Resulta casi inexplicable que una iniciativa de estas características logre ponerse en discusión y más aun establecer un debate dentro las comisiones unidas de Agricultura, Salud y Medio Ambiente del Senado -creada especialmente para tales efectos-, considerando que no hay mandato del Ejecutivo.
Por Flavia Liberona*
Existe evidencia que desde el año 1992 se registra presencia de cultivos transgénicos en Chile. De acuerdo a la información disponible, los cultivos de este tipo en nuestro país están destinados fundamentalmente a la producción de semillas de contratemporada, es decir para exportación. Y si bien no hay una producción para el mercado interno ni tampoco se han destinado grandes superficies para estos fines, todo indica que ha habido una presión año a año por aumentar las superficies y, al mismo tiempo, por evitar la discusión pública en cuanto a la definición tanto de una política como de regulaciones frente a este tema. De hecho, la normativa existente en Chile es bastante débil y ha sido dictada vía resoluciones ministeriales, clara expresión de la forma en que se evita la discusión.
Hasta ahora ninguno de los gobiernos de la Concertación, a través de los servicios públicos con competencia en el tema, ha sido capaz de promover una discusión abierta, convocando a todos los actores y definiendo lo que es mejor para el país.
Por su parte, los parlamentarios de distintas tendencias y con diversas posiciones respecto al tema, cada cierto tiempo ingresan mociones parlamentarias o hacen resurgir iniciativas legislativas tendientes a establecer alguna regulación en relación a los organismos genéticamente modificados (OGM) o transgénicos. Pero pese a la más de media docena de proyectos presentados en los últimos años, ha resultado imposible dotar al país de una legislación interna adecuada para enfrentar los desafíos que los OGM implican, y menos aún que ésta sea coherente con otras definiciones de política pública para el país.
Uno de los proyectos que ha logrado instalarse en la discusión parlamentaria y tímidamente avanzar en su tramitación es la moción parlamentaria que presentaron los senadores Allamand, Coloma, Frei, Flores y Espina a fines de 2006, y que pretende en principio permitir el cultivo de vegetales genéticamente modificados. Si bien esta moción no cuenta con el patrocinio del Ejecutivo, lo que dificulta su avance en el Congreso, sí tiene el respaldo de algunos parlamentarios y probablemente de sectores empresariales que promueven los transgénicos, lo que le ha permitido avanzar en primer trámite legislativo. De hecho, resulta casi inexplicable que una iniciativa de estas características logre ponerse en discusión y más aun establecer un debate dentro las comisiones unidas de Agricultura, Salud y Medio Ambiente del Senado -creada especialmente para tales efectos-, considerando que no hay mandato del Ejecutivo. Es especialmente lamentable que en la discusión iniciada en este espacio no hayan sido convocados todos los actores y que sólo hayan tenido oportunidad de expresar su opinión algunos sectores. Si se analiza la gran cantidad de mociones parlamentarias, resulta evidente que es necesario abrir la discusión.
También existen otros proyectos presentados, como, por ejemplo, el de los diputados Accorsi, Alvarez-Salamanca, Rossi y otros del 2005, que han intentado regular el etiquetado de productos transgénicos, o un proyecto presentado en 2002 que pretendía exigir una evaluación de impacto ambiental para cualquier actividad que implicara la liberación de OGM, pero ninguno de ellos ha prosperado.
Por su parte, el Ejecutivo le ha otorgado escasa importancia a este tema. Esto se debe probablemente a las contradicciones y diferentes visiones que hay al interior del aparato del Estado y del propio gobierno, lo que se refleja en una falta de discusión a nivel país y en la ausencia de una política explícita, así como el poco interés por una verdadera regulación, todo lo cual ha llevado a una situación de inmovilidad e incide en los sucesivos fracasos legislativos. Evidentemente esta situación no puede continuar por mucho tiempo; es necesario instalar la discusión sobre el tema. Por esto resulta necesario abrirse a otras opciones que nos permitan, de una vez por todas, contar con un soporte legal para enfrentar adecuadamente al menos algunos de los desafíos que los OGM nos imponen. En este contexto, cobra especial relevancia la necesidad de impulsar la ratificación por parte del Estado de Chile del Protocolo de Bioseguridad, que el país suscribió pero que el Parlamento aún no ha ratificado.
Este texto, también conocido como Protocolo de Cartagena, fue firmado el 2000 por más de 130 países y busca establecer una regulación al movimiento transfronterizo de OGM (incluyendo vegetales, animales y microorganismos), es decir, tiene por objetivo identificar la procedencia de transgénicos que ingresan a un país. La ratificación de este acuerdo internacional permitiría hacer seguimiento de este tipo de insumos que ingresan a Chile y que son utilizados en la elaboración de alimentos para consumo humano y/o animal, permitiría establecer resguardos en materia de salud y conservación de la biodiversidad, además de promover el uso sustentable de nuestro patrimonio natural. El Protocolo además introduce exigencias relativas a la transparencia de la información en relación a productos que contengan OGM, con la finalidad de proteger la biodiversidad local de cada país.
Si bien este Protocolo es una regulación internacional y por lo tanto no hace referencia a las regulaciones internas de cada país (por ejemplo, no establece exigencias en cuanto a etiquetado de productos con OGM ante el consumidor final), constituye un importante punto de partida que permitiría una ordenación en torno al tema. Con ello, sería posible elaborar regulaciones y políticas coherentes con la normativa internacional, junto con avanzar en temas como conservación y protección de la biodiversidad, que son parte de las recomendaciones que hiciera la OCDE al Estado de Chile en su informe sobre evaluación de desempeño ambiental, y en la implementación de las cuales estamos muy atrasados en relación a otros países. Es importante tener presente que el desarrollo de técnicas de manipulación genética para la elaboración de organismos transgénicos es relativamente reciente y como tal es un campo científico aún en fase experimental, por lo que existen muchas incógnitas sobre las consecuencias que pueden acarrear tanto para la biodiversidad como para los seres humanos. Por ello resulta fundamental aplicar el principio precautorio y establecer políticas y regulaciones que garanticen la protección de la biodiversidad, y permitan que los productores nacionales que no utilicen este tipo de organismos no vean vulnerados en sus derechos ni vean afectadas sus exportaciones, especialmente aquellos que crecientemente se inclinan por técnicas de producción orgánica. La ausencia de una política explícita y de regulaciones efectivas frente a este tema puede implicar un alto costo para el país en el futuro.
*Flavia Liberona es Directora Ejecutiva de Fundación Terram.
