Simple y llanamente, los ciudadanos chilenos, nos situamos como usuarios y no como parte de un entramado social que permita mediante la sinergia un mejoramiento en la calidad de nuestras vidas. Simplemente debemos conformarnos con una falsa competencia, en donde los empresarios y políticos utilizan ruedas, y los trabajadores y estudiantes, muletas.
Por Por Karen Hermosilla*
Parece que a medida que se acerca el Bicentenario, la República se resiente por catástrofes naturales, económicas y sociales. El cambio climático, el caos en las finanzas, la gran crisis eléctrica, de los combustibles y de la educación, tienen un hilo conductor indiscutido: el poder en manos del neoliberalismo, en donde el contrato social ha sido trocado fraudulentamente por un contrato de compra venta.
El Estado en Chile posee una magnifica facilidad para acceder a transformaciones ante los designios del capital, que le adaptan para constituirse, no como un ente antagónico a la propiedad privada, sino como una entidad total, más fuerte y poderosa al amparo del orden democrático. Esta alianza reviste un peligro evidente, advertido hace más de un siglo por Balzac: «El gobierno, es decir la aristocracia de banqueros y abogados, que se sirven ahora de la patria, como antes los clérigos de la monarquía, han experimentado la necesidad de engañar al buen pueblo francés con palabras nuevas de ideas rancias».
La democracia en el marco del «milagro chileno», está sufriendo los primeros grandes embates de parte de sus súbditos. Sin embargo, todo está diseñado para tener un lugar determinado, hasta el descontento, la posterior represión y el silencioso despliegue de la indiferencia. Un puzzle coercitivo, en donde el niño tirapiedras es tan reconocible como el carro lanza aguas. Una dialéctica añeja que no concuerda con los eslogan oficialistas de «cohesión y diálogo social».
La criminalización de la protesta pública no sería posible, sin la existencia de dos entes antagónicos que actúan en un escenario común encarnado por el Estado. Para entender este fenómeno, en el texto de Sergio Grez «De la regeneración del pueblo a la huelga general», se observa que en la génesis y evolución del movimiento popular en Chile, existe un antes y un después de la denominada «guerra del salitre», pues es a partir de ésta que el sujeto popular adquiere un sentimiento de nación que lo motiva de manera casi irracional a sumarse al campo de batalla.
A partir de ese instante, el «roto» chileno desarrolló un sentimiento de dignidad que lo motivó a luchar por sus reivindicaciones, desarrollando la organización de trabajadores. Sin embargo, un movimiento cuyas bases estaban sentadas en el coraje patriótico, careciendo de autonomía, provocó que el movimiento obrero en Chile fracasara en su intento de justicia. Esto porque el Estado nos rotula antes que como seres humanos, como chilenos. Les pertenecemos como carne de cañón.
Los estudiantes y profesores, los pescadores artesanales y portuarios, tienen que lidiar con esta constitución social. Esto repercute directamente en el desconcierto generalizado al ver en el Estado nada más que una mistificación política conveniente, que coloca al individuo en una factoría de repetición para serle útil en un sistema capitalista y depredador.
Analistas neoliberales se jactan de que los estudiantes «no cachan una», pues no comprenden que el lucro no es nada más que el cobro por un servicio. ¿Pero que garantías de calidad da ese servicio?
Los escolares son entonces, un nicho comercial, un segmento que tributa por concepto de educación cuantiosas sumas de dinero, sin que esto manifieste un progreso cultural en nuestra sociedad. La problemática es que la promesa de movilidad social por medio de la educación no se cumple, ya que el servicio es una estafa en varios puntos: su calidad deplorable por no contar con la infraestructura básica en las instalaciones ni los materiales pedagógicos acordes con los «nuevos tiempos», jornadas laborales extenuantes, sobredemanda de estudiantes en aula, sueldos que no corresponden en justicia al trabajo desempeñado por los profesores, que son formados cada vez con más frecuencia en Institutos y Universidades de bajo rendimiento. Además, y lo más preocupante, la administración de la educación se encuentra a cargo de los municipios, la institución pública de menos presupuesto y con más problemas de corrupción, situaciones que no variarán con la reforma que encarna la Ley General de la Educación.
Simple y llanamente, los ciudadanos chilenos, nos situamos como usuarios y no como parte de un entramado social que permita mediante la sinergia un mejoramiento en la calidad de nuestras vidas. Simplemente debemos conformarnos con una falsa competencia, en donde los empresarios y políticos utilizan ruedas, y los trabajadores y estudiantes, muletas. Así es imposible hablar de un país de oportunidades donde «gana el más mejor». Se encuentra forzado el ciudadano a adscribirse en un contrato del todo inconveniente. Debe pagar por pésimos servicios sin chistar y aceptar la represión, solo por el hecho de ser chileno.
*Karen Hermosilla es periodista.
