Es cuestionable la actitud del Gobierno de hacer un acuerdo a puertas cerradas, con uno sólo de los actores involucrados en la discusión, pasando por alto al resto de los grupos de interés…
Por Javier Sajuria*
Yo no soy un delincuente, al menos eso creo. Pareciera que en estos últimos días, un grupo de artistas piensa lo contrario. Durante la semana pasada, diversos blogs como los de Liberación Digital o la ONG Derechos Digitales, dieron a conocer la existencia de un acuerdo secreto entre el Gobierno de Chile y la SCD (confirmado por estos últimos en su blog institucional). En este acuerdo, suscrito a espaldas de la ciudadanía, se acordaban una serie de medidas que el Gobierno se comprometía a apoyar en la tramitación del actual proyecto de ley de Propiedad Intelectual, que se encuentra en el Congreso. Desde este punto de vista, la situación es preocupante, pues la última vez que un personero de Gobierno –el ex ministro Ferreiro – trató de esconder un acuerdo con la empresa Microsoft, debió echar pié atrás. Pero más allá del gesto, lo que realmente importa es el contenido de dicho acuerdo, que no sólo coarta libertades hoy existentes, sino que presume que todas las personas, por sólo realizar determinadas acciones, somos delincuentes.
El primer punto que me interesa destacar, es que la SCD responsabiliza del pirateo de música y la descarga ilegal de mp3 a los proveedores de Internet (ISP). Su teoría se basa en que estas empresas proveen contenido de manera indiscriminada, propiciando las condiciones para que se cometa un ilícito. Por tanto, la mejor solución sería crear una tarifa a cobrar a los operadores, con lo que solventarían el “costo” que implica la descarga para los derechos de los artistas. De esta interpretación nacen varias observaciones.
En primer lugar, los ISP no pueden ni deben discriminar sobre el contenido que pasa a través de sus cables. Su función es la de proveer acceso a Internet, sin ningún tipo de restricciones referentes a contenido o método de descarga. Imponer prohibiciones de este tipo, permite que las personas no puedan decidir por sí mismos qué ver ni cómo verlo. Si yo decido acceder a contenido ilegal, yo soy responsable de ese delito y no debiera el ISP asumir una acción a priori.
Por otra parte, si se les cobra a los ISP, éstos traspasarán ese costo a los usuarios, y con ello, todos aquellos que se conectan a Internet deberán pagar por la mera posibilidad de que en algún momento de su navegación puedan acceder siquiera a la opción de descargar música o contenido protegido por la SCD. Es decir, si yo ocupo mi conexión a Internet para revisar el correo debo pagarle a mi vecino que baja películas su costo por ello. Por último, si esta tarifa implicara que la SCD se diera por pagada de todos aquellos cobros por uso de propiedad intelectual y me dejara descargar de manera legal, libre y gratuita todo el contenido que quisiera, probablemente pagaría gustoso una tarifa fija que permitiera dicha acción. Pero no, el descargar música ilegal seguirá siendo delito y, mientras eso pasa, la SCD seguirá cobrándonos por el sólo hecho de que tenemos la posibilidad de descargar música. Justo, ¿no?
Otro punto “destacable” es que se eliminan categorías como el uso justo o la copia privada. Es decir, para la SCD (y para el Gobierno, al parecer) si yo copio un CD que me compré de manera legal a mi computador o Ipod, estoy cometiendo delito. Incluso si la banda me encanta y decido hacerle propaganda para que otros compren el disco. Asimismo, si un profesor en clases me envía un texto para leer, no podré sacarle fotocopias para estudiar. Ni pensar en escanear el texto y mandárselo a mis amigos.
No contentos con esto, la SCD y el Gobierno han acordado dar fin a la renunciabilidad del Derecho a la Propiedad Intelectual. En otras palabras, menos leguleyas, esto consiste en que si un artista decide regalar su obra al mundo o dejar de cobrar por sus derechos, no puede. Básicamente, las entidades de gestión colectiva de derechos (que en Chile es sólo una, la SCD) seguirán cobrando lo que corresponde por uso de estas obras, aunque su autor no quiera hacerlo y la haya donado. ¿Dónde queda la libertad del artista? No lo se, pero me da la impresión que Radiohead o Nine Inch Nails no estarían contentos con nuestro país.
Estos no son los únicos puntos de este acuerdo, pero son los que más me preocupan y llaman la atención. En todo caso, es cuestionable la actitud del Gobierno de hacer un acuerdo a puertas cerradas, con uno sólo de los actores involucrados en la discusión, pasando por alto al resto de los grupos de interés. Es importante mencionar, que hasta la semana pasada, existía una mesa de trabajo entre el Gobierno y la sociedad civil (en la que estaba la SCD) y que, obviamente, se rompió ante esta eventualidad.
Yo no soy un delincuente, sobretodo porque creo firmemente en el error de este acuerdo y porque soy consciente que el beneficio de unos pocos es el perjuicio de todos.
*Javier Sajuria es director administrativo de Independientes en Red.
