Por Santiago Escobar S.*
La musa inspiradora de las políticas de seguridad durante la democracia ha sido la Fundación Paz Ciudadana, que ha vuelto a las andadas convocando una conspicua comisión de hombres sabios para tratar el tema.
Desde el gobierno de Ricardo Lagos hasta hoy, dicha Fundación ha sido ungida por el poder político como la voz oficial de la sociedad civil en la materia. Pese al extremo ideologismo de sus propuestas y haber sido el pivote sobre el cual el conservadurismo más profundo de nuestra sociedad ha amagado una política integral sobre el tema.
Desde entonces, el oficialismo ha carecido de la voluntad y sabiduría para construir una propuesta alternativa que desatara el nudo simplemente punitivo de sus políticas. Incluyendo en las reformas de los sistemas judicial, penitenciario o policial, también los componentes sociales estructurales que tiene el tema. Entre los cuales, junto a la segregación social, sobresale la cultura de la violencia, constituida en uno de los mecanismos de relación interpersonal más fuertes de la sociedad chilena.
Fue en la campaña Lagos – Lavín cuando el tema de la seguridad maduró públicamente como el principal problema de la ciudadanía. Hasta ese momento, había sido absorbido por la desactivación temprana de los grupos subversivos y la tensión de normalizar el control civil sobre el ámbito policial. Y fue allí donde el oficialismo careció de la voluntad para impulsar la agenda técnica que incidiera sobre la organización institucional del sector y ampliara el horizonte de sus políticas.
Lo más audaz del candidato de entonces fue descolocar a partidarios y opositores con la designación temprana de una ex-coronela de Carabineros a cargo de un cargo aún no creado, personaje cuyo nombre o gestión nadie recuerda.
El resto se limitó a privilegiar la reforma del procedimiento penal en curso como un mecanismo destinado a terminar con la delincuencia, lo que se demostró era un error conceptual grueso. Y a declarar que la recreación y el deporte, con escuelas abiertas a la comunidad y una activa promoción de los espacios públicos y la participación, serían la base de la seguridad en los barrios. Cosa que tampoco se hizo.
Apenas iniciado el gobierno, por orden presidencial, las autoridades sectoriales se olvidaron de sus propuestas y adoptaron el modelo de gestión de la Fundación Paz Ciudadana, que había sido la base de la campaña de la oposición. De ahí en adelante el país ha vivido en medio de una esquizofrenia entre la creación de una institucionalidad especializada y la percepción del miedo a una delincuencia que nos estaría corroyendo, con un lento transcurrir institucional que recién el año 2005, y sólo a medias, llevó a Carabineros al Ministerio del Interior.
En tal contexto el diagnóstico no resulta alentador. No por que sea real la sensación de victimización ciudadana creada por Paz Ciudadana para instalar la imagen de una atmósfera social de peligro. Sino porque no existen políticas integrales, mientras se generan cárceles abarrotadas, (90 mil presos entre condenados e imputados), barrios segregados y violentos, y una base social, especialmente la joven, con una alta propensión a las respuestas violentas.
Lo principal no es el aumento de la delincuencia, sino el aumento de la violencia y su vínculo específico a los fenómenos delictivos, pero también a otros ámbitos de la vida social.
Una reunión recientemente organizada por CONACE con directores de colegios en la Región Metropolitana para entregar un manual de procedimiento en caso de tráfico en los colegios es una muestra grave que hemos avanzado muy poco. Porque en un tema tan sensible se insiste, con fuerte acción mediática, en instrumentos que no son otra cosa que la obligatoria denuncia ante la ley ya contemplada en la normativa vigente.
El trabajo de prevención a nivel de las escuelas no existe de manera sostenida y estable en el caso de las drogas. Pero es un déficit que va mucho más allá y alcanza la concepción misma de educación que se aplica en los colegios. No existe formación de pre ciudadanía y alteridad (no hay educación cívica) ni mecanismos educativos que promuevan el autocontrol de los jóvenes. El programa Yo decido solo de CONACE es todavía un intento débil, luego de años de tumbos institucionales entre fondos concursables y encuestas de consumo.
La sola idea del manejo anticipado de conflictos no cabe en la actual inteligencia estratégica del Estado. No existe financiamiento para aumentar la actividad recreativa y física que canalice las energías de los niños y jóvenes en el sistema escolar; tampoco para articular el colegio a la comunidad. No existe tampoco un programa destinado a generar capacidades de mediación para prevenir o tratar los temas de violencia al interior de los colegios. Crearlo sería muy caro dicen los expertos. Pero más caro resulta pagar un promedio de 30 dólares diarios únicamente de mantención, para 90 mil reclusos. Eso sin contar los costos de justicia criminal, policía o gendarmería. Algo anda mal si es más normal pagar para castigar que para prevenir el delito.
*Santiago Escobar es abogado y cientista político.
