Si además somos capaces de decidir consumir un bien o servicio, ofrecido por una empresa que tiene sus precios ligeramente superiores respecto de sus competidores más cercanos, pero que cumple en mejor forma con sus trabajadores, con la comunidad en la que está inserta, con el erario nacional y …
Por Jorge Droguett*
Estoy de acuerdo con el proyecto de ley que busca suspender la aparición en DICOM de las personas que se encuentran cesantes. Es bueno legislar en torno al tema, pero no hay que olvidar que, antes de cualquier modificación, debiéramos contar con un mercado que permita maximizar sus beneficios a quienes concurren, ya sea comprando o vendiendo.
Debemos propiciar que en nuestra economía exista cada vez más información, de mayor calidad y de más fácil acceso, para mejorar la transparencia y, eventualmente, permitir el acceso de competidores potenciales. Para conseguirlo, es menester que centremos la mirada en el Boletín de Informaciones Comerciales dependiente de la Cámara de Comercio y no en una empresa que se nutre de ésta y otras bases de datos, léase DICOM. Con esto, evitamos que los consumidores enfrenten costos mayores e innecesarios, para acceder a sus propios antecedentes y a los de terceros.
Es necesario legislar para una situación general y no apresuradamente para un caso concreto o una situación particular, por grave que ésta sea o parezca. Lamentablemente, el promover iniciativas de leyes basadas en situaciones puntuales se ha transformado en una práctica de algunos de nuestros legisladores. Quizá, esto constituya una forma de hacerse notar, tal vez, de captar votos. Otro aspecto a considerar en este debate, se refiere a cuáles serán los costos involucrados en la implementación del sistema de suspensión de la información registrada en DICOM, el registro de la misma, cuánto costará la difusión de ésta y ¿quién lo pagará? No olvidemos que nos ocupan personas que están pasando por un período en el cual no están generando ingresos.
Debiéramos estudiar y discutir a la luz del bien jurídico protegido y de los derechos cautelados por esta ley. Resulta imprescindible apuntar a la transparencia (característica ingeniada para un ideal de mercado que adjetivamos como perfecto). Es bueno recordar que la inmensa mayoría de los consumidores paga sus deudas y que este sistema de información está construido por los oferentes que pretenden “defenderse” de los incumplidores comerciales, analizando los riesgos comprometidos en cada operación de venta a plazo. De esta manera, conocer la calidad y capacidad de pago de los consumidores (sus clientes) es importante.
Surge, sin embargo, la necesidad de contar con un sistema de información de acceso general que muestre a los proveedores u oferentes que no cumplen con sus trabajadores, con sus clientes y con la comunidad en la que están insertos. Junto a esto, nadie ha comentado, todavía, lo importante de legislar en esta materia habida consideración de la responsabilidad social empresarial que corresponde a cada uno de los proveedores u oferentes en los distintos mercados nacionales. Si nos proponemos ser más exigentes, nuestros consumidores podrán decidir a quién comprar luego de observar y evaluar qué proveedores cumplen con sus trabajadores, en promedio cuánto les pagan, el monto de la remuneración menor y qué número de trabajadores perciben la remuneración más baja de la empresa. Asimismo, nuestros consumidores podrán tomar sus decisiones de compra, atendiendo a la responsabilidad social corporativa y empresarial desplegada por el oferente elegido. Esto puede guiar a la demanda hacia los bienes y servicios producidos y ofrecidos por empresarios de mejor calidad y no sólo por consideraciones de precio, ubicación o financiamiento.
Nos parece de la mayor importancia orientar a nuestros consumidores, para que al momento de satisfacer sus necesidades económicas individuales y familiares, puedan elegir siempre por la mejor relación entre calidad, cantidad y precio, pero sin olvidar los cumplimientos laborales, previsionales, tributarios y con el medio ambiente del proveedor seleccionado.
Considero positivo que los sistemas de información que exponen públicamente a los demandantes o consumidores, muestren también en detalle a los proveedores. Creo que nuestros legisladores deben darse el tiempo para pensar en un sistema completo de entrega de información que incluya a todos los participantes o agentes económicos de nuestros mercados.
Me parece correcto informar el incumplimiento comercial de una persona, pero sería mejor ligarlo a los eventuales incumplimientos de los que esa persona pudiera ser la víctima, por ejemplo, atraso o no pago de remuneración.
Estimo obligatorio aprovechar el período de formación de la ley para analizar esta alternativa en forma seria, técnica y ambiciosa. Tenemos la oportunidad de implementar un sistema de información que nos permita perfeccionar la estructura de nuestros mercados y que, al mismo tiempo, asegure tanto la calidad de los productos transados como la de los oferentes y demandantes (proveedores y consumidores), sus estados, sus condiciones, precios y cualquier otra información adicional, que directa o indirectamente, permita a los distintos agentes económicos tomar la mejor decisión de compra o venta.
Ahora bien, si además somos capaces de decidir consumir un bien o servicio, ofrecido por una empresa que tiene sus precios ligeramente superiores respecto de sus competidores más cercanos, pero que cumple en mejor forma con sus trabajadores, con la comunidad en la que está inserta, con el erario nacional y que además, se preocupa por mantener o mejorar nuestro medio ambiente, estaremos en camino de una sociedad mejor. Para esto necesitamos educar, educar, educar y seguir educando a toda nuestra población, incluidos nosotros.
*Jorge Droguett es profesor de Derecho Económico y director de la Escuela de Derecho de la Universidad Central.
