El Convenio 169, hoy aprobado y ya vigente en Chile, abre caminos para un verdadero encuentro entre nuestras culturas, de cara a un bicentenario en donde cada chileno, indígena y no indígena, se sienta parte de una misma comunidad. Tenemos todavía un camino por recorrer…
Por Domingo Namuncura*
En el Diario Oficial del martes 14 de octubre 2008 ha sido publicado el Decreto Número 236, que promulga oficialmente en Chile, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, referido a Pueblos Indígenas en países independientes. Esta publicación del Convenio es una gran noticia para los Pueblos Indígenas de Chile. El Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet cumple así, cabalmente, una de las demandas más sentidas de nuestras comunidades originarias. Transcurrieron 18 años, desde el inicio del restablecimiento democrático hasta el momento en que el Congreso Nacional diera su aprobación al proceso de ratificación del Convenio el 9 de abril del 2008. Posteriormente, esta ratificación fue informada oficialmente a la OIT en Septiembre 2008, organismo que confirmó su validación en nuestro país.
El Convenio 169 de la OIT es el único instrumento jurídico internacional que tiene carácter vinculante para la protección y promoción de los derechos de nuestros pueblos indígenas. Cuando un país lo ratifica, como es ahora el caso de Chile, las normas del Convenio se incorporan al derecho nacional y el Estado debe adecuar su legislación interna y debe adoptar todas las medidas necesarias en distintos ámbitos para hacer efectiva su aplicación.
La doctrina del Convenio apunta al respeto de la diversidad cultural, social, religiosa, política y económica de nuestros pueblos. En tal sentido se establecen normas sobre derechos ancestrales e igualdad de derechos; responsabilidad de los Gobiernos; derecho a tomar parte en las decisiones; reconocimiento de las costumbres; relación especial con la tierra y el territorio; derecho a la propiedad de la tierra; participación en el territorio y en la administración de recursos naturales; derechos laborales, de seguridad social y salud; derecho a la educación y respeto de su cultura, entre otros variados temas.
Desde 1989, oportunidad en la que se suscribió el Pacto de Nueva Imperial, entre pueblos indígenas y la naciente Concertación de Partidos por la Democracia, la relación entre indígenas y sociedad chilena ha transitado de menos a más, no sin dificultades. Liquidado el Decreto 2.568 de la Dictadura, por el cual se declaraba poco menos que en Chile no había indígenas y aprobado por el Congreso la nueva Ley indígena 19.253, hemos recorrido 18 años de régimen democrático.
Este recorrido ha sido azaroso en muchos aspectos y la sensación que los indígenas tenemos es que, finalmente, y luego de mucho esfuerzo y tensiones, la sociedad chilena ha ido comprendiendo la justicia de la causa indígena y que el Estado se ha ido abriendo, lentamente, a una mejor comprensión de lo que significa la diversidad cultural. Por su parte, los Gobiernos democráticos también han logrado integrar en su concepción institucional de deberes y derechos, la importancia de brindar respuestas efectivas a las demandas históricas de nuestros pueblos.
En efecto, el suscrito Pacto de Nueva Imperial (1989) fue el primer paso de este recorrido. El Presidente Aylwin convocó en 1990 a la formación de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, desde donde nació el proyecto de una nueva Ley indígena. El 5 de octubre de 1993 el Congreso aprobó –finalmente- esta nueva Ley, aún cuando los sectores conservadores lograron dejar fuera la idea del reconocimiento constitucional de nuestros pueblos y la aprobación –entonces- del Convenio 169. En 1994 se instaló la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, y comenzó el nuevo proceso de relacionamiento entre pueblos indígenas y Estado.
El camino no sería fácil: los recursos financieros para enfrentar las demandas de tierra no han sido suficientes; las normas de la nueva Ley indígena deben lidiar con otras normas como aquellas que benefician megaproyectos. Ralco representó el primer choque jurídico que abrió una brecha entre nuestros pueblos y el Estado entre 1997 y 1998. La desconfianza histórica entre indígenas y sociedad chilena no logró ser superada del todo y aún cuando se aumentaron los recursos y la acción de Conadi se amplió a todo el país, la enorme demanda indígena sobrepasó los márgenes institucionales y la capacidad gubernamental de respuesta fue más exigida. En el sur, hechos de violencia sacudieron las relaciones de los indígenas con el Estado. En medio de este proceso, en Abril del 2004 el Presidente Ricardo Lagos entregó al país las conclusiones del histórico documento por una Verdad Histórica y un Nuevo Trato con nuestros indígenas. En 194 años de vida republicana, se reconoce, por primera vez en este documento la “deuda histórica” de Chile con sus culturas indígenas y se abrieron nuevos caminos: nació el Programa Orígenes; se amplió la responsabilidad de las instituciones, pero en el Congreso los sectores conservadores limitaron, impidieron o inhibieron la ratificación del Convenio 169. Estiraron la cuerda al máximo.
La Presidenta Michelle Bachelet comprendió la importancia de cerrar un ciclo histórico de compromisos necesarios. En Enero de 2006, como candidata presidencial, suscribió un segundo capítulo del Pacto de Nueva Imperial y en Abril de ese año convocó a un gran diálogo nacional de los pueblos indígenas. En Junio del 2007, en el marco del día nacional de nuestros pueblos, la Presidenta señaló un conjunto de metas a cumplir y, finalmente, en Abril del 2008 entregó al país su compromiso de trabajar con intensidad para establecer un Pacto Social para un sociedad y un Estado multicultural en Chile y convocó a un proceso intenso de renovación de la política pública indígena en Chile. La tarea de coordinar este proceso fue entregada a un Comisionado Presidencial.
Luego se constituyó un Consejo de Ministros para Asuntos Indígenas; se crearon Oficinas Indígenas en todos los Ministerios e Intendencias del país; se resolvieron compromisos fundamentales en materia de tierras y aguas; se envió al Congreso un proyecto de Ley para crear una Subsecretaría de Asuntos Indígenas y se fortalecieron todos los procesos políticos y legislativos destinados a hacer aprobar el Convenio 169 de la OIT, meta finalmente cumplida el martes 14 de octubre 2008 con la publicación oficial del Convenio en el Diario Oficial de la República.
Después de la promulgación oficial del Convenio 169, la realidad de los Pueblos Indígenas y de su relación con el Estado y la sociedad chilena será objeto de importantes cambios. De partida, el Convenio –por su carácter vinculante- obliga a los Estados a abrir espacio a los derechos políticos, sociales, económicos y culturales de nuestros pueblos. Lo que hasta ayer era una simple petición de nuestra parte, hoy –en virtud de este Convenio- se convierte en una exigencia para el Estado. Pero lo más importante es mirar hacia el tipo de país que queremos construir: los sectores conservadores, que han dominado culturalmente a Chile durante décadas, siempre insistieron en la idea de que la nación chilena, siendo una sola, no admitía diferencias. “Somos un solo país, con un solo territorio y una sola lengua”, nos enseñaron por años en los colegios. La realidad del mundo es otra: las sociedades son plurales; conviven en cada sociedad diversas culturas y todas merecen ser respetadas y dignificadas.
La aprobación del Convenio 169 le está diciendo hoy a Chile que no hay argumentos válidos para seguir discriminando a nuestros pueblos originarios; que no hay razones políticas para excluirlos del protagonismo de construir país; que su cosmovisión de la vida, de la fe y de la producción son válidos para una propuesta de desarrollo cultural y social. El Convenio 169, hoy aprobado y ya vigente en Chile, abre caminos para un verdadero encuentro entre nuestras culturas, de cara a un bicentenario en donde cada chileno, indígena y no indígena, se sienta parte de una misma comunidad. Tenemos todavía un camino por recorrer, pero la democracia que conquistamos luego de la epopeya ciudadana del No en 1988, ha hecho posible estos avances y podemos mirar con confianza un futuro mejor y distinto para los pueblos indígenas de Chile.
*Domingo Namuncura es vicepresidente nacional del PPD
