibilidades del SENCE. La protección frente al desempleo del trabajador individual se refuerza incorporando al seguro de cesantía fondos de indemnización a todo evento, pagos en caso de despido y fondo aprovisionados disponibles en caso de despido. Además, se trató de mejorar el actual sistema de intermediación laboral mediante bonos diferenciados para rebajar costos, junto a subsidios de apoyo a la contratación y a la capacitación. La preocupación por mejorar los costos de contratación de las mujeres y la ampliación de la oferta del cuidado infantil se agrega a este conjunto de propuestas.
Si la inserción en el mundo del trabajo proporciona la base material económica y social de la integración social, todas estas medidas reducen el efecto desintegrador del desempleo, del trabajo informal y de la inestabilidad e inseguridad laboral. Lo que no garantizan son niveles de remuneraciones que financien niveles de vida y consumo segregadores y diferenciadores socialmente. Todos pueden estar trabajando, pero no existen condiciones para compartir, participar y convivir en paz sobre la base de la justicia.
Uno de los principales problemas cuya falta de solución es una de las principales fuentes de injusticia y preocupación de la opinión pública y de la clase política, no fue asumido en plenitud por el Consejo. Se trata de la situación y evolución de las Pequeñas y Medianas Empresas. Solamente se analizaron y esbozaron proposiciones en el ámbito del emprendimiento de supervivencia y de los problemas de pre-formalización de microempresas en el contexto de ferias libres, en relación al mercado de microfinanzas y de subsidiar el costo de transacción en situaciones determinadas. La lección del análisis realizado -una vez más-, radica en las limitaciones de utilizar un enfoque de equilibrio parcial de los problemas de las Pymes, sin una visión integral de la estructura y sistema de empresas de la economía chilena, y carente de una explicación de las inequidades que se generan en las relaciones entre las grandes corporaciones y el resto de las empresas.
Así se dejaron de estudiar la generación de inequidades derivadas del actual modelo de negocios, las barreras de entrada y salida a los mercados, las asimetrías de poder de mercado y de información, y uno de los más grandes escándalos de la economía chilena que consisten en la captura del Estado por parte de algunas mega empresas o grandes corporaciones, en algunos sectores y ramas productivas.
IV Las tareas pendientes
El aporte del Informe del Consejo de Trabajo y Equidad constituye un hito histórico y positivo en la resolución de esta tensión de justicia que, como movimiento de larga duración, caracteriza y recorre todo nuestro desarrollo histórico. El Consejo nunca trató de analizar todos los temas pertinentes al mandato de la Presidenta y muchos temas no se desarrollaron por la falta de investigación y conocimientos sobre los mismos. No obstante cualquier iniciativa futura para hacer de Chile un país más justo, tendrá en el Informe un valioso antecedente. No obstante, hay un conjunto de temas no tocados y algunos vacíos que pueden ser identificados por una reflexión teórica y filosófica más amplia y exigente. Estos también constituyen tareas pendientes.
La primera tarea pendiente para la sociedad chilena, su clase política, sus medios académicos y sus principales actores sociales es el análisis, investigación y discusión seria y responsable de los factores que generan las injustas desigualdades y las mantienen en el tiempo.
La segunda tarea pendiente es el avanzar sobre diseños y políticas de fortalecimiento y equiparación de recursos, posibilidades, oportunidades y redes con que cuenten todas las familias chilenas, por muy distinta que sea su constitución. La familia y los posibles conjuntos asociados de familias deben ser el objetivo central y principal de las políticas sociales, y de la red de protección social. Todas las familias chilenas deben tener satisfechas y aseguradas sus necesidades sociales básicas. El objeto principal de las políticas públicas debe ser la familia.
La tercera tarea implica superar una de las grandes hipocresías del proceso de transición a la democracia y que se alimenta de los temores del pasado reciente. Esta es la evasión psicológica y política del hecho de que la concentración económica es la principal fuente de la injusta distribución del ingreso entre capital y trabajo, junto a la no consideración del modelo de negocios que profundiza las grandes asimetrías de poder de mercado y de distribución de la cadena de valor entre empresas. Nuevas relaciones laborales e institucionalidad laboral y un Estado poderoso en sus capacidades reguladoras y en sus facultades de desconcentración económica son esenciales para establecer los fundamentos económicos de una real justicia.
La cuarta tarea radica en un rediseño del sistema tributario y de las políticas tributarias como instrumentos de redistribución de ingresos y desarrollo de incentivos para compatibilizar crecimiento económico y equidad.
La quinta tarea, siguiendo el pensamiento del gran filósofo de la justicia, John Rawls, es el incorporar las estructuras básicas de justicia a una nueva Constitución Política del Estado chileno. El sentido y contenido de estas estructuras es esencial para el destino futuro de la democracia chilena.
*Humberto Vega es Decano, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Universidad Central.
