La sensación ambiente es que la ciudadanía está contra del Proyecto de Ley General de Educación, pero esto se debe a que se le juzga poco legítimo y, tal vez, porque no contiene temas importantes para los actores como la…
Por Juan Eduardo García-Huidobro*
Acaba de hacerse pública la VII Encuesta a Actores del Sistema Educativo, que el Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación, CIDE, de la Universidad Alberto Hurtado viene realizando desde el 2000.
Resaltan en ella varias opiniones importantes que en conjunto configuran un buen escenario para los cambios en educación. Me detendré en tres de ellos.
Queda una vez más en evidencia que la sociedad y las familias chilenas poseen una gran valoración de la educación. Ello se expresa en altas expectativas de los padres en relación a que sus hijos accederán a la educación superior, situación que se viene repitiendo desde 2004. Lo nuevo es el salto en las expectativas de los profesores. Mientras ese año el 35% de los docentes concordaba con dicha postura, hoy esa cifra es casi el doble, lo que refleja el aumento de las oportunidades reales de seguir estudios superiores que se han abierto en los últimos años, traducidas en más becas y un mayor acceso al crédito con aval del Estado. Este hecho es de mucha trascendencia, ya que las altas expectativas de los profesores en el éxito de sus estudiantes son un factor clave para que este éxito se logre.La sociedad chilena quiere cambios en pos de una educación más justa e igualitaria.
Hay una adhesión mayoritaria a la educación gratuita y se percibe que el financiamiento compartido genera desigualdades y que debería eliminarse o ser complementado con fondos para los más pobres. Y esta percepción no está alejada de la realidad pues hoy, dependiendo de la capacidad económica de las familias, el sistema segrega a los estudiantes más pobres en recintos especiales para ellos. Es decir, está reproduciendo la desigualdad que ya existe.
La sensación ambiente es que la ciudadanía está contra del Proyecto de Ley General de Educación, pero esto se debe a que se le juzga poco legítimo y, tal vez, porque no contiene temas importantes para los actores como la regulación del lucro. Sin embargo, hay una alta valoración de las reformas que están contenidas en este, sobre todo cuando ellas implican una mayor regulación y apoyo estatal a la educación, como la creación de una Superintendencia y de una Agencia de la Calidad, y con la introducción de mayores exigencias a los sostenedores.
Profesores, directores de establecimientos, estudiantes y apoderados, están por el cambio, quieren una educación más justa e igualitaria y saben que la educación es el trampolín para surgir.
Esto es muy positivo para la discusión sobre la institucionalidad educativa y los distintos sectores políticos deben hacerse eco de las demandas de la mayoría. Este conjunto de aspiraciones y deseos de cambio tiene que ser un acicate para que se apure la tramitación de los proyectos legislativos: la LGE, la creación de la Superintendencia y el tan esperado proyecto de mejoramiento de la educación pública. La ciudadanía está expectante frente a ello.
*Juan Eduardo García-Huidobro es decano de la Facultad de Educación, Universidad Alberto Hurtado.
