Las intervenciones estatales tienen una enorme trascendencia económica y doctrinaria, pues corta de raíz el libremercadismo ramplón que ha dominado el discurso empresarial y político de muchos sectores. La actual es la primera crisis financiera real de la globalización, que obliga a…
Las intervenciones estatales tienen una enorme trascendencia económica y doctrinaria, pues corta de raíz el libremercadismo ramplón que ha dominado el discurso empresarial y político de muchos sectores. La actual es la primera crisis financiera real de la globalización, que obliga a una sincronización entre los Estados para contener lo que el mercado echó a perder.
El alza experimentada durante las últimas jornadas por las bolsas financieras de todo el mundo debe ser analizada con prudencia. Ella se debe principalmente a una euforia especulativa luego de la vuelta -en gloria y majestad- del Estado interventor para sostener la liquidez de la banca en todos los países desarrollados.
Todo indica que la crisis económica está aún en pleno desarrollo. Todavía existen un sinnúmero de problemas y efectos que debieran madurar en cadena.
Las intervenciones estatales tienen una enorme trascendencia económica y doctrinaria, pues corta de raíz el libremercadismo ramplón que ha dominado el discurso empresarial y político de muchos sectores. La actual es la primera crisis financiera real de la globalización, que obliga a una sincronización entre los Estados para contener lo que el mercado echó a perder. Se hace utilizando fondos públicos y esbozando un debate, aunque todavía tímido, sobre normas y criterios reguladores de carácter supraestatal. Ello, quiérase o no, pone una contrafuerza pública a la potencia desreguladora de los mercados, sostenido hasta ahora por muchos de los grandes agentes económicos.
La pregunta: ¿cuánto mercado y cuánto Estado? ya no es un dilema nacional que han tratado de resolver los gobiernos de los países en desarrollo durante las dos últimas décadas. Ahora, se trata de un problema internacional, que interpela a los países por igual, grandes, medianos y pequeños.
La acción de los Estados, especialmente el G-7, se ha orientado a poner un dique que evite una destrucción mayor de la economía. Pero no está dirigida a impedir la destrucción de la riqueza real, afincada en el trabajo y la producción de bienes y servicios reales. Está dirigida a sostener la riqueza virtual, es decir, aquella que se afirma en la construcción de valores financieros ficticios, garantizados varias veces en una cadena de transacciones por otros valores financieros, todos o muchos de ellos sin respaldo real.
Una de las actuales incógnitas es el impacto político que tendrá en la población esta orientación de las acciones hacia la llamada burbuja financiera.
Según cálculos de economistas prestigiados, la riqueza real está abultada entre cinco y diez veces, por simples modelos de negocios, especulaciones y construcciones de confianza, que requieren de la liquidez del circuito financiero para funcionar.
Sin embargo, para hacer una intervención rápida no hay muchas alternativas. Es muy poco y lento lo que se puede hacer directamente con la economía real. Menos aún a dimensiones planetarias. Al interior de los Estados pequeños parece posible una mayor focalización, pero en una dimensión muy microeconómica y casuística, tratando que la inyección de liquidez alcance el aparato productivo, por ejemplo las PYMES.
En todo caso, esto tiene una acción muy retardada frente a otro de los dilemas de la actual crisis: la velocidad de contagio simultáneo de todos los mercados ante los problemas.
La destrucción de riqueza real, con su secuela de desempleo y contracción económica, es uno de los temas más importantes a enfrentar. De ahí que resulte inteligente intentar políticas de consenso nacional, como la planteada por la Presidenta Michelle Bachelet a todos los partidos políticos. Porque no se conoce la profundidad social de los efectos que puede tener la crisis en curso.
Existen indicios para pensar que a América Latina le afectará la dificultad para acceder a fondos externos, en un contexto de caída de precios de las materias primas que produce. Esto, unido a un mayor desempleo, la llevarían a un estrés en sus cuentas fiscales y a inevitables tensiones sociales.
Aparece necesaria una acción estatal multilateral concertada, que ayude también a la riqueza real, tal como lo propuso el Presidente brasileño Lula da Silva en la Asamblea de Naciones Unidas en Septiembre último.
