La obligación de la ciudadanía es dar a conocer todo documento que llegue a sus manos y que ponga en tela de juicio cualquier política pública regresiva y eso es lo que hicimos. En Chile siempre ha existido la cultura del amiguismo y del secretismo, lacras que debemos erradicar para nivelar a nuestra nación con las desarrolladas.
Por Patricio Herman*
El 11 de Agosto pasado, en el Salón Montt Varas de La Moneda, la Presidenta de la República promulgó la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado. Michelle Bachelet señaló que «la fijación de altos estándares de probidad pública contribuye a la lucha frontal y sin contemplaciones contra la corrupción», lo que, como simples ciudadanos observadores, compartimos plenamente y por ello nos declaramos impulsores acérrimos de la transparencia. Esta nueva ley es un paso más en la tarea que busca asimilarnos a los países serios, a sabiendas que a la fecha no lo somos.
Ahora bien, en el año 2003 se aprobó una modificación en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), creándose la figura de los Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionados (PDUC) en 90.000 hectáreas de interés silvoagropecuario, localizadas en 11 comunas periféricas de esta región. El argumento de Ravinet, ministro de Vivienda y Urbanismo en aquella época, era que así el mercado iba a tener reglas claras y parejas para todos aquellos que dispusieran de terrenos agrícolas de al menos 300 hectáreas y que estuvieran de acuerdo en asumir pecuniariamente las externalidades negativas de sus negocios inmobiliarios fuera de los límites urbanos.
Dicho sea de paso, hace unas semanas atrás se aprobaron los 3 primeros PDUC en la contaminada comuna de Pudahuel, lo que significó la pérdida de 2.400 hectáreas agrícolas y los titulares de los proyectos (Enea, Urbanya y Ciudad de los Valles) iniciarán pronto las obras de las primeras etapas que corresponden a 700 viviendas por cada uno de ellos.
El 4 de Agosto pasado dimos a conocer a la prensa los análisis de Mayo de 2008 de las Facultades de Arquitectura y Urbanismo de las Universidades de Chile, Católica, de Santiago y del Desarrollo, documentos preparados por ellas a solicitud del intendente Erazo para disponer de antecedentes sobre el curioso anteproyecto del Minvu que busca expandir nuevamente la ya saturada Región Metropolitana. Decíamos que los académicos no estaban de acuerdo con esa propuesta ministerial por varias razones y afírmanos que tales documentos representaban una exhortación al gobierno y un grito de alerta a la población.
A diferencia de los PDUC, esta expansión es por 10.000 hectáreas y modifica los usos de suelo de algunos extensos predios agrícolas cuyos dueños, suponemos, debieron haber recurrido a «consultores» allegados al Minvu para que éste impulsara tal «traje a la medida». Porque tenemos una buena opinión de la ministra del ramo, esperamos que ella entregue los nombres de las personas naturales y/o jurídicas que se verían beneficiadas con plusvalías patrimoniales derivadas de esta modificación. Esta misma diáfana medida la solicitamos el 7 de Agosto pasado en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional Metropolitano. El tiempo dirá si opera la transparencia y sepamos quienes son los dueños de esas tierras.
Volviendo sobre los estudios de las universidades, algunos medios publicaron la noticia, los que reprodujeron ciertas frases contenidas en los análisis. Recordamos algunas:
La Universidad de Chile aseveró, entre otras cosas que : «El discurso sobre el ordenamiento del territorio y la planeación de nuestras ciudades están muy distantes de la praxis» ; «es necesario un Plan Estratégico de la Ciudad de Santiago que responda a una visión de desarrollo territorial de corto, mediano y largo plazo que cuente con una mirada integral y multisectorial, lo que implica por ejemplo, que no se trata sólo de velar por el desarrollo inmobiliario privado».
La Universidad de Santiago sentenció que: «las zonas elegidas para recibir los futuros crecimientos registran una alta vulnerabilidad a los desastres naturales»; «las zonas elegidas para recibir los futuros desarrollos carecen de infraestructura urbana que otorgue autonomía a los nuevos núcleos habitados».
La Universidad del Desarrollo dijo: «No conocemos los fundamentos y motivaciones que tuvo la Seremi para realizar la propuesta; «Hace falta mayor soporte técnico y los estudios previos que avalen la propuesta».
La Universidad Católica en sus conclusiones expresó: «La propuesta de modificación focaliza su intervención en fragmentos reducidos del territorio comprometido y lo aborda desde factores parciales de respuesta restringida»; «Desde hoy y a futuro, las equivocaciones u omisiones cometidas en el ordenamiento territorial de la configuración metropolitana de Santiago, no sólo mantendrán sino multiplicarán los graves problemas urbanos ya percibidos y enfrentados por su comunidad y sus autoridades».
Pero esas universidades se molestaron porque dimos a conocer sus apreciaciones y en carta publicada en El Mercurio criticaron nuestro proceder llegando al extremo de decir que nosotros «utilizamos mecanismos de obtención de información objetables» y que sus estudios eran preliminares, reservados y de propiedad de cada una de ellas (sic).
Son preliminares, pero en ningún caso son «reservados», porque forman parte de las funciones públicas del Consejo Asesor de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional Metropolitano, ente colegiado, conformado por los consejeros regionales, quienes decidirán la materia en última instancia.
Esas casas de estudios deben saber que nuestra Fundación promueve el desarrollo urbano sustentable con énfasis en la efectiva participación ciudadana en la generación de las políticas sectoriales y por ello, en razón de la necesaria transparencia que debe existir en las actuaciones públicas, responsablemente dimos a conocer esos instrumentos académicos para abrir el debate sobre el crecimiento de Santiago.
Si esas 4 universidades, financiadas en distintos modos con recursos del Estado, hubieran preparado sus estudios para una inmobiliaria que desea hacer un pingüe negocio en cualquier sector de la ciudad, estamos de acuerdo que sus documentos sean privados y «reservados», pero cuando son utilizados por una instancia técnica del gobierno, automáticamente son de conocimiento de la población, más aún cuando en Chile vivimos en un Estado Democrático de Derecho que consagra en plenitud la libertad de expresión.
La obligación de la ciudadanía es dar a conocer todo documento que llegue a sus manos y que ponga en tela de juicio cualquier política pública regresiva y eso es lo que hicimos. En Chile siempre ha existido la cultura del amiguismo y del secretismo, lacras que debemos erradicar para nivelar a nuestra nación con las desarrolladas y este deseable cambio conductual, estamos seguros, tiene que ser compartido por los 4 rectores de esas universidades.
*Patricio Herman, Fundación «Defendamos la Ciudad».
