El Estado de Chile, gobernado por quien sea, tiene aún por delante desafíos sustanciales en materia de protección y defensa de los derechos humanos. La discusión sobre el supuesto monopolio ético de los derechos humanos por parte de la izquierda y la nueva agenda de derechos humanos de la derecha, parece desconocer los porfiados hechos…
Por Nicolás Espejo*
En los últimos días ha surgido un debate interesante sobre la agenda de derechos humanos para el próximo Gobierno de Chile. Si bien esta discusión plantea algunas cosas relevantes, como una renovada agenda en la materia para la derecha, creo que el debate, está mal planteado. La configuración política y económica de Chile lleva a que, por lo general, el tipo de violaciones a los derechos humanos que experimenta su población no sea de aquellas reportadas tradicionalmente por la prensa internacional.
Para nuestra fortuna, en Chile no debemos lamentar crisis humanitarias de envergadura, participación de niños en conflictos armados, circuncisión genital femenina, prácticas de censura a la prensa, o la muerte de parte importante de la población a causa de epidemias como el VIH/SIDA u otras. Con todo, resulta sorprendente la existencia de ciertas violaciones a los derechos humanos en Chile que son difíciles de comprender a la luz de nuestro de nuestro propio predicamento institucional actual.
Tal y como lo consigna el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2008 elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la UDP, una república que se apresta a celebrar 200 años de existencia y una economía que busca incansablemente su asociación con la elite mundial, no parece condecirse con las prácticas de represión y hostigamiento a las movilizaciones sociales y la brutalidad policial como las que se registran en este informe. Existen dificultades para comprender cómo el Estado de Chile permite las humillantes condiciones en las que miles de adolescentes privados de libertad se encuentran en los centros de reclusión bajo su dependencia, o las prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes que se registran en diversas cárceles de Chile. Asimismo, un Estado que no reconoce adecuadamente el derecho a la huelga de sus trabajadores, tiene serias dificultades para honrar su compromiso con la dignidad del trabajo y con la humanización del capital. A su vez, un sistema de justicia que no logra garantizar acceso efectivo y de calidad para los más desaventajados económica y socialmente justifica, en el tiempo, una justicia para ricos y otra para pobres.
En el mismo sentido, un Estado de Derecho que, a pesar de haber sido condenado internacionalmente, mantiene un sistema de justicia militar para juzgar a civiles por delitos comunes, abusando del mismo para la represión política, traiciona su lealtad con el debido proceso. En fin, un Estado que se llama protector, pero que carece de personal e infraestructura para la adecuada prestación de servicios sanitarios, que humilla a sus mujeres al no reconocerles su autonomía sexual y reproductiva, que concentra el impacto negativo ambiental en los sectores más desaventajados, que militariza el conflicto con sus pueblos originarios y que permanece generalmente pasivo frente a la discriminación de sus minorías sexuales y el desarrollo de una política integral de su población discapacitada, parece tener serias dificultades para mirar de frente a sus ciudadanos.
Adicionalmente, es posible advertir graves asimetrías entre la excesiva diligencia del Estado de Chile para la ratificación de tratados comerciales y la incorporación de diversos instrumentos básicos y que son esenciales para los derechos humanos de miles de personas. A lo anterior, se suma el hecho que el Estado de Chile aún no da cumplimiento cabal y efectivo a sentencias internacionales que lo condenan por la extensión y características de la justicia militar en tiempos de paz y la no resuelta situación de casos previamente amnistiados por tribunales nacionales. Finalmente, es posible advertir un creciente uso de los órganos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos -particularmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- para dar debida protección a los derechos de minorías sexuales víctimas de discriminación, de niños y adolescentes privados de libertad en contradicción con las garantías básicas de la integridad física y psíquica, y al derecho de informar de periodistas, documentalistas y comunicadores sociales, sin ser objeto de hostigamiento de parte de autoridades policiales y políticas, entre otros.
El Estado de Chile, gobernado por quien sea, tiene aún por delante desafíos sustanciales en materia de protección y defensa de los derechos humanos. La discusión sobre el supuesto monopolio ético de los derechos humanos por parte de la izquierda y la nueva agenda de derechos humanos de la derecha, parece desconocer los porfiados hechos sobre los que una política nacional de derechos humanos debiera descansar.
*Nicolás Espejo es Director del Centro de Derechos Humanos UDP
