El Informe de la OCDE del año 2005 señala que «La educación chilena está influenciada por una ideología que da una importancia indebida a los mecanismos de mercado para mejorar la enseñanza y el aprendizaje»…
Por Marco Antonio Castro*
El alcalde de Santiago, Raúl Alcaíno, afirmó que «la municipalización de la educación introduce un factor de desigualdad» en las 37 comunas del Gran Santiago y propuso buscar un mecanismo que les permita a los municipios de menos recursos obtener dineros adicionales.
Sin lugar a dudas la preocupación del alcalde es absolutamente justificada y demuestra la enorme dilación que ha existido en resolver el problema de la municipalización.
El problema debe ser abordado con una óptica histórica. En efecto, desde la Constitución de 1833 se planteó en nuestro país que la educación es «atención preferente del Estado» y así quedo refrendado en la Ley Orgánica de 1860 relativa a la gratuidad de la enseñanza primaria y posteriormente en la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria promulgada el 26 de agosto de 1920. El Estado Docente fue así consolidándose a tal punto que en marzo de 1980 la matrícula en la educación regular básica y media estaba conformada por un 92% en establecimientos fiscales y un 8% en establecimientos particulares fundamentalmente pagados.
La Constitución de 1980 reemplaza la «atención preferente del Estado» por el «Estado Subsidiario», poniendo énfasis en la «libertad de enseñanza» derivando la responsabilidad de la educación pública a las municipalidades y fomentando la participación empresarial en la educación.
Es así como hoy la matrícula se distribuye en un 46,5% perteneciente a establecimientos municipalizados, un 45 % correspondiente a establecimientos particulares subvencionados, un 7% que corresponde a colegios particulares pagados y un 1,5% de establecimientos corporativizados bajo el Decreto3.166 de 1980.
Las cifras nos indican que el incremento que ha existido en el desarrollo de la educación privada subvencionada se ha realizado a costas de la disminución de la educación pública, y que si bien en los segmentos más pobres de la población escolar, según los resultados del SIMCE, la educación subvencionada no es más efectiva que la educación municipal, la tendencia parece favorecer a la primera.
A lo anterior hay que agregar que el Informe de la OCDE del año 2005 señala que «La educación chilena está influenciada por una ideología que da una importancia indebida a los mecanismos de mercado para mejorar la enseñanza y el aprendizaje» (pág. 290).
Se hace, pues, necesaria una definición política que le otorgue un estatus adecuado a la educación pública, superando el esquema de la municipalidad, que como se ha constatado recientemente, en muchos casos está a cargo de autoridades que carecen del suficiente respaldo académico para dirigir políticas educativas adecuadas, o tiene enormes dificultades para financiar el sistema municipal, produciéndose así las inequidades a las que alude el alcalde Alcaíno. Es de esperar que dicha definición se produzca antes que culmine el Gobierno actual.
*Marco Antonio Castro es director de Postgrado y Perfeccionamiento, Universidad Central.
